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AMÉRICA LATINA
Neogolpismo decidido a imponer orden conservador
Alejo Álvez
14/01/2016
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Ataques a gobiernos progresistas, particularmente los dirigidos por mujeres, tienen un objetivo definido.

América Latina vive tiempos complicados. Sus gobiernos democráticos, que durante más de una década fueron desmontando el andamiaje que implantó el neoliberalismo, soportan ahora el hostigamiento de la derecha política, orientada por los grandes medios de prensa locales e internacionales y, en muchos casos, asistida por pequeños grupos de provocadores que se autodefinen como de izquierda.

Tras una ola de rumores descalificadores de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela, en octubre del 2015 llegó a las librerías The WikiLeaks Files, un libro que analiza miles de cables de las embajadas de EEUU en la región. El texto de Alexander Main y Dan Beeton, investigadores del Center for Economic and Policy Research, con sede en Washington DC, muestra los esfuerzos realizados por los presidentes estadounidenses George W. Bush (2001-2009, republicano) y Barack Obama (demócrata) para hacer retroceder al progresismo sudamericano.

El libro sostiene que en los últimos 15 años EEUU trató de destruir a los gobiernos democráticos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras (lo logró en el 2010), Nicaragua, Paraguay (lo logró en el 2012) y Uruguay. Los autores dicen que lo buscado por Bush y Obama era revertir los resultados de las elecciones realizadas entre 1997 y el 2008, de las que surgieron presidentes enemigos del neoliberalismo.

No obstante, las figuras del bipartidismo estadounidense no habían pensado en el recurso de la antipolítica, impuesto luego por los grandes medios para seguir haciendo negocios y para desacreditar a las frágiles democracias de la región. Sí lo habían planteado el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera y el diplomático brasileño Samuel Pinheiro Guimarães, que desde el 2011 denuncian como el principal enemigo de las democracias a lo que llamaron el “neogolpismo”.

Correa, García Linera y Pinheiro definieron así al golpismo del siglo XXI, que parte de la aceptación del origen democrático de los gobiernos progresistas, para decir que son “legítimos pero gobiernan con autoritarismo”. Lo que buscan los neogolpistas es imponer la restauración del orden conservador, evitando la vía cruenta de los golpes de Estado clásicos del siglo XX.

Antipolítica
De ese recurso de la antipolítica surgieron personajes sin pasado político ni compromiso social, como el ultraconservador evangélico Jimmy Morales, nuevo presidente de Guatemala, o Miguel del Sel, designado embajador argentino en Panamá por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Ambos son actores cómicos de bajo nivel y, como si eso no bastara, en el caso de Del Sel es groseramente machista y dueño de un dudoso humor de fuerte tono xenófobo.

Los rumores son de larga data. En algunos casos, como el argentino, se remontan al 2006,  cuando Cristina Fernández de Kirchner aún no era presidenta, y se instaló de forma permanente en abril del 2008, cinco meses después de que fuera elegida por primera vez.

En otros, como en Chile y Perú, son más recientes. Setiembre marcó el punto más alto de la campaña. Varios actores de la política regional ven que detrás de las persistentes acusaciones contra Dilma Rousseff (Brasil), Michelle Bachelet (Chile) y Fernández de Kirchner se oculta lo peor de esa aberrante misoginia de la antipolítica.

 El 16 de setiembre, el ministro del Interior de Chile, Jorge Burgos, desmintió la “noticia” de la supuesta renuncia de Bachelet. “Este tipo de campaña de la derecha política y mediática, es antidemocrático”, dijo en respuesta al diputado José Antonio Kast —el menor de los tres hijos chilenos del criminal de guerra nazi Michael Kast Schindler—, presidente de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente, el partido que sustentó al dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

La senadora Isabel Allende, hija del derrocado expresidente Salvador Allende (1970-73), exhortó a “terminar con la descalificación y el machismo”, y apuntó sobre el periodismo al denunciar una nota publicada en agosto por el sitio web El Mostrador como “la más deleznable, vil e indecente de esta serie”, en la que el portal aseguraba que “Bachelet bebe más de lo que debe y al estar borracha y bajo el efecto de medicamentos, perdió el control de sí misma”.

También el 16 de setiembre, y como parte de las críticas al presidente peruano Ollanta Humala por las denuncias de corrupción sobre su esposa, el ministro de Defensa Jakke Valakivi desmintió los rumores del diario Perú 21 sobre un golpe de Estado. Días después precisó: “No hubiese sido necesario el desmentido, porque el paso del tiempo mostró que esa y otras afirmaciones no estaban alertando sobre un posible golpe de Estado sino promoviéndolo”.

El rol de la prensa
En Argentina, durante los pasados siete años, Fernández de Kirchner, sus hijos y sus funcionarios fueron acusados de múltiples supuestos hechos de corrupción. La revista Noticias la expuso como una enferma psiquiátrica que padece de trastorno bipolar, y en setiembre del 2012 llegó al extremo de publicar en su tapa un dibujo hiperrealista en el que se la veía en actitud de masturbarse. “Se muestra cada día más desenfadada, sensual y hasta procaz”, escribió el informativo al pie de la imagen.

El 5 de octubre, la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio a conocer sus conclusiones sobre la situación de la prensa en el continente desde su perspectiva empresarial. Dijo, como lo dice todos los años, que al igual que en Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Nicaragua y Venezuela, en Argentina “se vulnera la libertad de expresión”. La declaración fue reproducida en sus más de 1,300 medios adheridos, incluidos los 36 socios argentinos de la entidad.

Días después, un tribunal italiano condenó al diario Corriere della Sera por el delito de “difamación con real malicia” por la publicación, en el 2008, de una nota en la que aseguraba, sin pruebas, que en medio de una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el hambre en el mundo, Fernández había hecho un frívolo tour de compras, gastando 180,000 euros en joyas y ropa de cama. La Nación, el más importante socio argentino de la SIP, no publicó el fallo, aunque había reproducido en primera plana la nota del diario italiano.

Venezuela es una antigua víctima de la prensa extranjera. Los diarios españoles —El País, El Mundo y ABC— son la avanzada de la “guerra” contra la Revolución Bolivariana. La mayor de las mentiras se conoció el 24 de enero del 2013, seis semanas antes de la muerte del presidente Hugo Chávez, cuando el El País publicó una falsa foto de un Chávez agonizante. Aunque el medio ya lo había dado por muerto en tres ocasiones, esta vez tuvo que pedir disculpas porque la imagen procedía de un vídeo del 2008 de un paciente mexicano que vivía feliz en Cuernavaca.

En Brasil, Bolivia, Argentina y Ecuador los legionarios de la “restauración conservadora” cuentan con el apoyo de partidos trotskistas, pequeños pero activos, opuestos a los gobiernos progresistas por considerarlos populistas. Así lo denunció el presidente ecuatoriano Rafael Correa. En Argentina se llaman Partido Obrero, Partido Socialista de los Trabajadores o Partido de los Trabajadores Socialistas. En el prolongado cruce entre el gobierno de Fernández y los plantadores de soja respaldados por la multinacional Monsanto, estos partidos se encargaron de armar los piquetes que cortaron las rutas e hicieron visibles las huelgas empresarias.

La práctica constante del corte de calles y rutas genera un malestar que se vuelca contra los gobiernos. El 2 de enero, Correa los denunció, como lo había hecho antes García Linera: “Los mismos de siempre, la supuesta izquierda radical con su estrategia de movilización permanente, ya está calentando las calles para que la derecha coseche después en las urnas”, dijo el presidente ecuatoriano. —Noticias Aliadas.


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