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BRASIL
Dura represión policial contra movilizaciones sociales
José Pedro Martins
22/05/2015
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Iniciativas ciudadanas buscan impedir la criminalización de la protesta.

Brasil es señalado por diversas organizaciones internacionales, como las propias Naciones Unidas, como un ejemplo de lucha contra la pobreza. Los diferentes programas sociales del gobierno, como Bolsa Familia, han sido responsables de sacar a 36 millones de personas de la miseria desde el 2003. Sin embargo, como un símbolo de las contradicciones típicas del país, la pobreza sigue siendo criminalizada, así como los movimientos sociales que luchan por justicia y mayor dignidad para los ciudadanos brasileños.

“La violencia es un elemento muy presente y visible de la pobreza en Brasil: afecta de manera desproporcionada a las comunidades más pobres, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, y, a su vez, agrava aún más esta pobreza. Además, los agentes estatales responsables de la seguridad tienden a estereotipar a los pobres, y en particular a los habitantes de las favelas, como ‘delincuentes’”, dice el informe “A criminalização da pobreza – Relatório sobre as causas econômicas, sociais e culturais da tortura e outras formas de violência no Brasil” (“La criminalización de la pobreza – Informe  sobre las causas económicas, sociales y culturales de la tortura y otras formas de violencia en Brasil”), publicado en marzo del 2010 por el Centro de Justicia Global, la Organización Mundial contra la Tortura y el Movimiento Nacional de Niños y Niñas de la Calle.

Lo más grave en el contexto brasileño es que también viene siendo criminalizada con dureza la actuación de los movimientos sociales que luchan por la superación definitiva de la miseria y las injusticias sociales. Incluso se están tramitando en el Congreso Nacional proyectos de ley que modificarían el Código Penal y criminalizarían acciones producidas durante grandes manifestaciones y también en otros casos.

Estas iniciativas parlamentarias se derivan de acciones realizadas por movimientos sociales en diversos lugares y, especialmente, las grandes manifestaciones que tuvieron lugar en junio del 2013 en decenas de ciudades brasileñas.

Delito de terrorismo
Es el caso por ejemplo del Proyecto de Ley del Senado (PLS) 728 del 2011 que pretendía tipificar el delito de terrorismo, con miras específicamente a la realización de la Copa Mundial de la FIFA en julio del 2014 y que no fue aprobado. Sin embargo, otro proyecto de ley fue presentado poco después de esas manifestaciones, en junio del 2013, coincidiendo con la celebración en Brasil de la Copa Confederaciones, un torneo previo a la Copa Mundial de la FIFA.

Se trata del Proyecto de Ley 499, resultado de una comisión mixta de 14 diputados y senadores y publicado en noviembre del 2013. El proyecto caracteriza el terrorismo como “provocar o infundir terror o pánico generalizado mediante la agresión o tentativa de agresión a la vida, la integridad física o la salud, o la privación de la libertad personal”, y estipula pena de 15 a 30 años de prisión para los condenados por este delito.

Por falta de consenso, el proyecto no fue aprobado antes de la Copa Mundial, pero todavía puede ser puesto a voto en cualquier momento. Para numerosas organizaciones de derechos humanos, este proyecto haría aún más dura la criminalización de los movimientos sociales.

“La Copa pasó, el proyecto no fue aprobado y no hubo nada de lo que los predicadores del caos decían que ocurriría en materia de violencia contra nuestros huéspedes. No hubo violencia alguna contra las personas que vinieron a ver el Mundial en Brasil”, afirmó el senador Paulo Paim, del Partido de los Trabajadores (PT) de Rio Grande do Sul, uno de los más críticos de las iniciativas parlamentarias que apuntan a la criminalización de los movimientos sociales.

“Estamos totalmente en contra de cualquier tipo de criminalización de los movimientos sociales. Entendemos que es legítimo el derecho a la protesta y la movilización. Yo mismo aplaudí mucho las jornadas de junio y julio del 2013, cuando el pueblo salió a las calles, protestando y exigiendo mayor inversión en salud, educación, vivienda, saneamiento básico”, agregó el senador.

En cualquier caso, incluso sin la aprobación de proyectos de ley más específicos, la criminalización de los movimientos sociales ya está sucediendo en Brasil. El debate resurgió con fuerza durante la dura represión policial contra una manifestación de maestros en huelga en el estado de Paraná, en el sur de Brasil.

El 29 de abril pasado, más de 200 personas resultaron heridas en la represión policial contra un acto de los maestros en huelga. La represión policial, que utilizó gases lacrimógenos, balas de goma e incluso perros, generó una ola de protestas en todo el país.

Días después, el 6 de mayo, se celebró una audiencia de la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa del Senado para discutir el tema. “Expresamos preocupación por el hecho de que la violencia generada entre el movimiento huelguista y las fuerzas de seguridad de Paraná demostró la incapacidad de las instituciones, incluyendo las de los manifestantes, para manejar sus crisis y su diálogo. Este es un punto fundamental de la democracia. Estamos dispuestos a dialogar y mediar en el conflicto surgido ante esta situación”, dijo en la audiencia la oidora (defensora) nacional de los Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, Irina Karla Bacci.

Respuesta popular
“No fue un enfrentamiento. Fue una masacre. Enfrentamiento es cuando las fuerzas están equilibradas y allí, en ese momento, no lo estaban. Yo estaba allí representando al Senado. Experimenté y vi lo que pasó. Lo que vimos fueron dos horas de gases lacrimógenos, perros, disparos de balas de goma”, dijo en la misma audiencia la senadora Gleise Hoffmann, del PT de Paraná.

Ya tiene lugar, por otro lado, una firme actuación de los propios movimientos sociales y otros sectores en contra de la criminalización de la protesta. A finales del 2014, por ejemplo, el Consejo de las Ciudades, ligado al Ministerio de las Ciudades, creó una Comisión Especial contra la Criminalización de los Movimientos Sociales.


De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Unión, el propósito de la comisión es “impedir la criminalización de los movimientos y organizaciones sociales” a causa justamente de iniciativas como el PLS 499, que define el delito de terrorismo.

También se han creado, en varios estados del país, Comités contra la Criminalización de los Movimientos Sociales. Estos comités han articulado una Campaña Nacional contra la Criminalización de los Movimientos Sociales, a partir de un manifiesto firmado por algunas de las organizaciones de derechos humanos más importantes e históricas de Brasil, como la Comisión de Justicia y Paz de São Paulo, el Centro Santo Dias de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de São Paulo, el Vicariato Episcopal de la Pastoral del Pueblo de la Calle de la Arquidiócesis de São Paulo, el Grupo Tortura Nunca Más-SP y el Comité contra el Genocidio de la Juventud Negra y Pobre de la Periferia.

Las fuerzas conservadoras y progresistas están envueltas en el debate sobre la criminalización de los movimientos sociales en Brasil. El futuro de este debate definirá gran parte del curso de la democracia brasileña.
—Noticias Aliadas.


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Masivas manifestaciones en junio del 2013 demandando al gobierno mayor inversión en salud, educación, vivienda, saneamiento básico. (Foto: Adriano Rosa)
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