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COLOMBIA
Persisten desafíos en derechos humanos
05/03/2012
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Informe señala mejoras en situación de derechos humanos pero violencia no cesa.

“La violencia generada en el marco del conflicto armado interno y sus graves consecuencias humanitarias, como desplazamientos forzados, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes e incidentes por minas antipersonal, siguen afectando el pleno goce de los derechos humanos”, señala el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación en Colombia en el 2011.

El documento, presentado el 27 de febrero, destaca los avances positivos del gobierno colombiano en la promoción y protección de los derechos humanos durante el año pasado, incluyendo las iniciativas para erradicar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas militares y policiales, conocidas como “falsos positivos”, y la adopción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, lo cual ha demostrado “la voluntad política y compromiso del gobierno con los derechos de las víctimas del conflicto armado interno con independencia de la identidad de los victimarios”.

La ACNUDH considera esta ley, que entró en vigencia el 20 de diciembre del 2011, como el instrumento más importante para facilitar la búsqueda de la paz y la reconciliación en Colombia. “Sin embargo, también presenta vacíos, como la exclusión de las víctimas de miembros de grupos armados ilegales, que puedan haber podido sufrir violaciones de los derechos humanos, o de niñas y niños víctimas del reclutamiento que no se hayan separado del grupo armado ilegal antes de cumplir 18 años”, dice el documento.

Para Amnistía Internacional (AI), si bien la ley es “un importante paso adelante para muchas de las víctimas del largo conflicto armado, no garantiza a muchas otras verdadera justicia y reparación”. En este sentido, AI manifestó su preocupación ante el hecho de que la norma no incluya “medidas eficaces que garanticen la seguridad de las personas que regresan a sus tierras y que algunas de estas personas puedan verse obligadas a trabajar junto a quienes primero las desplazaron, a menudo con violencia, o a cederles el control real de sus tierras. Dadas las gravosas exigencias que plantea la ley a quienes solicitan la restitución de tierras, es posible que a muchas víctimas les resulte difícil demostrar que son sus propietarios”.

A pesar de los avances señalados, la ACNUDH afirma que se ha continuado cometiendo “un número significativo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sobre todo por grupos armados ilegales, pero también presuntamente por agentes estatales. El continuo alto grado de violencia y la persistencia del conflicto armado interno tienen graves consecuencias humanitarias para la población civil”.

La expansión de nuevos actores armados ilegales, surgidos tras la desmovilización de agrupaciones paramilitares en el 2005 y que se organizan en torno al narcotráfico y otras actividades criminales, también es motivo de preocupación para la ACNUDH. Entre las principales víctimas de estos grupos se encuentran los sindicalistas. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en el 2011 fueron asesinados 29 líderes sindicales.

El informe también condena el accionar de grupos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluyendo ataques indiscriminados, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, secuestros, desplazamientos forzados, restricciones de movimiento y asesinatos.

En cuanto a la situación de los pueblos indígenas, el documento señala que “persisten los obstáculos para la conducción adecuada de consultas para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. La oficina [del ACNUDH] en Colombia observó una falta de comprensión sobre el alcance de las consultas por algunas autoridades locales y confirmó las situaciones de riesgo y presiones que enfrentan grupos étnicos cuando se llevan a cabo algunos procesos. La protección más efectiva de este derecho ha estado a cargo de la Corte Constitucional por medio de acciones de tutela”.

Entre sus recomendaciones, la ACNUDH exhortó al gobierno a “buscar una solución pacífica al conflicto armado que asegure una paz sostenible y duradera” y a los grupos armados ilegales a que “acepten y cumplan a cabalidad el derecho internacional humanitario y liberen de manera inmediata y sin condiciones a todas las personas secuestradas, cesen todos los actos violatorios de los derechos de las niñas y niños, dejen de cometer actos de violencia sexual y detengan la colocación de minas antipersonal”.
—Noticias Aliadas.


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