Martes, 22 de Octubre, 2019
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AMÉRICA DEL SUR
Ultraderecha apuesta por la militarización
Andrés Gaudin
23/08/2018
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Gobiernos rescatan doctrina que dio sustento ideológico a dictaduras y entregan control de la seguridad interna a Fuerzas Armadas.

La ultraderecha reinstaurada en el último lustro en América Latina, ya sea por la vía de los golpes de Estado o de unos cuestionados procesos electorales, avanza a paso redoblado y, a su andar, cercena libertades y trata de revalorar los mandamientos de la sangrienta Doctrina de Seguridad Nacional, sustento ideológico de las dictaduras que imperaron en América del Sur en las décadas del 70 y los 80 del siglo pasado. Con las espaldas cubiertas como entonces por el Fondo Monetario Internacional, y con la idea de reponer a las Fuerzas Armadas en su rol de guardias pretorianas, cada uno de los nuevos gobiernos aporta lo suyo.

La intención compartida de los flamantes líderes de la derecha es la de volver a darles a los militares un conjunto de funciones que, constitucionalmente, no están previstas en ninguno de los países de la región. Básicamente, de lo que se trata es de reponerlos al frente de la seguridad interna, una función de la que se habían apropiado durante aquellos años del siglo XX en los que mediante golpes de Estado implantaron las sangrientas dictaduras que costaron decenas de miles de asesinados y desaparecidos y un exilio masivo.

No es una cuestión menor, en una región en la que está fresco el devastador pasaje de las dictaduras, y menos cuando lo que ofrecen es trasladar a estos territorios del sur el modelo fracasado en México y Colombia, donde el combate al narcotráfico pasó a manos militares con resultados que espantan al mundo. En el primero, los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) reconocieron que la guerra al narcotráfico conducida por los militares costó más de 250,000 muertos en 12 años. En el segundo, las Naciones Unidas certificaron el asesinato de casi 200 militantes por la paz en lo que va de este año, una cifra que las organizaciones humanitarias elevan a 330. Debería agregarse Brasil, donde los militares instalaron el terror en las favelas y asesinaron a decenas de líderes sociales, la última Marielle Franco, ejecutada a balazos el 14 de marzo pasado.

Gobernar por decreto
Presidentes como el argentino Mauricio Macri, el brasileño Michel Temer, el paraguayo Mario Abdo Benítez y, por lo dicho y hecho hasta ahora, el colombiano Iván Duque, ya mostraron que se proponen gobernar por decreto, burlando al Poder Legislativo especialmente en los casos en los que esté en juego el papel de las Fuerzas Armadas. El pretexto es el de abordar con cuerpos represivos especiales problemáticas como la del narcotráfico y el lavado de dinero y lo que llaman genéricamente “los desafíos del siglo XXI” (Ejército Islámico o Hezbollah, dos enemigos que no existen en las hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas de ninguno de los 10 países sudamericanos).

Un recorrido país por país permite observar que el modelo a implantar es el mismo en todos ellos y coincide plenamente con los enunciados de seguridad del gobierno estadounidense del presidente Donald Trump a través del Pentágono y de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas de EEUU.

Sin consultar al Congreso ni a otros estamentos de la sociedad civil, el gobierno argentino decidió per se que la Ley de Defensa Nacional —votada en 1988, en democracia, por acuerdo unánime de los partidos del arco político— ha sido superada por la realidad y, en consecuencia, dispuso por decreto entregar la seguridad interna a las Fuerzas Armadas, una prerrogativa vetada expresamente por aquella norma. De inmediato autorizó el ingreso de contingentes de la DEA para celebrar maniobras conjuntas con cuerpos especiales de las Fuerzas Armadas. Se sabe que tales ejercicios se desarrollaron entre el 2 y el 5 de mayo, pero se ignora en qué sitio se llevaron a cabo. Se adujo que el secreto obedece a “razones de seguridad”.

A mediados de junio, Macri ordenó el desplazamiento de un primer grupo de 1,000 soldados para controlar la frontera norte de las provincias de Salta y Misiones con Bolivia y Paraguay. Paralelamente, en un gesto de compromiso y simpatía hacia los militares que impusieron el terrorismo de Estado (1976-1983), fue desarticulada la Dirección de Derechos Humanos (DDHH). Con la apertura y sistematización de los archivos de la última dictadura, la DDHH permitió avanzar en las causas en las que fueron juzgados y condenados cientos de responsables de crímenes de lesa humanidad. Casi como un complemento, el diputado oficialista Alfredo Olmedo, representante por Salta, presentó un proyecto de ley para restablecer el servicio militar derogado en 1995.

Disciplina militar
En Paraguay, y con los mismos argumentos de Olmedo, apenas asumido el 15 de agosto, el nuevo presidente Mario Abdo Benítez cumplió una de sus promesas electorales. Ordenó “disponer de lo necesario” para reimplantar el servicio militar obligatorio. En plena campaña había dicho, sin citar fuentes responsables, que “el 80% de los delincuentes juveniles proviene de familias disgregadas” y prometió disciplinar a los pobres “utilizando los cuarteles para que aprendan a cantar el Himno Nacional y recuperen el orgullo de ser paraguayos, amando a la patria”. Lo que el presidente busca, dijo el progresista Frente Guazú, es “darles un mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas para contar con ellas para cualquier aventura antidemocrática”.

En Brasil, mientras se consolida el control sobre los barrios marginados, crece el número de escuelas gestionadas por la Policía Militar (PM), fuerza auxiliar del Ejército convertida en temible cuerpo represivo. Esas escuelas surgieron hace cinco años pero tomaron impulso tras el derrocamiento de Dilma Rousseff (2011-2016), en el 2016. De las 39 iniciales pasaron este año a 122 y está prevista la apertura de otras 70 en el año lectivo 2019, explicó el teniente coronel Luzimário Guimaraes, comandante director de las escuelas. En cada una hay 1,200 alumnos, lo que hace que la PM forme bajo sus preceptos educativos, éticos y morales a unos 230,000 niños por año. Los oficiales de la PM se refieren a las escuelas llamándolas “cuartel infantil”, y bajo tal concepto obligan a los menores a llevar uniforme de camuflaje y asumir un severo régimen de vigilancia y delación de sus propios compañeros.

En Chile y Uruguay las muestras de afinidad civil con los militares se expresan básicamente a través del Poder Judicial. En Chile, la Corte Suprema liberó el 1 de agosto a siete oficiales que habían sido condenados por crímenes cometidos en los años de la dictadura (1973-1990). En Uruguay, la Corte apareció como aliada de las Fuerzas Armadas y de los líderes de los viejos partidos Colorado y Nacional (Blanco). Actuando contra la opinión del gobierno progresista y violando la jurisprudencia universal, que dice que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, el máximo órgano judicial también decidió en setiembre pasado a favor de los represores de la dictadura (1973-1985), dictaminando que los crímenes de lesa humanidad prescriben tal como si se tratara de delitos comunes. —Noticias Aliadas.


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Operativo del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), la policía militar de Brasil /www.commons.wikimedia.org
Noticias Aliadas / Latinamerica Press
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