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AMÉRICA LATINA
La ruta irregular de los gobiernos ‘progresistas’
Ramiro Escobar*
22/04/2015
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Han pasado ya varios años desde que, paulatinamente, varios países latinoamericanos —o especialmente sudamericanos— alumbraron presidentes de ‘centro-izquierda’ por la vía de las urnas. Más de una década después, se puede ajustar el periscopio y ver si la impronta de estos gobiernos cambió no sólo las variables políticas sino, también, la situación social y le dio más contenido a la democracia. Al parecer, lo que hubo fue un claroscuro.

Resulta difícil establecer un inicio de la ‘ola’ de gobiernos de corte progresista en América Latina. Si bien puede considerarse que la llegada al poder de Hugo Chávez, en 1999, marca un hito, ya desde antes hubo señales de que la ‘izquierda’ no se había esfumado totalmente del escenario. El Partido Socialista de Chile, por ejemplo, fue parte del gobierno desde 1990. Claro, lo hizo dentro de la Concertación de Partidos por la Democracia, un frente de agrupaciones (que incluía a la Democracia Cristiana y algunos partidos más) que no propició cambios que hicieran pestañear demasiado a los politólogos, o a los financistas.

La urnas zurdas
Pero en la década que va del 2000 al 2010 sí se produce una suerte de giro inusual en esta región. Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva y el Partido de los Trabajadores (PT) llegan al Poder en Brasil en el 2003; en el 2005, el Frente Amplio (FA) hace lo mismo con Tabaré Vásquez en Uruguay; el turno de Evo Morales Ayma y el Movimiento al Socialismo en Bolivia (MAS) llega el 2006; al año siguiente, en Ecuador, Rafael Correa también logra convertirse en presidente.

En el 2008, el exobispo Fernando Lugo, tras vencer en los comicios de ese año al frente de la Coalición Patriótica para el Cambio, llega a la presidencia del Paraguay. Parece el momento del clímax para la izquierda del continente.

Tres de ellos —Chávez, Correa y Morales— apuestan por modificar la Constitución y reelegirse (sin ser de izquierda, Álvaro Uribe también lo hizo en Colombia), una apuesta que causó controversia en sus propios países y en gran parte de América Latina. Chávez, quien fue el que tomó la ruta más autoritaria, tuvo cuatro períodos presidenciales (1999-2001, 2001-2007, 2007-2013 y unos meses del 2013), y hubiera ido a más, si no fuera porque falleció el 5 de marzo del 2013.

Este año (2014), Morales Ayma ha vencido cómodamente en los comicios del 12 de octubre, con el 60% de los votos, y así accede a su tercer período de gobierno. No logró pasar del 70%, como pretendía, pero es indudable que no tiene contendor político en Bolivia, un país al que le ha dado un crecimiento económico promedio de más del 5%, algo desconocido en su tormentosa historia.

No tardó en felicitarlo Correa, el locuaz presidente ecuatoriano, quien el 17 de febrero del año pasado (2013) tuvo una performance parecida: obtuvo el 57% de los votos en su tercera elección (como Morales), y sin un rival de peso al frente que pudiera asustar a la ‘Revolución Ciudadana’. Pero algo más une a estos dos líderes que parecen jugar solos en la cancha.

Ninguno de los dos tiene problemas económicos serios. Morales ha logrado que Bolivia sea, actualmente, el país que más crece en Sudamérica —por encima de Chile y Perú, las presuntas estrellas de la región—, y el segundo en toda América Latina. Parece haber encontrado la cuadratura del círculo para hacer que un ‘cambio revolucionario’ sea un éxito financiero.

Los giros de la economía
La previsión de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es que Ecuador crecerá en el 2014 un 5%. Junto a Bolivia (5.5%) es el país que más crece en Sudamérica. Algo que, quizás, no previeron ni ellos mismos ni sus críticos.

Esto sugiere una perspectiva que, con frecuencia, no es atisbada en el debate público: puede haber equivalencia entre tener un gobierno ‘de izquierda’ y lograr estabilidad económica, o incluso alcanzar cierta ‘bonanza’.

Bolivia y Ecuador han hecho que su economía gire en torno al alto precio de los hidrocarburos. El esquema, como han señalado varios economistas, puede tener limitaciones, pero ha generado, al menos de momento, una estabilidad económica que mantiene satisfecha a buena parte de la población, y que es la que hace ganar a sus presidentes re-eleccionistas en las urnas.

