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AMÉRICA LATINA
El extractivismo no es inevitable: Hay que buscar alternativas
Carlos Monge Salgado*
23/04/2015
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La resistencia de las poblaciones a gobiernos neoliberales, corruptos y autoritarios ha dado como resultado que en la mayor parte de los países de América Latina gobiernen hoy partidos izquierdistas o progresistas.

En varias de estas experiencias de ascenso de nuevas elites políticas progresistas al poder, el tema de los bienes1 naturales fue central. De hecho, en el centro de la emergencia del chavismo venezolano (estatización total de la industria petrolera), del Movimiento Al Socialismo (MAS) Boliviano y de la Revolución Ciudadana Ecuatoriana (nacionalización de la renta y control del uso final de los recursos) estuvo la defensa de la soberanía nacional sobre los minerales y los hidrocarburos hasta entonces en manos de empresas concesionarias que se llevaban la parte del león, dejando casi nada a los Estados y las poblaciones dueñas en última instancia de esos recursos.

Estos gobiernos progresistas, tanto como los neoliberales de Colombia, Perú y México, y los moderados como Brasil y Chile, han apostado centralmente a la extracción y exportación de minerales y petróleo como fuente de crecimiento económico y renta pública. La apuesta progresista por la extracción y exportación de recursos naturales ha sido bautizada como “nuevo extractivismo” por Eduardo Gudynas2. La coincidencia en torno a esta apuesta entre progresistas y conservadores que trasciende ideologías es lo que Maristella Svampa ha caracterizado como el paso del consenso de Washington al “consenso de los commodities”3.

Una interesante excepción en este consenso es el del gobierno del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, que ha decretado una moratoria de las concesiones mineras e incluso paralizado el inicio de proyectos mineros ya autorizados, rechazando explícitamente el impulso a la gran minería como estrategia para el crecimiento y el desarrollo y enfrentando ya una demanda por parte de la empresa australiana Ocena Gold ante el ante el Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI)4.

Pues bien, mientras ha durado el “súper ciclo” de alta demanda y altos precios por nuestros minerales y nuestros hidrocarburos, tanto gobiernos de derecha como de izquierda que apostaron a la exportación de commodities lograron mantener alta tasas de crecimiento económico e incrementar de manera sustantiva el gasto social, lográndose como resultado importantes reducciones en la pobreza y en la desigualdad5.

Impactos socioambientales
Sin embargo, se acumularon también problemas económicos, sociales y ambientales de no menor importancia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha llamado la atención sobre la creciente “reprimarización” de nuestras economías, la creciente exposición  a la volatilidad de la demanda y los precios, los síntomas de enfermedad holandesa, las enormes brechas de productividad entre sectores, etc.6

A ello habría que añadir la constante necesidad de ampliar la frontera minera y energética en la medida en que los yacimientos antiguos se agotan (no olvidemos que se trata de recursos no renovables), que lleva a invadir áreas naturales protegidas, territorios indígenas o territorios en los que las poblaciones tienen otras vocaciones productivas y apuestan por otros estilos de vida.

El resultado de esta ampliación de la frontera minera e hidro-energética no ha sido solamente el daño ambiental que se ha causado en esos territorios, como la deforestación y la destrucción de fuentes y contaminación de cursos de agua. A este daño ambiental local hay que añadir la paradoja de gobiernos progresistas que al especializarse en la exportación de petróleo a los mercados internacionales se han convertido en aportantes activos de los gases de efecto invernadero que genera el calentamiento global que tan fuerte impacto negativo tiene sobre las mayorías, sobre todo los más pobres.

En el plano social, el resultado ha sido un intenso ciclo de conflictos sociales que atraviesa todo el continente, con una secuela de numerosos muertos y heridos y de una creciente criminalización de la protesta social por parte de los gobiernos que promueven las grandes inversiones extractivas7. De hecho, tanto en Bolivia como en Ecuador se ha producido ya una ruptura entre importantes sectores de las organizaciones indígenas y los respectivos gobiernos por discrepancias en torno a temas como las carreteras de penetración y las concesiones de hidrocarburos en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)  y la extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuni, respectivamente.

Finalmente, en el terreno de la política, una consecuencia de esta apuesta es la creciente dependencia de los regímenes progresistas de su capacidad de generar y distribuir la renta generada por las actividades extractivas hacia los sectores más vulnerables de la población (los Bonos Dignidad, Juancito Pinto y Juana Azurduy en Bolivia, las Misiones en Venezuela) para su propia sobrevivencia política.

Urge un cambio de rumbo
Hoy día, en que ha bajado el ritmo de crecimiento de la China y se han caído la demanda y los precios de los commodities, el modelo primario exportador nacionalista redistributivo enfrenta sus límites estructurales.  Venezuela y Ecuador están enormemente endeudados con China y deben pagar esos préstamos en petróleo mientras que cada mes reciben menores ingresos por el petróleo que logran comercializar en otros mercados. Bolivia recibirá menores ingresos por el gas que vende a Brasil y Argentina pues su precio está también atado al del petróleo en los mercados internacionales.

En estas circunstancias, es indispensable plantear un cambio de rumbo. No se trata ciertamente de regresar a un esquema extractivista neoliberal para beneficio de las grandes corporaciones. No se trata tampoco de desandar todo lo que se ha logrado en materia de soberanía sobre los bienes naturales, de renovación de la elite política, de democratización de la política misma, o de expansión del ejercicio de derechos.

