Comunidades se pronuncian contra Majaz
Noticias Aliadas*

Según los denunciantes, la minera “no tiene permisos otorgados de acuerdo a ley para justificar su presencia en tierras de las comunidades Segunda y Cajas y Yanta [donde se ubica el emporio minero]. En consecuencia, su permanencia viola el derecho de propiedad de dichas comunidades”.

En el pronunciamiento, los denunciantes señalan que los supuestos permisos que exhibe la empresa no cuentan con el voto aprobatorio de dos tercios de los integrantes de la comunidad, tal como lo ha corroborado la Defensoría del Pueblo. Asimismo, la oficina de Registros Públicos de la ciudad de Sullana, en Piura, rechazó el intento de la minera de inscribir las tierras debido a que sólo presentó las firmas legalizadas de unos pocos comuneros, omitiendo la autorización de la comunidad.

A pesar de que la actividad minera fue rechazada en una consulta vecinal en los distritos de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Paicapampa, en Piura, realizada el 17 de setiembre del año pasado, Río Blanco Copper ha continuado con sus intenciones de explotar una mina de cobre a tajo abierto, considerada por la población como una amenaza para el desarrollo de la agricultura y la producción de agua.

En marzo pasado, la autodenominada Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas (ACFUCCSC), de reciente creación, presentó una demanda por “terrorismo” contra 28 personas, incluyendo a los alcaldes, autoridades comunales, activistas y defensores de los derechos humanos que respaldaron la consulta vecinal.

La ACFUCCSC, que apoya la actividad minera, está compuesta por personas que no forman parte de la comunidad campesina ni tiene representación alguna en las organizaciones sociales locales.

Los denunciantes manifestaron en su comunicado que “la intención de la empresa de llevar adelante su proyecto sin respetar nuestros derechos y opiniones, constituye, en sí mismo, un acto de violencia intolerable en un Estado de Derecho” e invocaron al Estado a actuar con justicia y en derecho, lo cual evitará nuevos conflictos sociales.

* Servicio Informativo de Comunicaciones Aliadas