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BOLIVIA
Los conflictos sociales en tiempos del Estado Plurinacional
Fernando Valdivia Antisolis
07/04/2015
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Derechos indígenas chocan con un gobierno que afirma defender el Buen Vivir.

La criminalización de la protesta social en Bolivia ha estado siempre asociada al accionar contestatario de los movimientos sociales a un Estado que no actuaba en defensa y representación de sus intereses, lo que motivó en el pasado enfrentamientos muchas veces violentos. Pero, ¿qué sucede en un nuevo Estado que es gobernado por un partido de los propios movimientos sociales?

La antropóloga Soledad Valdivia Rivera señala en su tesis doctoral que “el caso boliviano muestra que una incursión de los movimientos sociales en el ámbito político ha significado la participación efectiva de grupos que antes permanecían excluidos por el sistema político dominante”, en referencia particularmente a los más de 30 pueblos indígenas y originarios que viven en Bolivia.

Consecuentemente, a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en el 2009, la criminalización de la protesta social habría tomado formas  más sutiles, como la deslegitimación de demandas desde el interior de los movimientos sociales que la protagonizan Así lo entiende Hernán Ávila, director del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CEJIS), institución vinculada a la defensa de los indígenas en el país, quien considera que “el desenlace del proceso, es que el poder constituido ha sido incapaz de llevar adelante el espíritu del poder constituyente” de las organizaciones sociales, indígenas y campesinas en particular.

Un hilo conductor para abordar el tema es el desafío que tiene el actual proceso de cambio, de armonizar políticas de desarrollo —cuyo eje es el crecimiento económico— con los desafíos del Buen Vivir, entendido, entre otros conceptos, como el respeto a la naturaleza expresada en la Pachamama, la madre tierra.

Minería y derechos indígenas
Los conflictos mayores a los que se ha enfrentado el gobierno del presidente Evo Morales, en el cargo desde el 2006, se asocian a esta sui generis contradicción. Es el caso de la minería, cuyo sostenido crecimiento en la última década incrementó la contaminación ambiental y/o la ocupación de territorios indígenas. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, de 25 TM registradas en el año 2000, Bolivia pasó a exportar en total el 2014, 120,000 TM. Las exportaciones con récord históricos en la última década en Bolivia dependieron de la venta del zinc, plomo y estaño, que generaron en conjunto US$12.3 millardos, de acuerdo con un informe del Ministerio de Minería de febrero del 2012.

Entre las recientes denuncias de contaminación por actividades mineras, figuran las presentadas por representantes de las comunidades originarias de Porco, Manquiri y Cantumarca en el sureño departamento de Potosí, así como también las de grupos indígenas en la frontera norte con Brasil y Perú por la explotación de oro en la región amazónica.

En el primer caso, la Declaración del Tercer Encuentro de Líderes Ambientales celebrado en agosto pasado en Potosí afirma que “Ley de Minería y Metalurgia, vulnera derechos individuales y colectivos y está en contradicción con la CPE [Constitución Política del Estado] y los convenios internacionales. Esta ley minera no reconoce los derechos de las Naciones Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, sólo beneficia al sector minero cooperativista y asalariado, y desnaturaliza la aplicación del derecho a la consulta, autogobierno y auto determinación de los Pueblos Indígenas Originarios”. El gobierno ha respondido a las movilizaciones con represión policial. El desbloqueo de una carretera en Potosí en julio del 2014, por ejemplo, dejó  un saldo de tres detenidos, Isidoro Jesús de 39 años; José Quispe, de 45 años y Román Gómez de 47 años, quienes denunciaron maltratos por parte de los uniformados.

Por su parte, Silvia Antelo, editora del diario Sol de Pando, señala a Noticias Aliadas que, en el departamento de Pando —que colinda con Acre, Brasil, y Madre de Dios, Perú— continúa la explotación de oro por parte de ciudadanos brasileños, pese a la oferta gubernamental de realizar una consulta previa e incluir en el pago de regalías por la explotación aurífera a las comunidades indígenas que habitan las áreas amazónicas donde abunda este mineral.

En julio del 2010, el entonces director de la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), Juan Ramón Quintana, informó de graves daños ambientales por estas operaciones mineras, que afectaban a la flora y fauna de la región.

Por denunciar este ilícito, además de los abusos que sufre el pueblo indígena pacaguara por parte de empresarios forestales y otros hechos de corrupción, el 11 de julio de 2011 una edición del periódico Sol de Pando fue incautada por agentes de gobierno y se tuvo que afrontar varios tipos de hostigamiento.

“Sufrimos la criminalización de parte del Estado por defender a una de las naciones reconocidas por la CPE”, afirma Antelo.

El caso del TIPNIS
El caso de mayor resonancia nacional e internacional ha sido el postergado proyecto de construcción de una carretera que cruza el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que abarca los departamentos de Beni y Cochabamba, que movilizó desde el 2011 a comunidades indígenas de la región en marchas en contra y a favor de este propósito.

En este conflicto, sin embargo, el gobierno dio marcha atrás y el 10 de febrero del 2012  promulgó una ley de consulta a los pueblos del TIPNIS. El 7 de diciembre del mismo año, el gobierno oficialmente informó que se habían consultado 58 comunidades de las 69 previstas, con una respuesta favorable para eliminar la intangibilidad del TIPNIS. Sin embargo, la Federación Internacional de Derechos Humanos, conjuntamente la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, restaron validez a los resultados de la consulta, concluyendo en su informe final que “el proceso de consulta no fue libre, ni informado, y no respetó el principio de buena fe”.

Quienes se opusieron a la construcción de la carretera y son contrarios a la política gubernamental que la alienta, debieron afrontar críticas desde dentro del movimiento indígena de las tierras bajas (en la cuenca amazónica), que culminaron a mediados del año pasado con la formal división de la Central Indígena de Pueblos Originarios de Bolivia (CIDOB).

Otro ejemplo está relacionado a la lucha por la tierra. Ávila destaca que la Ley 477, llamada “contra el avasallamiento”, vigente desde diciembre del 2013, “no es otra cosa que proteger a la propiedad privada latifundista”.

La norma prevé sanciones contra “las invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales”.

Según Ávila, ahora “es imposible para un movimiento social que no tiene tierras” tener acceso a ellas, puesto que dicha norma establece mecanismos de sanción y castigo para quienes intenten acciones de hecho por ocuparlas.

La experiencia boliviana complementa la aprobación de leyes por una mayoría oficialista, con una forma novedosa de criminalización de la protesta social, signada por la deslegitimación de las demandas desde adentro de los movimientos sociales que las enarbolan. Por lo pronto, el descontento parece haberse expresado en el resultado de las elecciones para gobernadores y alcaldes llevadas a cabo el pasado 29 de marzo. Si bien el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) se mantiene como la primera y única fuerza política nacional, los reveses en departamentos como La Paz, donde perdió la gobernación, son una advertencia de que la mayoría que detenta no es un cheque en blanco.
—Noticias Aliadas.


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IX Marcha indígena en defensa del TIPNIS, febrero del 2012. (Foto: Cortesía de CEJIS)
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