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PANAMÁ
Protesta antiminera se torna mortal
08/02/2012
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Ngöbe buglé que reclamaban contra proyectos extractivos sufren violenta represión policial.

Fuerzas de seguridad panameñas reprimieron el 5 de febrero a integrantes de comunidades indígenas ngöbe buglé que protestaban contra concesiones mineras e hidroeléctricas en sus territorios. Los choques dejaron dos muertos y numerosas personas heridas, denunciaron grupos de derechos humanos locales.

Líderes indígenas habían anunciado el 4 de febrero que sólo reanudarían las negociaciones con el gobierno si las Naciones Unidas enviaban un observador.

Las tensiones entre los grupos indígenas panameños y el gobierno se intensificaron desde que la administración del presidente Ricardo Martinelli promovió en el 2009 una polémica legislación que facilitaría a empresas extranjeras explorar y explotar metales. Algunos de los proyectos cupríferos más importantes se encuentran en territorios indígenas, conocidos como comarcas, o cerca de ellos.

Los indígenas bloquearon carreteras en la provincia occidental de Chiriquí, mientras que otros marcharon en la capital. La Policía les lanzó gases lacrimógenos y aplicó otras medidas de represión.

El Consejo Nacional de Periodismo, que agrupa a profesionales de la prensa, denunció que el gobierno estaba violando la libertad de expresión al suspender el servicio telefónico y de internet en las zonas de conflicto.

Treinta y cinco grupos de derechos humanos nacionales e internacionales firmaron una carta abierta en la que señalan que la comunidad ngöbe-buglé demanda que se reincorpore al proyecto de ley, actualmente en debate, que establece un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca Ngöbe-Buglé, una cláusula que fuera excluida por la Asamblea Legislativa, que establecía que en sus tierras no se desarrollarán proyectos extractivos ni hidroeléctricos.

En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al gobierno “garantizar la integridad física y seguridad de líderes y miembros del pueblo indígena Ngöbe Buglé que protestan contra la aprobación de legislación relativa a la ejecución de proyectos de inversión en sus territorios”.

La CIDH reiteró a las autoridades panameñas que “los Estados deben garantizar que los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos, teniendo en cuenta que esta consulta debe estar dirigida a alcanzar un acuerdo en relación a las acciones administrativas o legislativas que tengan un impacto sobre sus derechos”.

El 7 de febrero los manifestantes aceptaron sentarse a negociar con las autoridades gubernamentales.
—Noticias Aliadas.


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