No ocurre así en Venezuela, que está en una crisis que incluso algunos chavistas reconocen. Su economía experimentaría en el 2014 una contracción del 0.5% y el desabastecimiento asoma a ritmo de joropo, no obstante sus ingentes reservas de crudo y el alto precio internacional de los hidrocarburos. Los impulsos de la autocracia, que han llegado a propiciar expropiaciones desatadas en varios rubros (alimentos, por ejemplo), muestran haber tenido una influencia en este panorama.

Morales no ha ido tan lejos. Ha subido los impuestos a las petroleras, en algún caso hasta cerca del 80%, pero trabaja con el sector privado o estatal de otros países (Petrobras, de Brasil, por citar un caso), sobre todo para los hidrocarburos. La inversión extranjera directa (IED) aumentó 30% en el 2013, lo que hizo que calificadoras de riesgo, como Standard and Poor’s, le dieran su bendición.

El cuadro no estaría completo sin las cifras de disminución de la pobreza. Allí las tendencias del ‘arco progresista’ se acercan. Bolivia, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tuvo la mejor nota: la redujo en 32.2% en el período 2000-2010, y de ahí vienen Venezuela (22.7%), Ecuador (21.9%) y Brasil (18.6%).

En Brasil, la economía ya no baila a los ritmos de hace unos años, cuando llegó a crecer a más de 7.5% anual, y hasta bordea la recesión macroeconómica. Justamente, la reciente elección giró en buena medida a la posibilidad de relanzar su crecimiento. Dilma Rousseff, la presidenta reelegida del Partido de los Trabajadores (PT), lo ha enfatizado, tras vencer al socialdemócrata Aécio Neves el 26 de octubre, en una elección en la que el deseo de conservar los programas sociales venció a la apuesta por abrirse más a los mercados mundiales.

Desencuentros con  poblaciones indígenas 
Ahora bien, ¿todos estos gobiernos han sido intérpretes no sólo del sentimiento popular sino de la dinámica de los movimientos sociales? En parte sí, como lo revela el caso de Morales, que hoy sigue siendo presidente de la Federación de Campesinos del Trópico de Cochabamba (su última re-elección fue en julio del 2012), una agrupación que representa a los cocaleros de la zona.

Pero hay un territorio espinoso para estos gobiernos de nuevo cuño: el mundo indígena. Casi ninguno de los presidentes ‘progresistas’ ha dejado de tener conflictos con los pueblos originarios, sino con todos, con varios de ellos. Ni siquiera Morales, a quien se tiene como un gobernante indígena —en rigor, es un sindicalista cocalero—ha podido evitar dichas turbulencias.

En Argentina, donde la población indígena es pequeña (entre 1.5 y 2% de la población), no faltaron los enfrentamientos por tierras, que el 22 mayo del 2013 llegaron a un punto de tensión tras la muerte de un miembro de la etnia Qom en la Provincia del Chaco. Al parecer, Cristina Fernández tiene un discurso sobre los derechos humanos, pero más urbano, poco vinculado a los indígenas.

Se percibe en ese país, como en Chile, una distancia entre el imaginario y la práctica de sus mandatarios, o mandatarias, y lo que ocurre entre los pueblos originarios. De hecho, uno de los mayores baches que tuvo Michelle Bachelet en su primer período como presidenta de la Concertación en Chile (2006-2010) fue su turbada relación con el pueblo Mapuche (“gente de la tierra” en mapudungun, el idioma de esta etnia).

El caso de Matías Catrileo, un dirigente estudiantil mapuche que murió el 3 de enero del 2008 durante una escaramuza con los Carabineros, resultó tristemente emblemático. Ocurrió en el primer período de la actual mandataria y atizó un conflicto en el que, incluso, el gobierno chileno apeló a la aplicación de la ‘Ley Antiterrorista’, para contener las protestas de los mapuche en demanda de la recuperación de sus territorios ancestrales.

Tan evidente fue eso que, el 14 de marzo del 2014, a tres días de acceder por segunda vez al gobierno, la presidenta pidió perdón a los mapuche “por los despojos de sus tierras”. Lo hizo ante Francisco Huenchumilla, el intendente de la región denominada La Araucanía, donde viven más de 500,000 ciudadanos de esta etnia. También anunció medidas para beneficiarlos.

Entre ellas, la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. Con todo, no hay pleno consenso entre la población indígena chilena sobre este giro político de la gobernante considerada ‘socialista’. Es visible que, tanto el caso argentino como en el chileno, este tema no constituyó parte vital de la agenda de ‘cambio’, más centrada en la mayoritaria población urbana.

