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AMÉRICA LATINA / EL CARIBE / PERÚ
Tala ilegal requiere de redes criminales y viola derechos humanos
Cecilia Remón
14/03/2018
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Más del 80% de la madera peruana que se exporta es ilegal, asegura el Banco Mundial.

“La caoba es la joya de la corona de la Amazonia; sus magníficos troncos son como columnas que se elevan hasta el denso dosel del bosque. Su intenso tono rojizo y su durabilidad la convierten en uno de los materiales de construcción y ebanistería más codiciados de la Tierra y en un símbolo de riqueza y poder. Un solo árbol puede reportar miles de euros en el mercado internacional una vez que la madera, ya procesada, llega a las tiendas de EEUU o Europa”, dice un informe de National Geographic publicado en el 2013.

El Perú se ha constituido desde el 2001 como uno de los principales exportadores de caoba del mundo luego que Brasil declarara una moratoria a la tala de esa especie. La caoba se encuentra en su mayoría dentro de territorios indígenas, parques nacionales y reservas territoriales donde habitan pueblos indígenas en aislamiento.

Al igual que la caoba, otras especies de alta demanda por los mercados internacionales son cedro, copaiba, ishpingo, shihuahuaco y capirona, que son usadas por la industria del mueble y la construcción.

Según National Geographic, “los leñadores furtivos usan los asentamientos indígenas como parte trasera para entrar en las áreas protegidas. Muchas comunidades han sido engañadas por hombres que les ofrecen dinero a cambio de ayuda para conseguir permisos de tala, que luego utilizan para ‘blanquear’ la caoba talada ilegalmente en las reservas. A lo largo del río Huacapistea, un afluente del Yurúa [en el oriental departamento de Ucayali] que delimita la frontera noroccidental de la Reserva Territorial Murunahua, ese tipo de fraude ha dejado a media docena de comunidades asháninka empobrecidas y frustradas”.

La cadena comienza con la demanda de países como China, EEUU y de Europa, luego empresas forestales compran madera de origen ilegal y la exportan utilizando documentos falsos emitidos por el propio gobierno.

En el 2012 la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), con sede en EEUU, había revelado la maraña burocrática que legalizaba, a través de documentos que las autoridades nunca verifican, la comercialización de madera extraída en áreas no autorizadas de la Amazonia peruana.

“El mecanismo que la industria ha encontrado para exportar madera de origen ilegal es simple de describir: los concesionarios presentan listados de árboles a extraer que no existen en el mundo real, y las autoridades autorizan la extracción de volúmenes de madera que no existen en la concesión. Respaldados por estos volúmenes, los permisos correspondientes (Guías de Transporte Forestal o GTF) son vendidos en el mercado negro y utilizados para lavar madera extraída ilegalmente de cualquier otra parte del país —áreas protegidas, territorios indígenas, otras tierras estatales. Ningún control posterior va a detectar la ilegalidad, a menos que se vuelva a la concesión a verificar cómo se realizó el aprovechamiento forestal. Pero incluso si se regresa al bosque y se verifica el fraude, esto no es suficiente para detener la ilegalidad. A pesar de que las supervisiones de OSINFOR [Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre] han detectado múltiples ilegalidades, la mayor parte de las concesiones en falta sigue operando y exportando”, señaló la EIA en el informe “La máquina lavadora: Cómo el fraude y la corrupción en el sistema de concesiones están destruyendo el futuro de los bosques del Perú”.

Banda de delincuentes
El antropólogo Alberto Chirif ha calificado a las empresas madereras como bandas de delincuentes.

“No existen los empresarios forestales: hay asaltantes forestales o no sé cómo se les puede llamar. No hay siquiera una noción de capitalismo. La idea es dónde se puede robar más rápido, hasta que el recurso se acabe. Un verdadero empresario trataría de cuidar su recurso y estaría interesado en el desarrollo a largo plazo. Sacan madera con la misma mentalidad con la que sacan cobre”, dijo Chirif, citado por el no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL), en un informe del 2012 sobre la tala ilegal titulado “Termitas”.

Chirif sostiene que “los madereros ofrecen a los indígenas bienes sobrevaluados que ellos deben pagar con madera subvaluada. Cuando la agotan en una comunidad, se marchan a otra. A veces les pagan poco, otras veces nada. Algunas veces les pagan en víveres, otras en trago. No son caucheros: son madereros, taladores inclementes. No son termitas, pero cómo se les parecen. Ellos prefieren llamarse empresarios”.

Seis años después de ambos informes, poco se ha avanzado en controlar este negocio. Por el contrario, la maraña burocrática ha ido encontrando nuevas formas para evadir las regulaciones.

