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Las inconsistencias de Doe Run Peru y un pueblo que persiste, La Oroya
Por Luz Zavala Timoteo
Tras más de un año de reclamos y negociaciones con el Estado y la sociedad civil, Doe Run Peru (DPR) aún no responde a sus compromisos, ni presenta soluciones concretas a la grave situación económica y social de cientos de trabajadores y pobladores de La Oroya. Este 27 de julio la empresa tiene el compromiso de reiniciar sus operaciones, pero son pocas las posibilidades de que esto pase.
La empresa y sus condiciones
Doe Run Perú ha insistido al gobierno, en que para cumplir con sus compromisos, exige facilidades y condiciones, como flexibilidad para el pago de sus impuestos; que no se le aplique los estándares mínimos ambientales fijados por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la modificación del contrato de privatización del complejo. Con ello pretende proteger a su dueño, Ira Rennert, y sus accionistas con una cláusula que evite acusarlos por daños ambientales, y quien asumiría esa responsabilidad sería el Estado peruano.
Por su parte, Pedro Sánchez Gamarra, ministro de Energía y Minas (MEM), ha criticado la acción de la empresa por el hecho de que exija complejas condiciones, pero que aún no cumpla con dar las garantías necesarias para el reinicio de las operaciones en el complejo metalúrgico. “El plazo dado a DRP es improrrogable; si sigue incumpliendo las condiciones ambientales y financieras impuestas por el gobierno para aperturar sus actividades, será cerrada y sometida, luego, a concurso público”, resaltó.
La situación laboral
Por ello, el pasado 14 de junio los trabajadores metalúrgicos de La Oroya acataron un paro, con el bloqueo de la Carretera Central, el mismo que terminó con un enfrentamiento con los miembros del orden y dejó como saldo tres heridos y nueve detenidos. La medida habría servido para ejercer presión al gobierno y a la empresa para que cumpla con sus compromisos, debido a que la situación del cierre del complejo impide el sustento de unas 20,000 personas que dependen directa o indirectamente del mismo.
“DRP trata de vincular sus condiciones como la única salida para que los trabajadores conserven sus puestos de trabajo, pero el MEM viene trabajando un plan de apoyo a los obreros en caso de que la empresa no cumpla con el reinicio de sus operaciones”, agregó el titular del sector. En ese efecto una posible solución que plantea el gobierno sería que de los 3,800 trabajadores; 1,300 serían reubicados en otros proyectos mineros; un similar número estaría por jubilarse y el resto tendría que ir a reconversión laboral.
Sin embargo, el sindicato de trabajadores a través de su secretario general, Roberto Guzmán, aclaró que no aceptarán el anunciado plan de reconversión laboral, ya que ello significaría la crisis económica para La Oroya y la región Junín porque sus pobladores dependen de sus operaciones y además porque ellos son metalúrgicos y no mineros.
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No hay justicia sin verdad y sin justicia no hay paz.
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Así mismo, el 23 de junio último, los pobladores de La Oroya, la sociedad civil y representantes de las iglesias realizaron un acto paralitúrgico en las afueras del MEM en Lima; el mismo que inició con una concentración en el parque La Minería para luego marchar hasta las afueras del ministerio, donde los participantes hicieron algunas reflexiones.
El pastor evangélico Rafael Goto señaló que “hay una falta de solidaridad; la paz es fruto de la justicia y eso no tiene nada que ver con las leyes, porque muchas de éstas niegan y pervierten la verdad y también niegan y pervierten la justicia solidaria. Por ello debemos convocar a los decisores para que no actúen sólo en base a las leyes, sino por el derecho de los marginados, de los que no tienen voz, sólo así habrá una convivencia de paz”.
Por su parte el sacerdote Gastón Garatea agregó: “Hagamos juntos de La Oroya un lugar de vida, y que no se permita a la empresa seguir engañando a la población y al gobierno”.
Después se procedió a pintar de blanco una representación de la chimenea de la empresa como símbolo del anhelo ciudadano por una Oroya sana y libre de contaminación. Finalmente, los representantes de las partes convocadas se reunieron con el ministro del sector para hacerle entrega de un memorial que exhorta al gobierno a poner mano dura y hacer cumplir la ley.
Tras esta reunión el ministro aseguró que el gobierno se mantendrá firme y no cederá a las presiones y condiciones de la empresa; quien como hemos visto está pretendiendo desconocer sus responsabilidades ambientales, sociales y económicas.
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