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PERÚ
Ley de Consulta aprobada por unanimidad
31/08/2011
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Pueblos indígenas deberán dar su consentimiento sobre decisiones que los afecten directamente.

Como un gran avance en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas fue considerada la aprobación por el Congreso en forma unánime de la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios.

Organizaciones indígenas y sociales coincidieron en señalar que la ley, aprobada el 23 de agosto y que entrará en vigencia en 90 días tras su promulgación por el Poder Ejecutivo, propiciará el diálogo intercultural y contribuirá a prevenir los conflictos sociales en el país, que en los últimos cinco años dejaron 191 muertos, según la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a más de 1,500 comunidades indígenas amazónicas, señaló en un comunicado que la aprobación de la ley “es un paso importante para el reconocimiento de los saberes, condiciones, necesidades y protección que necesitan los pueblos indígenas del atropello que han sido víctimas durante siglos por el Estado peruano”.

Para Iván Lanegra, defensor adjunto en Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, la ley permitirá “en primer lugar, garantizar el goce efectivo de los derechos de todos los pueblos indígenas. En segundo lugar, darles la oportunidad de decidir por sí mismos su vida, su destino y, sin dudas, las vías hacia la prosperidad”.

El Instituto de Defensa Legal precisó que la norma “expresa los estándares mínimos jurídicos establecidos en el Convenio 169 [sobre Pueblos Indígenas y Tribales] de la Organización Internacional del Trabajo, vigente en el país desde 1995, que además contaba con el importante consenso de las organizaciones nacionales indígenas”.

El texto de la ley es el mismo que el Congreso aprobó en mayo del 2010 y que el entonces presidente Alan García (2006-2011) se negó a promulgar, devolviéndolo con una serie de observaciones, incluyendo que debía quedar explícito que los pueblos indígenas no tienen derecho a veto en asuntos administrativos o legislativos que los afecten directamente.

Si bien la norma aprobada no establece el derecho al veto, sí indica que la finalidad de la consulta es “alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos”.

Actualmente un 75% del territorio amazónico ha sido concesionado a industrias extractivas. La aprobación por el ex presidente García de una serie de decretos legislativos que favorecían las concesiones mineras, petroleras y forestales en territorios indígenas desencadenó una gran protesta indígena que concluyó en junio del 2009 con los enfrentamientos en la localidad nororiental de Bagua donde murieron 34 personas entre indígenas y policías.
—Noticias Aliadas.


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