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Ciudadanos responden ante las acciones de DRP y la posible reacción del gobierno
Por Luz Zavala Timoteo
Este 14 de julio la Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín realizó una conferencia de prensa en la sala Gustavo Mohme del Congreso de la Republica en la cual se dio a conocer el resultado de la aplicación de las encuestas “Caso Doe Run Peru (DRP): Aportes de la ciudadanía para que el gobierno decida”, iniciativa que forma parte de la campaña “La Oroya somos todos”.
Con un total de 5,223 personas encuestadas se obtuvo los siguientes resultados:
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El 92% de los encuestados está en desacuerdo con la condicionante que ha puesto la empresa para modificar el contrato de adquisición del complejo.
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El 87.96% se niega a otorgar a DRP un fraccionamiento del pago de su deuda total que asciende a más de US$270 millones.
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El 91.67% opina que es injusto otorgar a DRP más tiempo para que cumpla con los estándares ambientales que ést pide sean aplicados hasta la conclusión del Programa De Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
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El 94.51% está en desacuerdo con que el Estado prorrogue por más tiempo el cobro de las multas que DRP solicita hasta el cumplimiento del último proyecto del PAMA.
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El 93.14% no está de a cuerdo con que el Congreso otorgue más facilidades a DRP, la que ha solicitado más plazo hasta el cumplimiento del PAMA. |
Una vez dado a conocer el informe, la Mesa de Diálogo procedió a hacer la entrega del mismo a la congresista Martha Acosta, representante de la región Junín en el Congreso, quien ha seguido el caso y da cuenta de los continuos incumplimientos de DRP; por ello se comprometió a tomar más acciones a partir de esta iniciativa y a salvaguardar la integridad física de los ciudadanos.
Así también Conrado Olivera, miembro de la Mesa de Diálogo y de la Red Muqui, agregó que la encuesta trata de evidenciar el sentir de la gente y a su vez invoca a todos los ciudadanos a responder por la situación de La Oroya; sin embargo, invocó: “Debemos estar pendientes de cualquier situación para que la empresa cumpla con sus obligaciones; se le ha dado trato preferencial en varias ocasiones, es tiempo de dejar esa flexibilidad”.
Por su parte Rosa Amaro, presidenta de la Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO) reiteró: “Es extraño haberle dado la concesión a una empresa tan irresponsable, que mueve a la gente a diestra y siniestra como piezas de ajedrez. DRP ha dividido a las organizaciones de base y a la población de La Oroya; pero ello no ha sido voluntario sino condicionado. ¡Basta ya de las injusticias, los pobladores tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y a un puesto de trabajo para todos con responsabilidad!”. Así mismo, denunció ser objeto de amenazas y manipulaciones que atentarían contra su vida y la de su familia.
Recordemos
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DRP ha avanzado desde el 2006 en poco más del 50% de su PAMA y aún requiere de una inversión de US$160 millones para su término.
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La deuda de Doe Run Peru es de US$120 millones con sus proveedores, US$270 millones con la SUNAT, US$240 millones por limpieza ambiental, US$160 millones por su planta de ácido sulfúrico y más de US$500 millones por indemnización en EE.UU. por daños a la salud de la población y trabajadores de La Oroya.
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La paralización de las actividades en el complejo metalúrgico se dio hace más de un año, aduciendo un problema económico financiero, situación que no se explica luego de años de bonanza que incluye el 2008.
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Sólo en el 2008 la empresa facturó US$1.100 millones y tuvo una utilidad por US$300 millones. |
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