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Mujeres esterilizadas buscan justicia
Noticias Aliadas
14/02/2014
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Fiscal ordena archivamiento de los casos de más de 2,000 mujeres esterilizadas sin su consentimiento.

Entre 1993 y el 2000, 346,219 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar impulsado por el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La mayoría eran indígenas y campesinas que han denunciado haber sido esterilizadas de manera forzosa para cumplir las metas impuestas por la política de control demográfico implementada principalmente en zonas de extrema pobreza. Sin embargo, para el fiscal Marco Guzmán Baca, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, no existen evidencias de que se tratara de una política ordenada por Fujimori y aplicada por los ministros de Salud de aquellos años Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga y el 22 de enero dispuso archivar el caso.
Amnistía Internacional (AI) señaló en un comunicado que “existen sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado. Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o la retirada de apoyo alimentario si no se sometían a la operación. Muchas no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y 18 de ellas murieron”.

Fiscal se burla de víctimas
Aunque el caso incluía a 2,074 mujeres y Guzmán Baca entrevistó a 600 de ellas, sólo encontró indicios de delitos cometidos por seis médicos del norteño departamento de Cajamarca en agravio de María Mamérita Mestanza Chávez, quien en 1998 fue sometida a una esterilización quirúrgica sin su consentimiento y falleció una semana después a consecuencia de la operación.

“El fiscal no puede decir que no hay evidencias. Existen oficios, memorándums de los ministros que iban informando a Fujimori de cómo se cumplían o no las metas, donde se señalaban además las cuotas de mujeres que tenían que captar para esterilizarlas, y también se hablaban de las sanciones o recompensas que iban a tener”, denunció Rossy Salazar, representante legal de Demus, organización defensora de los derechos de las mujeres.

La parlamentaria andina y dirigenta indígena Hilaria Supa, quien desde hace casi dos décadas ha denunciado las esterilizaciones forzadas y acompañado a las víctimas, expresó su indignación ante la resolución del fiscal señalando que “no se observa preocupación por las víctimas, ni las secuelas en ellas de las esterilizaciones forzadas. Tampoco aborda las formas que usaron para esterilizar a las mujeres, el secuestro, la amenaza, la tortura”.

 “Se burla de las víctimas, y viola sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, por los que vienen luchando tantos años”, señala Supa, quien recalcó que había suficiente evidencia para hacer la denuncia: más de 140 libros que sustentan este caso de violación de derechos humanos están en manos de la Fiscalía.

En 1999, un grupo de organizaciones de derechos humanos peruanas e internacionales presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado peruano por el caso de Mestanza. Cuatro años después, el Perú reconoció haber violado los derechos de Mestanza a la vida, integridad personal e igualdad ante la ley y aceptó una solución amistosa con los familiares de la víctima que incluía una serie de medidas de reparación, como indemnizaciones económicas para el esposo y los hijos, y el compromiso a realizar “una exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares”.

Como parte de este compromiso, en el 2004 la Fiscalía abrió una investigación sobre este caso que fue cerrada en el 2009 bajo el argumento que no se habían encontrado indicios criminales. En el 2011, luego que la CIDH considerara que estos hechos constituyeron delitos de lesa humanidad y por tanto no prescriben, la Fiscalía ordenó la reapertura de la investigación sobre el caso de Mestanza y se incluyó a las más de 2,000 mujeres esterilizadas que, a decir de AI, “representan tan sólo una pequeña parte de un total de más de 200,000 mujeres esterilizadas en los años 90, en su mayoría mujeres indígenas y campesinas pobres que afirmaron que no habían dado su consentimiento pleno e informado”.

Sin embargo, la investigación quedó estancada hasta noviembre del 2012 cuando la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima emitió una resolución reabriendo el caso y estableciendo un nuevo periodo de indagaciones.

Testimonio
Carmen Mayhua Pimentel, campesina de Cusco, es una de estas miles de mujeres esterilizadas sin su consentimiento.

“Me ligaron el 20 de octubre de 1997. Yo tenía en esa época tres hijos y 28 años. Me visitaron por tres veces en el distrito de Mollepata [provincia de Anta]. La enfermera llegó con una ambulancia de a posta del distrito Limatambo de la provincia de Anta. De una en una nos llevaban a otra sala y luego regresaban y nos ponían en un colchón sobre el piso”, señala Mayhua en testimonio dado a Noticias Aliadas en el 2012.

“Queríamos salir pero nos habían encerrado. Nos ponían en camilla y nos sujetaban con jebe en los dos brazos. Me sacaban en cara que mi esposo había firmado. Lo habían engañado que mejor era no tener tantos hijos, que éramos pobres. En la posta cuando decía que no quería que me ligaran, me insultaban porque decían que me estaba haciendo de rogar. Luego, ya no sé nada. Desperté en un colchón sobre el suelo, no había quien nos atendiera. Al día siguiente, muy temprano a las 8 am nos regresaron en ambulancia a nuestro distrito, no teníamos pastillas para el dolor. Las veces que fui a la posta no me daban nada, me decían que así era”.

La abogada Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), anunció que los representantes legales de las víctimas presentaron el 28 de enero un recurso de queja para que el caso de las esterilizaciones forzadas sea visto en segunda instancia de la Fiscalía.

“Queremos que una instancia superior de la Fiscalía vea el caso, porque no es justo que archiven un caso de vejación a miles de mujeres”, declaró Cano a la prensa. “También se ha pedido una audiencia de seguimiento en la CIDH para ver el tema. Si la comisión otorga la audiencia, el Estado tendrá que dar cuenta de esta situación”.
“No es posible que las mujeres que fueron afectadas por las esterilizaciones se queden sin justicia”, agregó. “Es una burla que no podemos permitir, porque a nadie se le puede forzar a operarse y causarle lesiones graves”.
—Noticias Aliadas.


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Integrantes de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas - Cusco (AMAEFC) luego de la reapertura del caso en el 2012. (Foto: Noticias Aliadas)
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