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MÉXICO
Desapariciones forzadas son generalizadas
Noticias Aliadas
18/02/2015
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Más de 22,000 personas fueron sometidas a desaparición forzada entre el 2006 y el 2014.

La práctica de la desaparición forzada es generalizada en todo el territorio mexicano y la mayoría de casos quedan impunes, afirmó el Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas un informe presentado el 13 de febrero.

“La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada en vigor de la Convención. El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, dijo el Comité.

El gobierno de México presentó su sustentación el 2 y 3 de febrero sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, desde que entró en vigencia en el país en el 2010, tras su ratificación en el 2008.

Rainer Huhle, relator para el caso de México, reclamó que no exista una cifra oficial de personas desaparecidas.
“¿Cuántas desapariciones forzadas hay? No lo sabemos porque el Estado no nos ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”, dijo Rainer Huhle, relator para el caso de México.

En el informe en el que da a conocer sus conclusiones y recomendaciones, el Comité manifestó su preocupación por “la falta de información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”.

Sin embargo, Amnistía Internacional calcula en alrededor de 22,600 personas desaparecidas entre el 2006 y el 2014, según aseveró Erika Guevara Rosas, directora regional de Amnistía Internacional (AI) para las Américas. Y de esa cifra, la mitad de las desapariciones ocurrieron entre el 2012 y 2014, durante el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Campea impunidad
El Comité también mostró su preocupación “por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito. Al Comité le preocupan también los informes que dan cuenta de una serie de obstáculos que no permitirían que las investigaciones de las desapariciones forzadas se realicen de manera eficaz, incluyendo: a) el hecho de que en varios casos las autoridades competentes no habrían iniciado las investigaciones con la debida celeridad inmediatamente luego de haber recibido información acerca de una posible desaparición forzada; y b) la calificación de los hechos con base a otros delitos en numerosos casos en los que habrían existido indicios para suponer que se podría haber cometido una desaparición forzada”, sostiene.

Las recomendaciones incluyen contar con un registro nacional único sobre desapariciones forzadas, redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de migrantes que cruzan el territorio mexicano en camino hacia EEUU, e implementar unidades científicas y forenses para buscar a personas desaparecidas. México tendrá un año para entregar al Comité la información sobre la implementación de estos tres puntos.

En un comunicado, el gobierno mexicano indicó que las conclusiones del Comité “no reflejan adecuadamente la información presentada por México, ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención”.

Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Servicio y Asesoría para la Paz y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señalaron en una declaración que las recomendaciones planteadas por el Comité al Estado mexicano son cruciales “para romper el ciclo de impunidad en el contexto mexicano, donde actualmente las pocas investigaciones por graves violaciones a derechos humanos suelen limitarse a autores materiales de bajo rango, y donde la responsabilidad de diversas autoridades empieza precisamente por no actuar para poner fin a un contexto de abusos y colusión con el crimen organizado”.
—Noticias Aliadas.


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