El escaso peso demográfico no ha sido la única causa de conflictos con los pueblos originarios. En Ecuador, donde el presidente Correa en su primera campaña (2006) contó con el apoyo de una parte importante de los indígenas (aunque el movimiento Pachacutik lanzó a la presidencia a su propio candidato, Luis Macas), no tardó en surgir un tenso distanciamiento.

Al asumir el gobierno, el mandatario nombró como secretaria de Comunicación a Mónica Chuji, una mujer de la etnia Kichwa. Pero a los pocos meses estallaron problemas en la provincia de Orellana, donde una movilización de indígenas devino en varios choques con las fuerzas del orden. En un principio, se reclamaba el asfaltado de carreteras, una promesa de las empresas de hidrocarburos que actúan en la zona, pero luego las protestas se orientaron hacia la presencia de las transnacionales y contra la política energética del gobierno.

Correa llegó a acusar a los indígenas de apelar al sabotaje y el terrorismo, debido a que propiciaron hechos de violencia. Comenzaron las persecuciones y se evidenció, como en el caso de otros países, el abismo entre la administración estatal y los indígenas, independientemente del signo del gobierno.

El presidente, asimismo, cometió algunos errores ya de estilo. El 10 de marzo del 2012, durante una de sus alocuciones radiales, sentenció: “No permitiremos que la izquierda infantil, con plumas, con ponchos, desestabilice el proceso de cambio”. Fue su respuesta a una Marcha en Defensa del Agua, que recorría el país y que ponía en cuestión la política minera del gobierno.

La movilización, impulsada la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), cuestionaba la irrupción de proyectos de minería a gran escala en la región amazónica. Una prueba de que la fuerza de las industrias extractivas no aparecía solo en los ‘gobiernos de derecha’ y que, casi siempre, termina afectando los territorios indígenas.

También en Bolivia la defensa del territorio puso a algunos pueblos originarios en conflicto con el gobierno de Morales. A pesar de ser un mandatario de raíces indígenas, y de contar con el apoyo mayoritario de las diversas etnias y de la población en general —el 12 de octubre, cuando vuelve a ganar las elecciones presidenciales, lo hace con ese apoyo masivo—, se abrió un frente muy serio a partir del 2011, por la vulneración de un área protegida.

Se trataba del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS), de 12,000 km², que sería dividido en dos por una ruta que iría desde Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba, hasta San Ignacio de Moxos, en el departamento del Beni. Aún cuando una parte de la población estaba de acuerdo, las protestas estallaron.

Hacia mediados del 2012, una serie de manifestaciones de campesinos e indígenas en defensa del TIPNIS, marcaron lo que sería el más importante desencuentro entre Morales y parte de los pueblos originarios. Fueron de tal intensidad que el proyecto se paralizó. Y la lección saltó una vez más: no hay una identificación automática entre un gobierno ‘progresista’ y la población indígena.

¿Por qué ocurre este desencuentro? El modelo extractivista, vigente en la región desde hace años, no necesariamente ha mutado con la llegada de los gobiernos de izquierda o centro-izquierda. Como dice Pablo Canelo, miembro del Instituto de Estudios Alejandro Lipschutz, “están reproduciendo el modelo de extracción y de facilitación de los recursos naturales de la región a las transnacionales”.

Dicho modelo, implantado con las políticas económicas denominadas ‘neoliberales’ (que hacen un énfasis en el liberalismo económico aun cuando esto tenga un costo político y social), requiere de minería a cielo abierto, de más explotación de hidrocarburos, sin necesariamente tomar en cuenta los derechos de las poblaciones locales. No es un esquema democrático.

Para estos nuevos gobiernos el esquema parece ser el siguiente: se requieren mayores programas sociales, para hacer redistribución, y la manera de obtenerlos es extrayendo estos bienes naturales ingentes, ya sea por parte del propio Estado o de convenios con empresa nacionales o transnacionales. El problema es que, en esa ruta, se genera una situación que puede tener serias consecuencias sociales.

*Periodista y analista internacional peruano. Colaborador de Noticias Aliadas desde el 2005. Columnista de Internacionales del diario peruano La República y colaborador del diario El País de España. Profesor de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.


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Defensa del TIPNIS representó en el 2012 el más importante desencuentro de gobierno con pueblos indígenas./Servindi.org
Noticias Aliadas / Latinamerica Press
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