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BRASIL
Avances en la lucha contra la corrupción
José Pedro Martins
26/11/2015
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Fortalecimiento de nuevos mecanismos y herramientas de acción ciudadana contra la corrupción permite consolidación de la democracia.

Brasil ha sido ampliamente citado en la prensa internacional durante el 2015 debido a las acciones contra la corrupción en la esfera pública. Lo más destacado es la llamada Operación Lava Jato (lavadero de autos), que comenzó con la investigación de una red ilegal de traficantes de divisas pero terminó descubriendo una  red de corrupción que involucra a exdirectores y ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras y grandes empresas. La Operación Lava Jato está a cargo de fiscales de la República, la Policía Federal y la Justicia Federal de Paraná. Directores y ejecutivos de algunas de las mayores empresas brasileñas ya han sido detenidos como resultado de la investigación.

En realidad, la repercusión alcanzada por la Operación Lava Jato sólo fue posible porque ya existe una amplia movilización contra la corrupción desde principios del siglo XXI en Brasil, aunque algunas semillas ya habían sido lanzadas en la década de 1990.

De hecho, un hito en esa trayectoria fue el lanzamiento en 1993, por el sociólogo Herbert de Souza, conocido como Betinho, de la Acción de la Ciudadanía, que se empeñó en la lucha contra el hambre y la pobreza en el país. La campaña tuvo amplia repercusión nacional e introdujo el debate sobre la ética en la agenda pública. Estaba cada vez más claro que la corrupción, en la esfera pública y privada, no es compatible con la construcción de una sociedad justa.

La Acción de la Ciudadanía generó muchos frutos. Bajo su inspiración se crearon varias organizaciones para la defensa de la ética y la justicia social. En 1998 se creó, bajo el liderazgo del empresario Oded Grajew, el Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, con el propósito de fomentar el comportamiento empresarial social y ambientalmente responsable.

La lucha contra la corrupción se convirtió en una bandera del Instituto Ethos. En el 2006, el Instituto Ethos fue uno de los creadores del Pacto Empresarial por la Integridad y contra la Corrupción, teniendo como socios a organizaciones como PATRI Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Foro Económico Mundial y el Comité Brasileño del Pacto Global. El Pacto Empresarial también recibió el apoyo de la Asociación Brasileña de Agencias de Publicidad y la Fundación Ford.

Cuando una empresa se hace signataria del pacto, asume diversos compromisos, como divulgar la legislación brasileña contra la corrupción entre sus funcionarios y partes interesadas, con miras a su cumplimiento integral. Otros compromisos son repudiar cualquier forma de soborno, trabajar por la legalidad y la transparencia en las contribuciones a las campañas políticas y procurar la transparencia de la información y la cooperación en las investigaciones cuando estas sean necesarias. Las empresas afiliadas al Instituto Ethos o signatarias del pacto generalmente señalan, en sus informes anuales de sostenibilidad, las medidas que han adoptado contra la corrupción en el año respectivo.

Corrupción empresarial
La actuación del Pacto Empresarial fue determinante para la aprobación, por el Congreso Nacional, de la Ley Anticorrupción Empresarial, que entró en vigor en enero del 2014. Antes de la ley, sólo las personas naturales eran responsabilizadas por actos de corrupción con involucramiento empresarial. Con la nueva ley, las propias empresas y personas jurídicas también pasan a ser responsabilizadas por delitos de corrupción. La ley prevé penalidades como multa de 20% de la facturación bruta de la empresa y hasta, según el caso, la disolución, suspensión o prohibición de las actividades de la empresa. Cuando la empresa es penalizada, su nombre es inscrito en el Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP). Existe, por otra parte, el Registro Nacional de Empresas Comprometidas con la Ética y la Integridad (Empresa Pro-Etica), fruto de la asociación entre el Instituto Ethos y la Contraloría General de la Unión (CGU), que reconoce y difunde acciones de empresas comprometidas con la promoción de la transparencia y la ética.

“Los beneficios de un sector empresarial socialmente responsable no se limitan al mercado. Por el contrario, llegan a todo el tejido social, sirviendo de ejemplo y motivando a los demás actores en la construcción de una sociedad íntegra, transparente y justa”, afirma Henrique Lian, exdirector ejecutivo de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales del Instituto Ethos.

