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AMÉRICA LATINA
Por justicia alimentaria
Elsa Chanduví Jaña
29/11/2011
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Para sociedad civil organizada, se trata de cambiar sistemas alimentario y agrícola actuales.

“La canasta alimentaria, el maíz, el trigo, están en manos de los países poderosos. Hay un ordenamiento equivocado de la tierra, la producción y la comercialización de los alimentos, hay una injusticia alimentaria”.

Así define la actual crisis alimentaria Rosario Romero, investigadora de la organización no gubernamental Forum Solidaridad Perú, para quien “en el sistema globalizado el mercado es el que define todo, si la gente como o no come”.

La actual crisis alimentaria constituye una grave amenaza para los sectores más pobres de América Latina, la región de mayor desigualdad del mundo y donde más de 52.5 millones de sus habitantes sufren hambre.

Los primeros meses de este año los precios internacionales de los alimentos, como el trigo y el maíz, excedieron el pico de la crisis de los alimentos del 2008, cuando el alza llegó a casi 50% respecto al año anterior. El alza internacional del precio de los alimentos agrava el hambre y la desnutrición de casi 10% de la población de la región.

Para hacer frente a la crisis alimentaria, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) plantea que debe alcanzarse la seguridad alimentaria, es decir, que la población tenga acceso seguro en todo momento a alimentos suficientes para una vida saludable.

Esta meta parece casi imposible para el casi 30% de la población rural de América Latina, que vive en pobreza extrema: no tiene dinero para comprar alimentos suficientes y el precio de los alimentos está en subida.

“Las más afectadas son las mujeres porque son ellas las que tienen que enfrentar el día a día en el mercado”, señala Romero.

Frente a esto, añade Romero, los gobiernos recurren a programas contra la pobreza o de seguridad alimentaria, cuya responsabilidad recae sobre los hombros de las mujeres.

En la década del 80 surgieron en el Perú los llamados comedores populares, en los que mujeres organizadas preparaban un menú alimenticio accesible a sus socias, como un trabajo solidario entre ellas.

En los años 90 el Estado pasó a subsidiar los comedores, los cuales subsisten pero han venido siendo motivo de clientelismo político por parte de los gobiernos de turno.

Pero la principal crítica a programas como los comedores populares o de seguridad alimentaria es que “crean dependencia por parte de los beneficiarios, lo que en el largo plazo atenta contra la capacidad de salir de esa situación”, señala Eduardo Zegarra, investigador principal de la organización no gubernamental peruana Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

Otro sistema es posible
Para el movimiento internacional Vía Campesina no basta con que el alimento esté disponible, sea accesible, suficiente e inocuo, de lo que se trata es de alcanzar la soberanía alimentaria, es decir, “dar prioridad a la producción y consumo local de alimentos”. Para ello plantea “el desarrollo de un modelo de producción campesina sostenible que favorece a las comunidades y su medio ambiente”.

En ese sentido, Vía Campesina alza su voz contra la producción de agrocombustibles —destinar tierras donde podrían cultivarse alimentos a la producción de productos vegetales para la generación de combustibles—, que salvo en casos concretos producen menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles.

“La actual expansión de la producción de agro-carburantes contribuye a la masiva concentración de capital por parte de terratenientes, grandes empresas y transnacionales, que está provocando una verdadera contra-reforma agraria por todo el mundo. Más aún: contribuye a una mayor especulación sobre los productos de alimentación y los precios de la tierra”, señala Vía Campesina.

El documento de convocatoria al Foro Europeo para la Soberanía Alimentaria, realizado en agosto de este año en Austria, señala: “El sistema alimentario mundial y agrícola está ahora dominado por la lógica de competitividad y creciente mercantilización que permite a la agroindustria y a los grandes minoristas mantener sus codiciados beneficios. La presión en aumento sobre los precios (bajos precios para los agricultores, altos precios para los consumidores, publicidad de la comida basura transformada) y las condiciones laborales (contratos precarios, flexibilidad, gran carga de trabajo) son una parte inherente de este sistema”.

“Sucede que los Estados renunciaron a su función de buscar bienestar para los ciudadanos, le dejaron al mercado que resuelva todo. Ese tema de desigualdad, marginación, injusticia alimentaria, el mercado no lo va a resolver porque el mercado lo ha causado”, dice Romero.

Los Estados deben recuperar parte de su dignidad y preocuparse por lo que les sucede a los ciudadanos aplicando políticas agrarias que busquen el logro de la soberanía y la justicia alimentaria, al tiempo que apunten a la construcción de un mundo rural sostenible.

“La sociedad civil, en particular los gremios, están exigidos a manejar propuestas, porque de otra manera los Estados no van a cambiar sus políticas”, concluyó Romero.

Como señala la organización Amigos de la Tierra, “es necesaria una reconversión positiva de la tierra, pasando de la agricultura intensiva, a gran escala, a sistemas ecológicamente adecuados y diversos”.


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