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AMÉRICA LATINA
Notas breves
Noticias Aliadas
29/09/2016
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Brasil, Colombia, México, Nicaragua, El Salvador, Perú

La Cámara de Diputados de Brasil destituyó el 13 de setiembre por 450 votos a favor y 10 en contra al diputado Eduardo Cuhna, artífice del juicio político que derivó en la destitución el 31de agosto de la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016). Cunha, evangélico ultraconservador, es acusado de corrupción pasiva, lavado de dinero y ocultamiento de cuentas en el extranjero por alrededor de US$5 millones, provenientes de sobornos entregados por Petrobras en el caso de corrupción conocido como Lava Jato. El legislador, que presidió la Cámara de Diputados entre febrero del 2015 y mayo del 2016, perdió su inmunidad parlamentaria por lo cual podrá ser llevado a la justicia por estos delitos.

El Consejo de Estado de Colombia —máximo tribunal que se encarga de los procesos que involucran al Estado— declaró la responsabilidad agravada de la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional, por el asesinato del periodista Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999. Según el fallo, publicado el 14 de setiembre, el exsubdirector de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) José Miguel Narváez y el exjefe de Inteligencia de la Brigada 13 del Ejército coronel retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo, compartieron información con el jefe paramilitar Carlos Castaño y le sugirieron ordenar el asesinato de Garzón por considerarlo “colaborador de la guerrilla”. El tribunal ordenó el pago de una reparación a los familiares de Garzón y que los jefes máximos del Ejército y la Policía ofrezcan excusas públicas por el hecho.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 17 de setiembre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que fueron detenidas y violadas en mayo del 2006 durante la represión policial a manifestantes en la localidad de San Salvador Atenco, debido a que el Estado de México no cumplió con su obligación de investigar los hechos. La CIDH estableció que las mujeres fueron detenidas por la fuerza pública de manera ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos. Además acreditó la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo violación sexual. A pesar del tiempo transcurrido, ninguna persona ha sido condenada por este caso.

El 6 de setiembre, el gobierno de Nicaragua otorgó asilo por dos años al expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014), por considerarlo “perseguido político”. El exgobernante es investigado por la Fiscalía salvadoreña por enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones lícitas, malversación y tráfico de influencias durante su mandato al no poder justificar ingresos a su patrimonio por US$600,000. El gobierno nicaragüense explicó el otorgamiento del beneficio —que alcanza también a la esposa e hijos de Funes—, señalando que la Constitución “asegura asilo para los perseguidos políticos, amparando a los que luchan en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos”. Funes, periodista de 56 años, encabezó el primer gobierno del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Más de siete años después de la masacre de Bagua, en el nororiente del Perú, la Sala Penal de esa localidad absolvió el 22 de setiembre a 52 indígenas acusados por la muerte de 10 indígenas y 23 policías durante un levantamiento de nativos amazónicos ocurrido el 5 de junio del 2009 que demandaban la derogatoria de una serie de decretos legislativos que vulneraban sus derechos territoriales. El tribunal no llegó a comprobar la responsabilidad penal de los acusados por instigación a la violencia ni por homicidio calificado, arrebato de armamentos, lesiones graves, ni delito contra la seguridad pública. Tras conocer la sentencia, el Ministerio Público, que había solicitado cadena perpetua para los procesados, presentó una apelación solicitando la nulidad del fallo. Aún quedan pendientes otros tres procesos por la muerte de los policías, por la desaparición del mayor de la Policía Felipe Bazán, y por la muerte de los indígenas.


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