También se han adoptado medidas importantes contra la corrupción en la esfera pública. En el 2004, la misma CGU desarrolló el Portal de Transparencia del Gobierno Federal, que publica en Internet, con acceso gratuito, todos los gastos del gobierno federal en obras, servicios y compras. El portal permite la supervisión diaria de las ejecuciones presupuestarias del gobierno federal y ha sido muy utilizado por la sociedad civil y la prensa para divulgar los actos del gobierno.

Fruto del Movimiento Ficha Limpia, en que participaron varias organizaciones de la sociedad civil, entró en vigor en el 2010 la Ley Complementaria 135, conocida como Ley de Antecedentes Limpios (Ficha Limpia). Esta ley estipula que los políticos que hayan sido destituidos o hayan renunciado para evadir un juicio político o que hayan sido condenados por la justicia no pueden postularse a cargos de elección popular durante ocho años.

Entre otras herramientas para asegurar la transparencia en la gestión pública, en el 2011 entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información, que garantiza a los ciudadanos el derecho de solicitar información a cualquier organismo público en Brasil. En el 2012, Brasil fue sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), el principal evento mundial en el área.

Sin embargo, Brasil aún tiene un largo camino por recorrer en el combate y castigo a la corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, publicado por Transparencia Internacional (TI), Brasil apareció en el puesto 69 de una lista de 175 países. Si bien tiene el mismo puesto desde hace cuatro años, lo que indicaría un estancamiento, de hecho las acciones contra la corrupción se están produciendo de una manera sin precedentes en la historia de Brasil. La clasificación de TI —que considera una puntuación de 0 a 100, siendo 100 baja corrupción y 0 elevada corrupción— señala a Dinamarca como el país más transparente, con 92 puntos, mientras que Brasil recibió 43 puntos, uno más que en el 2013.

Movilización ciudadana
Una encuesta del 2010 de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP) reveló que la corrupción lleva al desvío de entre R$40 millardos y R$65 millardos (entre US$10 millardos y $16 millardos, aproximadamente) de dinero público cada año en el país. Estudios más actualizados pueden señalar un aumento de estas cifras.

En ese sentido, es fundamental continuar la batalla sin tregua contra la corrupción, pues el desvío de dinero público significa menos recursos para financiar importantes proyectos sociales. En ese sentido es esencial impulsar la movilización social a partir de los 5,565 municipios brasileños.

Un ejemplo es la Red Nuestras Ciudades, una red de movilización social en varias ciudades brasileñas que busca fomentar acciones ciudadanas y control de la gestión y el gasto público en el ámbito municipal. La red ya está presente en ciudades como São Paulo y Rio de Janeiro, las principales de Brasil, y también en ciudades grandes, medianas y pequeñas, como Curitiba, Recife, Porto Alegre, Campinas, Ouro Preto, Garopaba y Blumenau.

“Las leyes contra la corrupción surgieron en Brasil a raíz de la movilización ciudadana en las calles, exigiendo transparencia y ética”, recuerda Helena Whyte, de la Red Mi Campinas. en declaraciones a Noticias Aliadas. Whyte menciona la movilización de junio del 2013, que congregó a miles de personas en las calles de varias ciudades brasileñas. Fue después de esta movilización que se aprobó y sancionó la Ley Anticorrupción Empresarial.

Para Whyte, la continuación de la movilización social y el trabajo en red, utilizando herramientas como Internet, fortalecerá la lucha por ciudadanía y contra la corrupción.

“La participación popular, junto con el conocimiento de las leyes, puede contribuir en mucho a disminuir aún más la corrupción”, añade, resaltando que con el fortalecimiento del control social, la gestión pública y la empresa privada serán cada vez más transparentes y movidas por la ética y la justicia social.

En el sentido de mejorar el control social, los consejos municipales, que proliferaron en Brasil a partir de la aprobación de la Constitución de 1988, desempeñan un papel muy importante. Estos consejos son organismos que reúnen a representantes de la sociedad civil y del poder público de una ciudad, para discutir políticas ambientales, educativas o culturales de la ciudad, y también contribuyen a profundizar la transparencia en la gestión pública. Y están cada vez más presentes y firmes en las ciudades brasileñas.

“Los consejos municipales tienen una función muy importante en la consolidación de la democracia y el control social”, afirma a Noticias Aliadas Ailton de Souza, profesor de la Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul y que desde hace años investiga los nuevos instrumentos de participación y control social en las municipalidades brasileñas.
—Noticias Aliadas.


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Ciudadanía exige que políticos corruptos no postulen a cargos públicos. (Foto: cocalcomunitario.blogspot)
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