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MÉXICO
Activistas encarcelados, desaparecidos y asesinados
Alberto Buitre
07/04/2015
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Responsabilizan a gobierno por desapariciones forzadas de activistas sociales planificadas sistemáticamente.

La detención-desaparición de luchadores sociales y activistas de los derechos humanos, el asesinato de líderes/as sociales y apresamiento de otros por razones políticas responden a “una política de gobierno” enfocada en disuadir la resistencia de las organizaciones frente al abuso de poder y la represión en México.

Así lo señaló el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), organización política de predominancia campesina con presencia en nueve estados de la República, en el foro sobre desaparición forzada al que convocó en enero en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en cuya entidad, puntualizó la organización, “se desaparece” a dos personas por día.

En México hay más de 110,000 detenidos – desaparecidos, y no sólo 23,000 como señala la Secretaría de Gobernación.

“La desaparición forzada de personas lejos de ser un fenómeno social de gran importancia y preocupación, también es una práctica recurrente, sistemática y que ahora se ha vuelto en una política de Estado, cuyo objetivo es acallar toda voz de protesta, disidencia y aún de exigencia de nuestros más fundamentales derechos humanos”,  señaló el Frente en un comunicado.

Para el FNLS, entre  los 110,000 detenidos-desaparecidos están  los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, masacrados el 26 de setiembre del 2014 por la Policía Municipal de Iguala , estado suroccidental de Guerrero, y supuestamente incinerados en un basurero aledaño por elementos del cártel del narcotráfico “Guerreros Unidos”, por órdenes del entonces alcalde, hoy preso, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, asociados a la delincuencia organizada desde el año 2005, según información de la Procuraduría General de la República (PGR). 

Las desapariciones forzadas son planificadas sistemáticamente con “la aquiescencia y responsabilidad, ya sea por comisión u omisión, del Estado”, asegura el FNLS.

Terror social
La desaparición forzada de personas como parte de la represión a los movimientos sociales, es una práctica sistemática del Estado con participación de  grupos del narcotráfico.

Ramón Islas, académico del área de derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), sostiene que en el marco de la guerra contra el narcotráfico, han evolucionado las técnicas de implantación del terror social en el país.

Islas señaló a Noticias Aliadas que actualmente se vive una “etapa de guerra irregular” sobre el combate a las drogas, donde grupos de narcotraficantes o delincuenciales no identificados también están dedicados a la desaparición de personas.

“Por todo el territorio mexicano se está regando sangre del pueblo trabajador, que se refleja, aunado a los miles de detenidos desaparecidos, en las ejecuciones extrajudiciales y encarcelamientos injustos. Lo que en un principio se creía que era un clima de terror privativo sólo de las ciudades del norte [principales centros de operación de diversos cárteles de la droga], hoy este laboratorio criminal se está extendiendo a todos los rincones del país”, señaló Islas.

“Además de la detención y desaparición forzada de personas, existen nuevas formas de represión como secar el agua de las comunidades, quema de cultivos y chozas, agresiones sexuales y criminalización de la protesta social”, explica Islas.

En el año 2013, fueron asesinados 13 activistas sociales en el estado de Guerrero, la mayoría, por oponerse a cacicazgos locales que explotaban a los campesinos de la zona con la tolerancia del gobierno estatal. Así lo acusó la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), cuya lideresa, Rocío Mesino Mesino, fue acribillada en octubre de ese año. Su padre, Hilario Mesino, responsabilizó directamente al gobernador Ángel Aguirre por la muerte de su hija, y dijo que durante su gestión “se ha recrudecido la represión y criminalización contra organizaciones sociales y líderes comunitarios”, en declaraciones recogidas por el periódico El Sur de Acapulco. A la fecha, no existen personas procesadas por la responsabilidad del crimen.


Presos políticos
También existen luchadores sociales encarcelados por motivos políticos. En lo que va del gobierno del presidente Enrique  Peña Nieto, que inició su mandato en diciembre del 2012, se cuentan 350 presos políticos.

Las cifras son ofrecidas por el Comité Nestora Libre, organización civil que sostiene la defensa de Nestora Salgado García, comandanta de la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá, Guerrero, quien fue apresada en agosto del 2013 bajo imputaciones de secuestro, pero cuya  detención se funda en causas políticas, según su defensa.

El Comité Nestora Libre señala  que Salgado García está siendo criminalizada políticamente, acusada falsamente de secuestro, basado en un operativo que dirigió para el desmantelamiento de una red de tráfico sexual de mujeres y niñas de Europa y Colombia, obligadas a prostituirse en bares de Guerrero y otros estados del país.

Agrega que el caso de Nestora Salgado evidencia la “estigmatización del Estado mexicano contra las Policías Comunitarias”; una iniciativa de seguridad y justicia de las comunidades rurales guerrerenses que nació en 1996 motivadas por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para hacer frente al paramilitarismo y grupos de narcotraficantes.

De acuerdo a las cifras dadas por el Comité Nestora Libre, de los 350 presos políticos, 13 son policías comunitarios presos en Guerrero, y cuatro opositores a la presa La Parota, también en Guerrero. También se registran  detenidos en el estado de Puebla por  oponerse a la construcción de una termoeléctrica.

Pero el mayor número de presos políticos se registra en  el estado de Michoacán donde más de 300 integrantes de las autodefensas —creadas en  el 2013 con el apoyo del gobierno Federal para combatir al cártel de drogas Los Caballeros Templarios —, han sido encarcelados, incluyendo a uno de sus fundadores, José Manuel Mireles Valverde, arrestado en junio del 2014 por portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, Talía Vázquez Alatorre, abogada comprometida con la defensa de todos los autodefensas presos, alegó entonces que Mireles era un “preso político”, por seguirse un indebido proceso legal en su detención. En noviembre del 2014, el exlíder de autodefensas aceptó un “pacto político condicionado” con la Secretaria de Gobernación para obtener su libertad, anunció su defensa.

Las detenciones por motivos políticos alcanzan a la capital del país. Destaca el caso de Mario González, apresado durante un año por el gobierno del Distrito Federal, por su participación en las manifestaciones del 2 de octubre del 2013 en la capital del país, sucedidas en la 46va conmemoración de la matanza de estudiantes perpetrada por el Ejército en la zona capitalina de Tlatelolco, en 1968.

Mientras se sigue proscribiendo la protesta social y se da un trato de delincuentes a  luchadores/as sociales, organizaciones de derechos humanos impulsan campañas reclamando que la protesta es un derecho.  La Red Nacional “Todos los Derechos para Todas y  Todos” (Red TDT) lanzó en el 2008 la campaña “Protestar es un derecho, reprimir es un delito” y en el 2013 debió relanzarla debido al incremento de políticas de criminalización del derecho a disentir y protestar y la impunidad con la que se aplican.
—Noticias Aliadas.


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Descontento se plasma en movilizaciones sociales y políticas que corren el riesgo de ser criminalizadas. (Foto: Alberto Buitre)
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