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ARGENTINA
Exdictador condenado por Plan Cóndor
Noticias Aliadas
03/06/2016
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Tribunal sentencia a responsables de crímenes cometidos por coordinadora de dictaduras sudamericanas.

Por primera vez un tribunal argentino dio por probado que el Plan Cóndor, la coordinadora represiva de las dictaduras sudamericanas de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay en los años 70 y 80, operó como una asociación ilícita para eliminar opositores.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, de Buenos Aires, integrado por los jueces Adrián Grüenberg, Oscar Almirante, Pablo Laufer y Ricardo Ángel Basílico, condenó el 27 de mayo a penas entre ocho y 25 años de cárcel al exdictador Reynaldo Bignone (1982-83) y otros 12 militares argentinos y un uruguayo, como responsables de haber causado la muerte de al menos 105 personas, de las cuales 45 eran uruguayas, 22 chilenas, 13 paraguayas, 11 bolivianas y 14 argentinas.

En el juicio oral, iniciado en el 2013, quedó en evidencia que el secuestro y asesinato de las víctimas fue posible por la existencia del Plan Cóndor.

El artífice del Plan Cóndor fue el exdictador chileno Augusto Pinochet (1973-90). La desclasificación de documentos del Departamento de Estado de EEUU y el descubrimiento en 1992 del llamado “Archivo del Terror” en Paraguay, junto con documentos de los aparatos de inteligencia militar de Argentina y Chile, entre otros, permitieron dar con la fecha de fundación de la coordinadora represiva.

El 28 de noviembre de 1975, el entonces jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, reunió a representantes de la inteligencia militar de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay para conformar “un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del 70 hasta iniciados los años 80 para perseguir y eliminar militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles” de esos países, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), parte acusadora en el juicio.

La coordinadora represiva, que tomó el nombre de Plan Cóndor —también conocido como Operación Cóndor—, permitió que agentes de seguridad cometieran asesinatos, secuestros y torturas extraterritorialmente. Ecuador y Perú se les unirían más adelante y, llegando incluso a extenderse a España, Italia y EEUU.

Justicia prevalece
La anulación por parte de la Corte Suprema de Justicia en el 2005 de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida —aprobadas en 1986 y 1987, respectivamente, por el expresidente Raúl Alfonsín (1983-89)— , que impedían juzgar a los represores, obligó al Estado a investigar y sancionar a los responsables. A partir de entonces se reiniciaron los juicios contra los represores.

Los antecedentes del citado juicio se remontan a 1999, cuando se presenta la primera denuncia sobre el Plan Cóndor. Tras una década de investigaciones, el 5 de marzo del 2013 se inició el juicio contra 18 acusados de cometer delitos de lesa humanidad, entre los que se encontraban los exdictadores Rafael Videla (1976-81), quien falleció el 2013 en prisión cuando cumplía cadena perpetua, y Bignone.

El libro Operación Cóndor: 40 años después, publicado en diciembre del 2015 por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), incluye una lista de 377 víctimas confirmadas del Plan Cóndor de 10 nacionalidades: 219 desaparecidos, 38 asesinados, 84 liberados, 12 niños robados que recuperaron su identidad, 13 expulsados y un fugado. Además, registró126 traslados ilegales entre países.

Para Amnistía Internacional (AI), la sentencia abrirá la puerta “a ulteriores investigaciones para que todos los responsables comparezcan ante la justicia”.

“Hoy es un día para celebrar en América del Sur”, manifestó Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América Latina de AI. “Esta sentencia histórica transmite un mensaje importante: la justicia siempre prevalece”.

“La sentencia dictada hoy debe ser el primer paso hacia una verdadera justicia para las muchas víctimas de esta maquiavélica operación que dejó una larga estela de sufrimiento y horror en toda Latinoamérica”, agregó Guevara-Rosas. “Los gobiernos de los países que contribuyeron de forma directa o indirecta a la Operación Cóndor no deben escatimar esfuerzos para garantizar que todos los responsables se enfrenten a la justicia y que estos terribles crímenes nunca vuelvan a suceder”. —Noticias Aliadas.


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