PERÚ
“La actitud del estado debe alejarse de la represión y, por el contrario, fomentar ese diálogo e informar mejor a La comunidad”.
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Alejandra Alayza, Socióloga
La autora del libro compartió las ideas principales de su publicación además de referirse al caso Majaz. |
Con motivo de su décimo aniversario, la organización Cooperacción, junto con la agencia de cooperación internacional Oxfam, realizaron una sistematización de experiencias de participación ciudadana vinculadas al derecho sobre las tierras y territorios.
Como reflexión final de dicha sistematización, la socióloga Alejandra Alayza, coordinadora ejecutiva de la Red por una Globalización con Equidad, investigó el tema de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado (CPLI) en el Perú. Como resultado de dicha investigación, Cooperación ha publicado el libro “No pero Sí: Comunidades Mineras”, en el que Alayza analiza estos procesos ahondando en qué son, cómo se pueden implementar y cuál es la discusión que se debe dar en el país en torno a éstos.
En un contexto en el que las comunidades campesinas se movilizan en la búsqueda de una oportunidad de ser protagonistas en el futuro de sus localidades, Alayza no podía dejar de comentar cómo el CPLI podría evitar los conflictos vinculados a las actividades extractivas.
¿Cómo se desarrolla el CPLI?
Para comenzar, la consulta se debe aplicar ante la toma de decisiones respecto a tierras y territorios. El consentimiento será el mecanismo para casos en donde los resultados de la consulta supongan que una población sea afectada o amenazada en el uso de sus tierras o territorios. Es el papel del Estado, persuadir y empoderar a ese grupo humano de forma adecuada para que opten por lo que les parezca lo mejor. Este procedimiento tiene que ser previo a cualquier concesión o licencia otorgada a una empresa extractora. La población, además, debe ser constantemente informada sobre las consecuencias, riesgos y beneficios al dar su aprobación.
Y en nuestro país, ¿cómo se está dando?
Todavía no contamos con un derecho de consulta reforzado ni adecuado y, menos aún, con un derecho de consentimiento. Los reglamentos para la concesión, exploración y explotación no integran la participación de la población. Su presencia en el Estudio de Impacto Ambiental es prácticamente administrativa. Un visto bueno. ¿Cómo puede la gente influir en ese espacio si no es realmente tomada en cuenta? Encima, el MINEM acaba de restringir más esa posibilidad. Y todo esto a pesar de que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierta tomar la atención debida al derecho de las comunidades sobre sus tierras y territorio.
Fuera de lo normativo, ¿las compañías no se abren al diálogo?
Son las empresas las responsables de consultar, pero son también parte interesada. Por tanto, las condiciones no dan garantías adecuadas de un ambiente imparcial. Además, para ese momento el Estado ya ha dado la concesión. Sí ya han recibido una aprobación van a querer mantenerla sí o sí y tienen en parte razón. No existe una condición previa a la concesión donde el gobierno y la comunidad evalúen si es mejor ser una localidad minera o agrícola. Teóricamente, sólo se daría, en casos de interés nacional, tal como ha sido tomado el tema de Majaz. A dicha conclusión se llegó en base a una valoración económica y esa no debería ser la única variable a considerarse.
¿Y qué tan crucial es el caso Majaz para el ejercicio futuro del CPLI en el país?
Aunque parece el centro del conflicto, es más bien la punta de un iceberg de problemas más de fondo. Creo que es un llamado a resolver los temas vinculados a la participación ciudadana, la consulta previa como derecho, la existencia de una autoridad autónoma ambiental legítima y con credibilidad y un ordenamiento territorial. Trabajando en estos puntos es posible evitar el conflicto.
¿Y qué refleja la consulta de este domingo 16 de setiembre?
Es una de las consecuencias de los estándares tan bajos que el Estado exige a la extracción minera y dar concesiones por encima de la aprobación de la población. Buscar un acuerdo de consejos y mover a las autoridades locales es una vía para construir un poco de poder y estar en una mejor condición para el diálogo. Ya las cosas están calientes y no queda más que resolver si va o no va el proyecto. La actitud del gobierno debe alejarse de la represión y, por el contrario, fomentar ese diálogo e informar mejor a la comunidad. La empresa, por su parte, necesita la licencia social y la consulta se la puede dar si se maneja imparcialmente. Políticamente no veo otra forma de resolver esa situación.
¿Qué podría pasar si el resultado de la consulta no fuera aceptado por el gobierno o la minera?
Hay un momento en el que el espacio institucional se agota. Esta consulta hecha por los alcaldes es la última que queda. No los quieren escuchar, el informe de la Defensoría del Pueblo no tuvo repercusión, el MINEM los ignora y el JNE no los respalda. La consulta no será vinculante pero sí es política. Es la última oportunidad del Estado para entrar a regular el conflicto. Es el momento definitorio para que la población exprese su posición y la empresa y el Estado negocien debidamente con ella. Un Estado democrático dialoga con sus ciudadanos en pos del bienestar común.
¿Qué se puede concluir del contenido de “NO, pero SÍ” y el caso Majaz?
Una de las cosas que nos enseñó la CVR fue que el país le dio la espalda al país. Aún se tiene la mirada desde Lima y del que recibe la renta pero no desde el que entrega la tierra. Todavía existen problemas invisibles para los ojos capitalinos. Para prever los conflictos el Estado debería organizar un desarrollo territorial y económico en cada región: ¿después de 30 años de extracción qué vendría? De repente toca consentir o quizás no, pero los beneficios deben ser para todos y la comunidad debe optar por ello. Es posible la sana convivencia con la población enfocándose no sólo en lo económico. La consulta y consentimiento previo, libre e informado es un derecho.
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