Martes, 22 de Octubre, 2019
Sección de suscriptores(as) Identificación Contraseña
BOLIVIA
Dilemas y conflictos de la consulta previa
Ricardo Herrera Farell
17/07/2011
Envíe un comentario Imprima el texto de esta página

Pueblos indígenas reclaman a gobierno respetar derecho a ser consultados sobre cualquier actividad extractiva en sus territorios.

Mientras las organizaciones indígenas y campesinas de distintas regiones del país siguen reclamando que no se aplica la consulta previa sobre la explotación de los recursos naturales y se vulneran sus derechos territoriales, desde el gobierno el presidente Evo Morales ha denunciado que algunos dirigentes utilizan ese mecanismo para “extorsionar” a las empresas privadas y estatales que desarrollan proyectos de prospección de hidrocarburos y de minerales.

En ese clima de discrepancia se debate hoy en Bolivia la aplicación de la norma, que para algunos analistas tiene como trasfondo la incapacidad del Estado para proponer alternativas a un modelo de desarrollo extractivista.

La consulta previa fue incorporada a la nueva Constitución Política del Estado en el 2009 y se la menciona en los artículos 30, 352 y 403. En ellos se reconoce el derecho de los pueblos indígenas y campesinos a que se les consulte antes del inicio de cualquier actividad extractiva en sus territorios. También establece que debe aplicarse antes de la firma de cualquier contrato, licitación o autorización de inicio de obras que involucren el uso de recursos naturales.

“Bolivia fue uno de los primeros en el mundo en adoptar en su legislación la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007, donde se establece que la finalidad de las consultas es obtener el consentimiento libre e informado (artículos 32-2). También adscribió al Convenio 169 [sobre Pueblos Indígenas y Tribales] de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que no deja dudas acerca del reconocimiento del Estado de los derechos que tienen los pueblos indígenas a la toma de decisiones sobre su territorio”, explica Iván Bascopé, del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).


Conflictos sociales
Sin embargo, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo de Ayllus y Markas del Qullausuyu (CONAMAQ) sostienen que la norma ha quedado sólo en papeles y que las empresas extranjeras y nacionales no respetan los territorios indígenas y campesinos e intervienen en ellos causando graves daños al ecosistema.

Ese fue uno de los motivos de la multitudinaria marcha de protesta que a mediados del 2010 emprendieron desde Trinidad, capital del oriental departamento del Beni, rumbo a La Paz, organizaciones aglutinadas en la CIDOB y la agenda alternativa que propuso la CONAMAQ en la polémica Mesa 18 de la Conferencia Mundial de Pueblos sobre el Cambio Climático promovida por el gobierno y realizada en abril del año pasado en Cochabamba.

La explotación de cobre en la planta de Corocoro, que se encuentra en la comunidad de Jach’a Suyu Pakajaqui, en la provincia Pacajes del departamento de La Paz, es uno de los casos que más preocupan a la CONAMAQ. El proyecto hidrometalúrgico, a cargo de la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y de la empresa coreana Kores, prevé una inversión de US$200 millones, se inició sin licencia ambiental, desvió el curso de un río y tiene registros de contaminación. La organización ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de soluciones ante la falta de atención del gobierno a sus reclamos.

Otro caso de vulneración del derecho a la consulta previa es reclamado por representantes de los pueblos yuracaré, mojeño y chiman que viven en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro- Secure, por donde pasará una carretera asfaltada de 360 km que conectará los departamentos de Cochabamba y Beni. Existe el temor de que la infraestructura vial, cuya construcción se inició el 4 de junio, no sólo destruya un sistema de alta biodiversidad, sino que fomente cultivos de coca y la extracción ilegal de madera tropical.

Los conflictos socioambientales en Bolivia han aumentado en los últimos años, y los indígenas y campesinos del Chaco, que abarca parte de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, son los que más tensiones han vivido, porque la región concentra la mayor parte de la actividad hidrocarburífera del país.

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que es la organización más representativa del pueblo guaraní en Bolivia, lideró el año pasado marchas de protesta e incluso bloqueos de caminos contra la contaminación que genera la exploración de yacimientos de petróleo en los acuíferos del parque Agüaragüe.

“Hemos descubierto derrames de petróleo en vertientes y quebradas de donde la gente recoge agua, y tuvimos que realizar bloqueos de caminos para que el gobierno nos escuche y presentarle nuestras quejas sobre ese y otros problemas de incumplimiento de monitoreo ambiental, contaminación e indemnizaciones por las actividades hidrocarburíferas en el territorio guaraní. No estamos en contra del desarrollo del país ni contra la política estatal, como así lo dio a entender el ministro de Hidrocarburos Carlos Villegas el año pasado, pero vemos que los convenios se quedan en los papeles y en la práctica no se ven. Sólo pedimos que se nos respete”, dice Celso Padilla, presidente de la APG.


