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PERÚ
Humala se derrumba
Cecilia Remón
28/10/2015
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Ejecutivo destituye a procuradora que investigaba a primera dama por presunto lavado de activos.

Julia Príncipe Trujillo, titular de la Procuraduría para el Lavado de Activos, dependiente del Ministerio de Justicia, se enteró el 20 de octubre por la prensa que había sido destituida del cargo que mantenía desde el 2007, por haber hecho comentarios sobre el caso de Nadine Heredia, esposa del presidente Ollanta Humala, quién está siendo investigada por presunto lavado de activos.

El 19 de agosto, Príncipe Trujillo se pronunció sobre cuatro agendas que pertenecerían a Heredia en las estaban anotados con detalle los ingresos monetarios y actividades del Partido Nacionalista, de la que es presidenta. Las agendas habrían sido sustraídas del domicilio de la pareja presidencial por una exempleada del hogar y entregadas al excongresista Álvaro Gutiérrez, quien a su vez las hizo llegar a la procuradora.

La existencia de las agendas fue denunciada por un programa televisivo el 17 de agosto y en ellas se mostrarían tratos con personajes acusados de corrupción, incluyendo empresarios brasileños vinculados con el caso “Lava Jato”. Heredia de inmediato negó que esas agendas le pertenecieran.

“El contenido de las agendas va a ser incorporado a la investigación”, dijo Príncipe Trujillo a la prensa. “Evidentemente deben ser valoradas. Hay muchísima información que debe ser valorada e investigada”.

“Es información relevante para la investigación. Además, está vinculada muy estrechamente a la ciudadana Nadine Heredia, sobre todo y principalmente diría, a las actividades y gastos partidarios de la agrupación que ella dirige”, agregó la procuradora al entregar las agendas a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos del Ministerio Público tras formular un pedido de investigación.

Víctima de mordaza
Las declaraciones no fueron bien recibidas por la pareja presidencial ni su entorno, particularmente el ministro de Justicia Gustavo Adrianzén y el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.

Tras conocerse la destitución, Adrianzén dijo que la procuradora había incurrido en “abierta inconducta funcional” al haber hecho declaraciones a la prensa sin autorización. “El cargo de procurador es un cargo de confianza y esta confianza se otorga y esta confianza se retira”, declaró.

La presión social y mediática obligó a Adrianzén a presentar su renuncia irrevocable al cargo ese mismo día. Fue reemplazado el 21 de octubre por Aldo Vásquez, séptimo ministro de Justicia del actual gobierno.

Príncipe Trujillo había tenido a su cargo casos de corrupción como el de Rodolfo Orellana, quien encabezaba una extendida red de tráfico de terrenos y propiedades; y Comunicore, sobre pagos millonarios por la Municipalidad de Lima a una empresa fantasma y que involucra al actual alcalde Luis Castañeda Lossio. Actualmente se encontraba investigando por enriquecimiento ilícito a Mark Vito Villanella, esposo de la candidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi, hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) que desde el 2007 se encuentra cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Fujimori Higuchi encabeza las encuestas con miras a las elecciones presidenciales de abril del 2016 con 30% de intención de voto.

Considerada como la artífice del giro hacia la derecha de Humala, Heredia gozó durante los primeros años del gobierno de una gran popularidad, incluso mayor que la del presidente. Sin embargo, su sobreexposición mediática, constante presencia en eventos oficiales, influir en asuntos oficiales que no le competen, dar órdenes a integrantes del gabinete y congresistas oficialistas, entre otros, provocaron el hartazgo de la prensa y la opinión pública.

Humala llegó al poder con 55% de aprobación, pero actualmente sólo cuenta con 12%. Heredia, cuya popularidad al inicio del gobierno alcanzó el 65%, ahora sólo cuenta con 10% de respaldo.

Los medios empezaron a investigarla, lo mismo que a su entorno. Se reveló la compra de artículos de lujo a través de la tarjeta de crédito de una amiga, viajes a destinos exóticos, contratos ficticios, entre otras denuncias, que mellaron su imagen.

Sin embargo, lo que aceleró su caída fue su nexo con Martín Belaúnde Lossio, exasesor de la pareja presidencial desde el 2006, quien le generó contratos ficticios por miles de dólares para justificar ingresos. En mayo del 2014, un tribunal emitió una orden de captura contra Belaúnde Lossio. Fugó del país el 1 de diciembre y fue capturado el 28 de mayo en Bolivia y extraditado al Perú.

Actualmente Belaúnde Lossio se encuentra preso acusado de peculado, lavado de activos, colusión y asociación ilícita por sus vínculos con una organización criminal dirigida por César Álvarez, expresidente del Gobierno Regional de Ancash, en el centro-occidente del país, encarcelado por enriquecimiento ilícito por el caso llamado “La Centralita”. Además, su empresa Antalsis fue favorecida por el actual gobierno con millonarias licitaciones.

 Aunque Heredia ha logrado frenar algunas investigaciones en su contra en el Poder Judicial, el 20 de octubre el Tribunal Constitucional declaró fundado un recurso presentado por la Fiscalía de la Nación para continuar investigando a la primera dama y su entorno.

Políticos corruptos
A pocos meses de las elecciones presidenciales y legislativas, cuya primera vuelta está prevista para el 10 de abril, el panorama político del país es sombrío. A la desaceleración económica a consecuencia de la caída de los precios internacionales de los metales se suma la atomización y corrupción generalizada en los partidos políticos.

El analista Fernando Tuesta explicó a Noticias Aliadas que “actualmente existen 21 partidos inscritos, aunque para participar en las elecciones y evitar perder su inscripción pueden constituir alianzas, con lo cual se reducirían a 10 o 12. Si no alcanzan el 5% de los votos válidos en la elección parlamentaria, son eliminados. Muchos de ellos son minipartidos sin posibilidades y formando alianzas evitan desaparecer”.

Sin embargo, “al no existir financiamiento público, la corrupción se filtra en el financiamiento de las campaña”, precisó. “Las campañas son costosas. Si no hay financiamiento público, se corre el riesgo de que recurran a dinero ilegal o mal habido”.

El Congreso desaprovechó la oportunidad a principios de octubre para debatir sobre la transparencia en relación al financiamiento a los partidos políticos.

“Hoy no hay manera de saber exactamente de dónde surgen estos recursos para las campañas electorales y para sostener a estas organizaciones”, declaró a la prensa Walter Albán, director de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.

José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, fue categórico al decir que “el problema de corrupción en el Perú es estructural. El crimen organizado, el narcotráfico, tráfico de personas, minería ilegal, tala ilegal, mueven mucho dinero. El 59% de los electores vota por candidatos que visiblemente son corruptos aunque hagan obra”.
“Existe falta de voluntad política en el Perú para enfrentar la corrupción”, afirmó Ugaz. “Los casos se conocen por periodismo de investigación o por revelaciones de los afectados”.
—Noticias Aliadas.


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