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AMÉRICA LATINA
Minería genera conflictos con poblaciones
23/02/2012
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Gobiernos tienen elevada dependencia de ingresos de industrias extractivas.

El aumento de los precios internacionales de los metales ha generado un auge de las inversiones en minería en la región, que en países como Chile, Colombia o Perú pueden alcanzar al 20% de su producto interno bruto, pero junto con ellas el número de conflictos socioambientales ha aumentado en número e intensidad.

Un 30% de las inversiones mundiales en exploración de nuevos yacimientos está en América Latina, según el Banco Mundial. Sin embargo, varios megaproyectos se encuentran estancados o suspendidos por la oposición de las poblaciones afectadas que se niegan a ser trasladadas sin su voluntad, a que bosques enteros sean talados o a que desparezcan sus fuentes de agua.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina tiene registrados actualmente 155 conflictos, incluyendo cuatro transfronterizos.

Una de las principales críticas de organizaciones ambientalistas y sociales son los millones de litros de agua que se necesitan para las operaciones mineras y el uso del cianuro para separar el oro de la roca. Para extraer un gramo de oro es necesario remover 1 TM de roca y consumir 400 litros de agua.

Las movilizaciones ciudadanas lograron la suspensión de proyectos como Famatina (Argentina), La Colosa (Colombia), Las Crucitas (Costa Rica), El Dorado (El Salvador) y Marlin (Guatemala). Sin embargo, otros como Veladero (Argentina) y Pascua-Lama (Argentina-Chile) obtuvieron luz verde a pesar de que destruirán glaciares y fuentes de agua que alimentan valles agrícolas.

En el Perú, el proyecto Conga, ubicado en el norandino departamento de Cajamarca, pretende secar cuatro lagunas para extraer el oro que se encuentra debajo de ellas. Aunque la población logró frenarlo temporalmente, el gobierno ha contratado a tres peritos extranjeros para que identifiquen y propongan medidas que permitan mejorar las acciones ambientales planteadas en el estudio de impacto ambiental.

A decir de José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú, “la agenda ambiental en muchos países tiene una tercera o cuarta prioridad. Las regulaciones ambientales en gran medida son flexibles y laxas por el peso que tiene el aspecto económico. Existe una fuerte dependencia de los ingresos que generan las industrias extractivas y muy poca voluntad política para enfrentar los retos sociales”. 
—Noticias Aliadas.


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