En el 2015 entró en vigencia la Ley de Flora y Fauna Silvestre, aprobada cuatro años antes, que incluye la creación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) para promover la gestión sostenible y participativa de los recursos forestales y de fauna silvestre y el aprovechamiento de sus servicios ecosistémicos.

Sin embargo, el EIA, en su informe “El momento de la verdad: Oportunidad o amenaza para la Amazonia peruana en la lucha contra el comercio de la madera ilegal” publicado el 6 de febrero, revela que la opacidad en las transacciones ha aumentado, a la vez que existe cada vez menos voluntad en las autoridades forestales de un mayor control y transparencia.

“Lo más alarmante para la salud a largo plazo del sector forestal peruano son los intentos por destruir las herramientas existentes para la recolección de datos y la transparencia”, dice el informe. “Por ejemplo, durante el 2016, el SERFOR redujo dramáticamente las inspecciones de exportaciones de madera conducidas en el puerto del Callao dirigidas a documentar y verificar los puntos de extracción de madera. Pasó de generar más de 900 Actas de Inspección —el documento oficial generado tras la verificación— en el 2015, a sólo 23 en el 2016 y dejó por completo de recabar piezas claves de información (…) Para el 2017 no produjo ninguna Acta de Inspección”.

Crimen organizado
“La madera es robada de áreas no autorizadas, incluyendo bosques y áreas protegidas, territorios de comunidades nativas y propiedad privada. Sobornos y un mercado negro de documentos de aparente legalidad permiten a los comerciantes lavar la madera ilegal. Los exportadores de estos productos luego argumentan que ellos compraron ‘de buena fe’, a pesar de que múltiples investigaciones han demostrado —incluso con videos encubiertos— que este no es el caso. La tala ilegal requiere de la existencia de redes criminales, implica condiciones de trabajo abusivas y contribuye en gran medida a la degradación de los bosques tropicales de la Amazonia, reduciendo con ello su capacidad para mitigar el cambio climático”, agrega el documento.

Julia Urrunaga, directora del Programa Perú del EIA, va más allá al señalar que “las empresas que exportan madera ilegal están involucradas con el crimen organizado, en delitos contra los derechos humanos, son corresponsables porque con su compra ‘de buena fe’ están asesinando a campesinos, a indígenas. Hay corresponsabilidad también de los compradores de madera ilegal y del Estado. Para detener el flujo, hay que frenar la demanda. Esa madera no se puede comercializar si no es lavada”.

En el 2015, madera verificada como ilegal fue exportada a 18 países de todo el mundo desde el Callao, en el Pacífico, y de Iquitos, en el Amazonas, siendo los principales destinos China, EEUU y México. Según el Banco Mundial, la tala ilegal representa el 80% de las exportaciones de madera en el Perú.

Para justificar su inacción, SERFOR insiste en que es imposible ubicar un embarque con el punto de donde se extrae la madera, mientras que los empresarios señalan que como no pueden saber de dónde proviene la madera, no declaran los cargamentos.

“Se ha mantenido la ilegalidad”, indicó Urrunaga en reunión con corresponsales extranjeros.

En el 2016, con el supuesto objetivo de reducir las trabas burocráticas, el SERFOR cambió el formato del Acta de Inspección Ocular de Embarque, eliminando toda información que permita rastrear el punto de extracción y destino de la madera.

“El formulario de Actas utilizado hasta fines del 2015 incluía casilleros específicos para distintas piezas de información relevante, tales como: exportador, importador, país de destino, especies —incluyendo el volumen, número de lotes, y el valor FOB para cada caso—, número de contenedor y números de GTF”, dice el EIA.

El nuevo formato tiene mucho menos casilleros para los datos, limitándose a ubicación, fecha y hora de la inspección. Ninguna o muy poca información sobre país de destino, valor FOB, número de contenedor, ni nombres de exportadores o importadores. El análisis de los datos disponibles para esta investigación confirma que el comercio de madera ilegal sigue siendo exorbitante.

“Por décadas, el sector forestal ha estado permeado por actividades criminales, entorpeciendo las cadenas de suministro local y global, perpetuando la tala insostenible en la Amazonia, y a su vez, afectando a las comunidades peruanas”, afirmó la EIA. “El hurto, la corrupción, colusión y fraude a lo largo de la cadena de suministro en el Perú son sistemáticos, bien conocidos y persistentes (…) Desafortunadamente, la complicidad entre criminales y funcionarios corruptos ha impedido hasta ahora una reforma significativa del sector forestal”. —Noticias Aliadas.


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Madera de origen ilegal decomisada en Loreto por la Policía Nacional del Perú en el 2014. / Ministerio del Interior
Noticias Aliadas / Latinamerica Press
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