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AMÉRICA LATINA / EL CARIBE
Notas breves
Noticias Aliadas
01/12/2014
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América Latina y el Caribe, en Argentina, México, Perú, Brasil, Honduras, República Dominicana

Casi 50% de las mujeres de América Latina y el Caribe que trabajan se desempeñan en empleos de baja productividad y con escasa protección social (trabajadoras del hogar, por cuenta propia o en empresas de hasta cinco trabajadores), reveló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un informe publicado el 18 de noviembre, que evalúa dos décadas de políticas de género en la región en el contexto del vigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer 1995 celebrada en Beijing. El documento señala que “las políticas públicas no han sido capaces de mejorar las condiciones de acceso de las mujeres al mercado laboral ni de garantizar su permanencia a lo largo de su ciclo vital, lo que resulta en una clara desventaja con sus pares hombres a la hora de tener una trayectoria laboral y acceder a remuneraciones equivalentes a las de los hombres, así como al derecho a una pensión para enfrentar la vejez con dignidad y sin dependencia”.

A principios de noviembre se inició el juicio en Argentina contra el periodista Agustín Bottinelli por la publicación en 1979 de una entrevista falsa a la madre de un desaparecido que se encontraba recluida en un centro de detención clandestino. En ese entonces Bottinelli era redactor jefe de la revista Para Ti, que apoyaba a la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Con el título “Habla la madre de un subversivo muerto”, la detenida Thelma Jara de Cabezas fue presentada como una arrepentida que describía cómo la guerrilla había engañado a su hijo Gustavo Cabezas para que tomara el camino de la lucha armada. Sin embargo, la entrevista fue fabricada por Bottinelli y otros periodistas como parte del aparato de encubrimiento y acción psicológica de la dictadura para mostrar que en el país no había secuestros ni desapariciones.

Durante un encuentro realizado el 15 de noviembre en Oventic, Chiapas, con comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y representantes de las Juntas de Buen Gobierno de los municipios autónomos zapatistas, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa denunciaron ser víctimas de hostigamientos y amenazas por demandar a las autoridades la aparición con vida de sus hijos. Los asistentes al encuentro articularon un movimiento nacional para reclamar el paradero de las personas desaparecidas y justicia para los ejecutados extrajudicialmente en México. A dos meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de setiembre por órdenes del exalcalde de Iguala, Guerrero, el gobierno sigue sin dar pistas sobre su paradero.

Global Witness, organización internacional dedicada a investigar y denunciar los intereses económicos detrás de los conflictos, corrupción y destrucción del medio ambiente, consideró al Perú como el cuarto país más peligroso del mundo para defensores ambientales, detrás de Brasil, Honduras y Filipinas. Desde el 2002, 57 defensores ambientales peruanos han sido asesinados, más del 60% en los últimos cuatro años. En su informe “El ambiente mortal de Perú”, presentado el 17 de noviembre, Global Witness cuestiona la falta de compromiso ambiental del país, sede de la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) a realizarse del 1 al 12 de diciembre.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la sentencia emitida el 4 de noviembre por el Tribunal Constitucional de República Dominicana de declarar inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), suscrito en 1999. La CIDH señaló en un comunicado que “la referida sentencia no encuentra sustento alguno en el derecho internacional” y por lo tanto el país no puede negarse a acatar las sentencias del tribunal interamericano. Además, la CIDH expresó su preocupación frente a la decisión del gobierno dominicano de rechazar una sentencia de la CorteIDH del 28 de agosto en relación a las violaciones a los derechos humanos como resultado de la discriminación estructural que sufren ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana que viven el país.


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