Se trata más bien de explorar otros caminos, que apunten a la diversificación productiva usando de manera sostenible los bienes naturales renovables, consumiendo menos energías fósiles, protegiendo el medio ambiente y respetando los derechos territoriales y de consulta de los pueblos indígenas.

El debate en América Latina sobre la necesidad de dar este giro, y pronto, ya está abierto.  Para comenzar, la reciente propuesta de los Pactos para la Igualdad de la CEPAL se sustenta en una crítica sustantiva del modelo primario exportador y en un reclamo de diversificar la economía para crear  empleos de calidad generando valor agregado en todos los sectores8.

Incluso en un país como el Perú —que ha apostado de manera radical por el extractivismo neoliberal—  sectores del gobierno se plantean ahora la necesidad de una apuesta consciente y con impulso estatal para diversificar la estructura, reconociendo que el modelo no da más.9

En ambos casos, un componente del debate sobre cómo diversificar tiene que ver con las maneras de cómo se puede usar a las propias industrias extractivas y las rentas que estas generan para estimular dicha diversificación. Por ejemplo, usar parte de la renta para invertir en ciencia y tecnología con el objetivo de atacar cuellos de botella tecnológicos que hoy frenan el desarrollo de otros sectores productivos. Otro ejemplo sería sacar parte de esa misma renta de la economía –colocándola en fondos soberanos— para impedir que la enfermedad holandesa reste competitividad a otros sectores productivos.  Un último ejemplo, implementar políticas de contenido local (compras locales de bienes y servicios) para generar procesos locales de acumulación que luego sirvan a otros desarrollos.

De la misma manera, desde la sociedad civil en diversos países se discute como alternativa la necesidad de una “transición post extractivista” , caracterizada por:

i) Una triple transición de la economía.
a. Del énfasis en la explotación de los bienes naturales no renovables al énfasis en los bienes naturales renovables.
b. Del énfasis en las grandes corporaciones al énfasis en los pequeños y medianos propietarios individuales, cooperativos o comunitarios.
c. Del énfasis en la exportación hacia una mayor atención al mercado interno.
ii) Una transición energética, hacia energías renovables no convencionales, para que el crecimiento económico no contribuya a empeorar el calentamiento global.
iii) Una reforma institucional, hacia un Estado garante de los derechos de los pueblos indígenas y del derecho de las futuras generaciones a heredar bienes naturales renovables abundantes y de buena calidad.
iv) Un cuestionamiento del consumismo insostenible prevalente en nuestras sociedades, buscando equilibrar la satisfacción de las necesidades con las capacidades de producción y reproducción de los ecosistemas  y del planeta en general.

Los puntos de partida para iniciar estas transiciones serán diferentes en cada país, pero en todos los casos es  inevitable que se trate de procesos de mediano y largo plazo que requieran de la aplicación consistente de políticas públicas sostenidas para lograr este objetivo.

Para ello se requieren liderazgos políticos claros, que tengan una visión definida de cómo lograr un bienestar sostenible de las mayorías que no se lleve de encuentro al medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas para logros sociales de corto plazo, contribuyendo de paso a parar el proceso del calentamiento global.

* Antropólogo e historiador peruano, investigador asociado del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y Coordinador Regional para América Latina del Natural Resource Governance Institute.
________________________________
1 Usamos bienes naturales en lugar de recursos naturales para evitar asignar a priori un contenido mercantil a estos bienes.
2 Gudynas, Eduardo. “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual”, en Extractivismo, política y sociedad, varios autores, CAAP (Centro Andino de Acción Popular) y CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social),  Quito, Ecuador.   Noviembre 2009, pp. 187-225.    
3 Svampa, Maristella. “El ‘Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina”, en Revista Nueva Sociedad, No. 244, Marzo-Abril, 2013.
4
http://business-humanrights.org/es/se-inicia-arbitraje-en-demanda-de-oceanagold-contra-el-salvador-en-tribunal-del-banco-mundial
5 CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2013 y Rosales, Osvaldo y Kuwayama, Mikio, “China y América Latina y el Caribe. Hacia una relación económica y comercial estratégica”, 2012.
6 Bárcenas, Alicia. “Gobernanza de Recursos Naturales en América Latina y el Caribe”, CEPAL, 2012.
7 Ver OCMAL, Cuando tiemblan los derechos. Extractivismo y criminalización en América Latina, Quito, 2011. En
http://www.conflictosmineros.net/biblioteca/publicaciones/publicaciones-ocmal/cuando-tiemblan-los-derechos-extractivismo-y-criminalizacion-en-america-latina/detail
8 CEPAL, Pactos para la Igualdad: Hacia un futuro sostenible, Santiago de Chile, 2014
9 Gobierno del Perú, Ministerio de la Producción, Plan Nacional de Diversificación Productiva, Lima, 2014.
10 Red GE, Caminos de Transición. Alternativas al extractivismo y propuestas para otros desarrollos en el Perú, Lima, 2014, en
http://www.redge.org.pe


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En toda América Latina, las poblaciones protestan contra proyectos extractivos por los efectos sobre su salud y el medio ambiente. / www.taringa.net
Noticias Aliadas / Latinamerica Press
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