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AMÉRICA LATINA / EL CARIBE
Notas breves
Noticias Aliadas
26/07/2016
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Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Uruguay

Acusado de corrupción por ocultar la existencia de cuentas bancarias en el extranjero, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, presentó su dimisión al cargo el 7 de julio. A inicios de mayo, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki había iniciado un proceso de destitución al que fuera el artífice del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. En conferencia de prensa, Cunha afirmó que era inocente y que el proceso en su contra formaba parte de una persecución por haber promovido el juicio político a la mandataria. El todavía diputado enfrenta varios cargos ante el STF por haber supuestamente recibido millones de dólares en sobornos dentro del caso Lava Jato.

El gobierno de Cuba anunció el 13 de julio que el ministro de Economía, Marino Murillo, dejará su puesto para hacerse cargo de una comisión encargada de pilotear las reformas para actualizar el modelo económico cubano. El presidente Raúl Castro había declarado una semana antes que se venían “tiempos difíciles” por la falta de liquidez y por la menor ayuda petrolera de Venezuela. Fuentes gubernamentales afirmaron que el crecimiento de la economía cubana —2.8% en promedio en los últimos cinco años— “no respondía a la dinámica de desarrollo que necesita el país” y que “no tenía impacto significativo en la economía doméstica”. Aunque en el 2010 se autorizó el ejercicio de 201 actividades por cuenta propia para reducir la carga del Estado, todavía dos tercios de la fuerza laboral cubana son funcionarios públicos.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador proclamó inconstitucional el 13 de julio la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993 tras el fin de la guerra civil entre las Fuerzas Armadas salvadoreñas y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que se desarrolló entre 1979 y 1992. Dicha ley concedió el indulto a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. El fallo establece que la ley es “contraria al derecho al acceso a la Justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales” y atenta contra el “derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario”.

El 18 de julio fueron condenados 11 campesinos por un tribunal de Paraguay por la masacre de Curuguaty, departamento oriental de Canindeyú, ocurrida en el 2012, donde fallecieron 11 campesinos y seis policías en enfrentamientos durante el desalojo de una finca ocupada por los campesinos en protesta por la escasez de tierras para el cultivo. Los campesinos fueron condenados a penas entre seis y 18 años por ocupación de inmueble y asociación criminal. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó su preocupación por las irregularidades que se habrían cometido durante el juicio y que no se habría respetado las garantías procesales. El caso motivó un juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012), que culminó con su destitución.

El 8 de julio, después de más de seis años, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial, falló a favor de Uruguay en el proceso judicial iniciado por la multinacional tabacalera Philip Morris International en el 2010. La empresa, que había demandado al país sudamericano alegando una violación del tratado bilateral de inversión entre Uruguay y Suiza por una campaña de promoción de la salud que la obligaba, entre otras cosas, a que los mensajes de prevención ocupasen 80% del paquete de cigarrillos, fue obligada a pagar US$7 millones a Uruguay y asumir los gastos en que incurrió el tribunal.


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