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BRASIL
Grandes proyectos, gran amenaza
José Pedro Martins
17/07/2011
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Gobierno da luz verde a emprendimientos que afectan territorios indígenas.

Aunque la Constitución brasileña garantiza el derecho de los indígenas a la consulta previa sobre los proyectos y programas con potencial impacto sobre sus tierras, grandes proyectos, impulsados por el gobierno brasileño en los últimos años, no estarían considerando los derechos integrales de los pueblos indígenas.

La Constitución brasileña de 1988, en su artículo 231, reconoce a los pueblos indígenas “su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, siendo competencia de la Unión demarcarlas, proteger y hacer respetar todos sus bienes”. 

El mismo artículo señala que las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas “se destinan a su posesión permanente, correspondiéndoles el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes”. Asimismo, el aprovechamiento de los recursos hídricos, incluidos los potenciales energéticos, la exploración y la extracción de las riquezas minerales en tierras indígenas “sólo pueden efectuarse con autorización del Congreso Nacional, después de escuchar a las comunidades afectadas, asegurándoles la participación en los resultados de la extracción, conforme a ley”.

Sin embargo, hay sectores de la sociedad brasileña, como la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), que ven con preocupación “el avance de más de 400 emprendimientos que afectarán 182 territorios [indígenas ya demarcados]”.

“De los más de 250 pueblos indígenas de Brasil, cerca de 90 permanecen en condición de aislamiento voluntario. Viven en medio del bosque, pero tienen sus vidas amenazadas por grandes proyectos gubernamentales, muchos de ellos parte del Programa Nacional de Aceleración del Crecimiento (PAC), que avanzan sobre sus territorios tradicionales. La condición de vulnerabilidad en que se encuentran los expone a permanente riesgo de extinción a consecuencia de los graves daños causados por muchas de estas obras, que se revelan altamente perjudiciales para el propio medio ambiente”.

Así lo señaló la CNBB en nota oficial al concluir su 49ª Asamblea General, celebrada en la ciudad de Aparecida, estado de São Paulo, entre el 4 y el 13 de mayo del 2011.


Proyectos no benefician a indígenas
Uno de estos emprendimientos que constituyen una amenaza para los pueblos indígenas es el proyecto de transvase de las aguas del río São Francisco, uno de los ríos más largos de Brasil, que atraviesa cinco estados brasileños, desde Minas Gerais hasta desembocar en el océano Atlántico, después de recorrer más de 2,800 km. El proyecto de trasvase busca exportar las aguas del São Francisco a los estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba y Pernambuco, donde se encuentran las áreas pertenecientes al llamado semiárido del Nordeste, marcado por sequías intensas.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas y movimientos sociales han sido muy críticos con el proyecto de trasvase, que en realidad no tendría como beneficiarias a las comunidades populares, como los pueblos indígenas que viven en la cuenca del río São Francisco. Es el caso de los pueblos truká, xukuru, pipipã (Pernambuco), tuxá y tumbalalá (Bahia), xukuru-kariri y geripankó (Alagoas) y xokó (Sergipe). Muchos de estos pueblos con tierras en la cuenca del São Francisco —conocido como Opará por los indígenas— todavía no tienen totalmente demarcado su territorio, y en consecuencia el reconocimiento de los derechos inmemoriales de las comunidades indígenas es cuestión ética pertinente al examinarse un proyecto de esta envergadura. 

Se estima que al menos 18 pueblos indígenas en el Noreste y Minas Gerais pueden estar siendo afectados de alguna manera con el proyecto de trasvase.

“Hubo audiencias en el caso del trasvase pero fueron en entornos sofisticados y además muchos indígenas que iban a participar en ellas se quedaron con sus buses parados a mitad de camino, lo que les impidió participar de manera adecuada”, dice el obispo emérito Mons. Tomás Balduíno, ex presidente y uno de los fundadores del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), órgano vinculado a la CNNB.

Otro proyecto con apoyo gubernamental y muy controvertido es la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en la cuenca del río Xingú, en la Amazonia brasileña. Será una de las represas hidroeléctricas más grandes del mundo, y es considerada por el gobierno federal como obra estratégica para garantizar energía a un país que crece en términos económicos 4% al año como mínimo. Debe generar unos 11,000 megavatios.

