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EL SALVADOR
Impunidad prevalece en asesinato de jesuitas
Edgardo Ayala
01/09/2011
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Corte Suprema rechaza extradición de militares acusados del crimen para ser juzgados por tribunal español.

Nuevamente los esfuerzos por encontrar la verdad en el crimen de los seis sacerdotes jesuitas perpetrado en 1989, siguen topándose con los muros impuestos por una justicia que pareciera no querer mirar hacia atrás.

En un controversial fallo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador cerró el camino el 24 de agosto para que nueve militares acusados de participar en el asesinato de los seis religiosos y que enfrentan cargos por crímenes de guerra en España, sean extraditados a ese país para ser juzgados.

El 7 de agosto se conoció en El Salvador que el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España, había emitido una orden de detención a través de la Interpol contra los nueve militares salvadoreños para ser juzgados en ese país. Sin embargo, la CSJ dijo que no procedía la captura de los militares porque la solicitud de detención no contenía ninguna petición de extradición por parte del tribunal español.

“Hemos determinado que no hay solicitud de detención con fines de extradición”, declaró a la prensa el magistrado Ulises de Dios Guzmán.

El juez Velasco abrió el juicio en el 2009 a partir de la demanda interpuesta un año antes por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), de San Francisco, y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), amparados en el concepto de Justicia Universal.

Durante la pasada guerra civil (1980-92), el 16 de noviembre de 1989, en el marco de una ofensiva guerrillera que puso en jaque al gobierno, un comando del Ejército penetró de noche al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y asesinó al rector Ignacio Ellacuría y a los sacerdotes Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, así como al ama de llaves, Elba Ramos, y a su hija Celina, de 15 años. Los cinco primeros eran españoles.

La derecha y la cúpula militar consideraban a los jesuitas, y sobre todo a Ellacuría, como ideólogos de la guerrilla, por ser referentes en Latinoamérica de la llamada Teología de la Liberación. Más 12,000 documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA), entregados al juez Velasco, demuestran que el crimen había sido planeado un día antes de cometerse.

En 1991, cuatro oficiales y cinco soldados fueron procesados por el asesinato de los religiosos —dos de los oficiales fueron declarados culpables —, pero dejados más tarde en libertad beneficiados por la Ley de Amnistía de 1993. Sin embargo, ese juicio estuvo cargado de vicios por lo cual el juez Velasco aceptó abrir un nuevo proceso que diera luz sobre el crimen.


Militares protegidos
En una movida audaz, el mismo día que se conoció la emisión de la orden del tribunal español, los acusados se resguardaron en una base militar al este de San Salvador. Con ello evitaron la detención basándose en una figura jurídica inexistente, el “resguardo militar” como lo llamó su equipo de abogados, lo cual puso en evidencia el nivel de fragilidad en que se encuentran las instituciones del Estado a la hora de querer procesar a ex militares involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la  guerra civil.

“En este país, los criminales en lugar de huir cuando se les quiere detener, se entregan voluntariamente, y lo hacen porque tienen la certeza que el sistema los protegerá, como en efecto pasó”, dijo a Noticias Aliadas Benjamín Cuellar, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

Entre los militares acusados del múltiple crimen figuran altos oficiales que se desempeñaron durante la guerra civil en puestos de mando dentro del Ejército, entre ellos el entonces ministro de la Defensa, general Rafael Humberto Larios, así como el comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña, general Juan Rafael Bustillo.

La lista la completan los coroneles Francisco Elena Fuentes y Juan Orlando Zepeda,  los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos, los subsargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el soldado Mariano Amaya Grimaldi.

Otros 10 oficiales salvadoreños figuran en una lista ampliada de extraditables del juez Velasco por el mismo caso, y se ha conocido que promovería esas detenciones en los próximos meses, aunque está por verse cómo reaccionará el magistrado español a partir de la resolución de la Corte salvadoreña.

Por lo pronto, el coronel Inocente Orlando Montano, ex ministro de Seguridad durante el conflicto e incluido en la lista ampliada de Velasco, fue detenido el 23 de agosto en EEUU bajo cargos de falsear información migratoria que le había permitido vivir cómodamente en ese país, informó el diario The Boston Globe.


Indignación
El fallo de la CSJ generó alegrías en círculos militares y en la derecha del país, y por otro lado indignación en organizaciones sociales que han clamado justicia en ese y otros casos de violaciones a los derechos humanos sucedidos durante el conflicto interno que dejó un estimado de 70,000 muertos y 8,000 desaparecidos.

“El fallo evidencia que la impunidad sigue institucionalizada en el país, sigue predominando en borrón y cuenta nueva”, dijo a Noticias Aliadas Ima Guirola, del Instituto de Estudios de la Mujer.

“Yo creo que en El Salvador la impunidad ha sido una característica prevaleciente desde hace años, y sigue prevaleciendo aún”, señaló por su parte Ramón Villalta, de la Iniciativa Social para la Democracia.

No es la primera vez que la búsqueda de la verdad en el caso de los religiosos asesinados es atajada en seco por la justicia local.

En el 2000, la CSJ también se negó a reabrir las investigaciones en torno al caso, como lo solicitaba la Compañía de Jesús. La Corte alegó que ya habían pasado los 10 años que da la ley para mantener abierto un caso, y además, que la Ley de Amnistía protegía a los militares acusados.

El general retirado Ernesto Vargas, firmante del Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron a la guerra civil, señaló a Noticias Aliadas que si la CSJ hubiera dado luz verde para proceder contra los militares, se habría dinamitado ese tratado, a cuya base estuvo la citada ley que perdonó los crímenes políticos cometidos durante la guerra civil tanto de militares como de la guerrilla.

“No podía haber acuerdo de paz sin la amnistía; es el precio que tuvimos que pagar para lograr la paz”, dijo Vargas.

Pese al fallo de la CSJ que favoreció a los militares acusados, Cuellar aseguró que el caso continuará su curso en España.

“El juez Velasco”, dijo Cuellar, “deberá juzgarlos en ausencia, y condenarlos en ausencia, si ese fuera el caso”.
—Noticias Aliadas.


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