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AMÉRICA LATINA / EL CARIBE
Notas breves
Noticias Aliadas
25/03/2015
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América Latina, Guatemala, Chile, Honduras, Puerto Rico, Surinam.

La Iglesia Católica latinoamericana denunció el 20 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la “expansión acelerada” e “irracional” de las actividades extractivas que afectan el medio ambiente y las poblaciones en América Latina. En representación del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Mons. Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango, Guatemala, afirmó que en numerosos casos las empresas extractivas multinacionales “no respetan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades locales. La preservación de la naturaleza se subordina al desarrollo económico; la calidad de vida, tanto de las personas, como de los animales y las plantas, se sacrifica por la contaminación producida por las explotaciones mineras y de hidrocarburos”.

Cientos de personas protestaron el 21 de marzo en Osorno, Chile, durante la ceremonia de asunción del obispo Juan Barros, a quien acusan de haber ocultado y permitido los abusos sexuales a púberes y adolescentes cometidos por el exsacerdote Fernando Karadima durante las décadas de 1980 y 1990 en ese país. Karadima fue suspendido de por vida por el Vaticano en el 2011 por cargos de efebofilia. Víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos católicos en Argentina, Chile, México, Perú y República Dominicana, conformaron en febrero la red de colaboración “Unidos” para luchar contra la política de encubrimiento de la jerarquía católica latinoamericana hacia los abusos sexuales y llevar a la justicia a los responsables y encubridores de esos delitos.

La Federación de Periodistas de América Latina (FEPALC) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) manifestaron su repudio por el asesinato de periodistas en Guatemala y Honduras en un comunicado publicado el 19 de marzo. Entre enero y marzo del 2015, seis periodistas han sido víctimas de atentados contra sus vidas, tres en cada uno de esos dos países. En toda la región de América Central “coexisten sectores de poder político y del crimen organizado que, por separado o en comunión, atentan contra los periodistas que desnudan actos de corrupción y denuncian responsabilidades, amparados en la mayoría de los casos por un sistema judicial que no avanza sobre las investigaciones (en todos los países hay una tasa de impunidad superior al 95%) o que desliga la profesión periodística como móvil de los crímenes”, señala el comunicado.

Puerto Rico reconocerá las uniones entre personas del mismo sexo contraídas en otros estados de EEUU, anunció el 20 de marzo el secretario de Justicia César Miranda. Sin embargo, la realización de matrimonios en la isla todavía no está permitida. Miranda explicó que el gobierno puertorriqueño no impugnaría ante una corte federal las demandas de cinco parejas homosexuales que exigían que sus uniones fueran reconocidas en Puerto Rico, estado libre asociado de EEUU. “El Estado no puede propiciar la discriminación”, dijo Miranda, agregando que su gobierno no defenderá la constitucionalidad de un artículo del Código Civil puertorriqueño que limita el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer. La decisión de permitir las bodas homosexuales en todo el territorio estadounidense será tomada por la Corte Suprema a fines de abril. Más de la mitad de los estados de EEUU han aprobado los matrimonios homosexuales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró la decisión de Surinam,  adoptada el 3 de marzo, de abolir la pena de muerte. La eliminación de la pena de muerte del Código Penal surinamés “representa una oportunidad para que los países del Caribe den un paso adelante hacia la garantía de los derechos humanos en la región”, señaló la CIDH. En varias naciones del continente la pena de muerte está vigente en sus legislaciones, por lo cual la CIDH invocó a “avanzar en la reforma legislativa en esos países a fin de abolir esa pena en toda la región o, en su defecto, a imponer una moratoria en su aplicación”. Igualmente recomendó ratificar el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte a aquellas naciones que no lo hayan hecho.


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