Sin embargo, desde el principio el proyecto ha sido cuestionado por sus impactos ambientales y sociales, tales como los relacionados con los pueblos indígenas de la región. En la cuenca del río Xingú viven 28 etnias —12 en el estado de Mato Grosso y 16 en el de Pará—, en 29 territorios indígenas, que suman unos 20,000 indígenas. Hay tres territorios indígenas directamente afectados por el proyecto de Belo Monte, dos por la reducción del caudal del Xingú (Arara de Volta Grande y Paquiçamba) y uno por el aumento previsto del tráfico en la carretera que cruza la región (Área Indígena Juruna). En las tres áreas viven unas 230 personas.

Otros siete territorios indígenas serán afectados indirectamente por el proyecto de Belo Monte, sumando casi 2,000 personas. Todos estos datos constan en el estudio de impacto ambiental elaborado por Eletrobras, la empresa estatal responsable del proyecto. El gobierno federal ha declarado que se garantizarán todos los derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, los propios indígenas están muy preocupados. El 28 de enero del 2011, pocos días después de asumir el cargo, la presidenta Dilma Rousseff recibió una carta de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), que expresaba su posición contraria a la construcción del Complejo Hidroeléctrico de Belo Monte.


Indígenas reclaman ser escuchados
Los líderes de la COIAB afirman que “el gobierno brasileño ha asumido una postura negligente e irrespetuosa con los pueblos indígenas, ya que además de violar integralmente los derechos de los pueblos indígenas garantizados en la Constitución Federal vigente y en el derecho internacional (Convenio 169 de la OITy Declaración de las Naciones Unidas [sobre los derechos de los pueblos indígenas]), que exige el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en el caso de emprendimientos que afecten sus vidas, el gobierno ha permitido también que Eletronorte [principal accionista del Consorcio Norte Energia, que construiría el complejo] intente cooptar a los indígenas”.

La COIAB pide, en suma, a la presidenta Rousseff que los pueblos indígenas sean escuchados: “Son los ríos los que alimentan nuestra cultura. Para que el Xingú no se ahogue en este valle de lágrimas, para que los cementerios de las familias del Xingú no se conviertan en emplazamientos de obras, y para que esos emplazamientos no se conviertan en otros cementerios, pedimos una vez más que escuchen nuestra voz”.

La vicecoordinadora de la COIAB, Sonia Bone Guajajara, observa que, además de la consulta previa, “también es necesario que haya consentimiento, porque es muy fácil consultar y luego, sin el consentimiento de los pueblos indígenas, continuar un proyecto ignorándolos”. Añade que la posición del gobierno brasileño, en el caso del proyecto de Belo Monte, ha sido cuestionada recientemente por la Organización de Estados Americanos (OEA).

A fines de marzo del 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA pidió al gobierno brasileño suspender la concesión de licencias y la construcción del Complejo Hidroeléctrico de Xingú. Entre otras razones, la Comisión defiende la necesidad de que el gobierno brasileño promueva procesos de consulta “previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada” en el caso de todas las comunidades indígenas afectadas por el proyecto. Ante ello, la presidenta Dilma Rousseff decidió suspender relaciones con la CIDH.

“Las consultas deben considerar el idioma y las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas”, mantiene Mons. Balduíno.

“El gobierno está pasando por encima, está difícil para las comunidades, pero estamos movilizados”, destaca la vicecoordinadora de la COIAB, citando un acto público en Brasília, crítico del proyecto de Belo Monte.

La obra, que será inaugurada el 2015, recibió el 1 de junio el visto bueno del estatal Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables.

Para el obispo emérito de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, Mons. Pedro Casaldáliga, los pueblos indígenas siguen sin ser escuchados sobre grandes proyectos porque, en su opinión, “son proyectos identificados con los agronegocios, con el lucro rápido, mientras que los indígenas son identificados con la vivencia en común, con la comunión con la tierra, con dar tiempo al tiempo”. 

Para Mons. Casaldáliga, el derecho a la consulta previa sólo será observado integralmente en Brasil y toda América Latina después de “la alianza y el fortalecimiento cada vez mayor de los pueblos indígenas y también de los negros, los migrantes, las poblaciones afectadas por grandes represas, en gestos de profecía que pueden realmente cambiar las cosas”.
—Noticias Aliadas.


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Lideresa Sonia Bone Guajajara junto a cacique Raoni Kayapó, en manifestación en Brasilia. (Foto: Comunicação COIAB)
Noticias Aliadas / Latinamerica Press
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