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Comunidad El Tingo a punto de ser desalojada por empresa minera
Abel Caballero – Cajamarca
Como para no creer, la comunidad campesina “El Tingo”, ubicada en el distrito y provincia de Hualgayoc, una de las pocas comunidades campesinas reconocidas que subsisten en Cajamarca, fue notificada de que se ha impuesto sobre sus tierras una “servidumbre minera” a favor de la empresa Coimolache, y que pronto serán desalojadas varias familias del territorio que ocuparon por décadas y desde sus antepasados.
Pero, ¿en qué consiste tal Servidumbre Minera?, se preguntan los propios pobladores del lugar, y ¿por qué los quieres desalojar? Esta figura tiene los mismos efectos que una expropiación de tierras, fue creada mediante ley en la época de Alberto Fujimori para facilitar a las empresas mineras la apropiación de territorios que les interesa para realizar minería. Se aplica cuando los propietarios de las tierras no quieren vender sus propiedades a las mineras, en este caso, conforme lo estipula esta ley, estas empresas tienen derecho a llevar adelante un proceso de Servidumbre, que consiste en dirigir una solicitud al propio Ministerio de Energía y Minas (MINEM) solicitando determinados territorios. El MINEM notifica a los propietarios de los mismos para que se presenten a una audiencia de conciliación en Lima donde sólo se les da opción a conciliar sobre el precio de sus terrenos, en caso de no ponerse de acuerdo o cuando el propietario no se presenta a esta audiencia, el MINEM designa un perito que valorice las tierras, se deposita un “justiprecio” en el Banco de la Nación a nombre de los propietarios, y las tierras quedan inscritas a favor de la empresa minera.
En el caso del Tingo, este procedimiento que ni siquiera era conocido por los propios comuneros, se acaba de concretar, el 15 de diciembre del 2009, en el diario oficial “El Peruano” se publicó el Decreto Supremo No. 080-2009-EM, que determina la imposición de la servidumbre minera en parte de las tierras de esta comunidad, a favor de la empresa “Coimolache”, minera de propiedad del grupo empresarial Buenaventura, socia de Newmont en Minera Yanacocha.
Según se observa del tenor de este decreto, cada hectárea de terreno se ha valorado aproximadamente en 3,000 soles que es lo que se pagará como justiprecio a los propietarios, más “daños y perjuicios”, por tierras que tienen vocación agrícola y sobre todo ganadera y lechera.
El paso siguiente será de seguro el desalojo violento de estas familias de estos territorios. Los comuneros están dispuestos a resistir dentro de sus tierras, la empresa se ha empeñado en apropiarse de las mismas, el Estado nuevamente ha resuelto a favor de minería.
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