Consultas deficientes
Por su parte, el director de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Omar Quiroga, ha declarado que los procesos de consulta y participación con las comunidades indígenas se llevan a cabo desde el 2007, y que para fines del 2011 llegarán a más de una veintena. Las consultas se realizan en cuatro etapas y en un plazo de dos meses en los que se establece un convenio de validación de acuerdos entre las partes involucradas.

“Ese tipo de consultas no tiene validez jurídica, porque la misma entidad que quiere ejecutar el proyecto es la que realiza la consulta previa, y ese es un problema de juez y parte muy serio que se da también en las evaluaciones de impacto ambiental, porque la realizan las mismas empresas o entidades que están interesadas en que se haga una explotación”, cuestiona el analista Pablo Villegas, del Centro de Documentación e Investigación Bolivia (CEDIB).

“Las consultas que ha hecho el Ministerio de Hidrocarburos tienen muchas deficiencias, porque se las hace con la dirigencia de las organizaciones indígenas y campesinas y se omite hablar con las autoridades de cada comunidad. Pero además, en los cuatro encuentros de evaluación sólo se realizan talleres informativos y la última reunión es para la validación. En la práctica no hay metodologías acordes para hacer consultas como establece la normativa, ni la voluntad política para adaptar estos procedimientos de acuerdo a la realidad de los pueblos indígenas y campesinos, porque la política nacional sigue siendo de carácter extractivista”, sostiene Bascopé, agregando que si en hidrocarburos y minería se presenta este panorama, en lo forestal es mucho más caótico, porque no hay una norma que esté regulando las concesiones, el tipo de empresas que pueden sacar la madera y bajo qué condiciones se debe hacerlo.

La crítica del gobierno a los reclamos ha sido dura. El ministro Villegas ha culpado a sectores indígenas por la postergación de planes de inversión, y en setiembre del año pasado los acusó de exigir compensaciones sobredimensionadas. El 27 de abril de este año, al anunciar las reservas de gas encontradas en el pozo Aquío X-1001 en la región de Caraparicito, en el oriental departamento de Santa Cruz, el presidente Morales dijo que se ha tergiversado el objetivo de las consultas, porque algunos indígenas no lo hacen con el objetivo de conservar el medio ambiente, sino como “chantaje” a las empresas y al Estado.

“Si el presidente tiene pruebas de chantajes debería mostrarlas, pero hasta ahora no lo ha hecho”, dijo Padilla. “Lo único que exigimos son nuestros derechos. El temor del gobierno será de perder los contratos preestablecidos que ya ha hecho con empresas extranjeras sin consultarnos a nosotros”.


Modelo a seguir
Pareciera que la consulta previa en Bolivia se encuentra en un callejón sin salida, pero el caso de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Charagua Norte es un ejemplo que puede servir de modelo para solucionar conflictos similares. En dicha región del Chaco boliviano, los indígenas guaraníes lograron establecer sus demandas y requerimientos a través de un proceso de consulta y participación que determinó que el Estado desarrolle el proyecto de exploración sísmica de los campos petroleros Tacobo y Tajibo de acuerdo a sus requerimientos.

“Les dijimos: no queremos talleres, no queremos explicaciones teóricas en Power Point, queremos explicaciones en nuestro idioma, queremos hacerlo con nuestros usos y costumbres y de acuerdo a los criterios técnicos que nos indican los monitores socioambientales guaraní que viven en la zona”, dice Ronald Gómez, líder de la TCO Charagua Norte.

Gómez cuenta que anteriormente las empresas y autoridades hacían reuniones con la dirigencia, se hacía el acta de consentimiento y se suscribían los acuerdos para la ejecución de las obras, pero no se consultaba directamente a la comunidad. Esta vez se exigió primero el consenso con las comunidades y luego con la dirigencia. No sólo eso cambió, sino que también los talleres fueron sustituidos por asambleas en las que se estableció que el pueblo afectado pueda ejercer su libre determinación a la hora de decidir cómo quiere hacer la consulta, tener voto resolutivo en la toma de decisiones y la aplicación de su propia justicia, no en el sentido de castigar, sino de administrar su territorio.

Se estableció que si en una etapa de la planificación o toma de decisiones no había consenso no se podía pasar a la siguiente etapa, sin necesidad de sujetarse a los dos meses reglamentados por el Ministerio de Hidrocarburos como duración del proceso de consulta.

En este proceso también fueron fundamentales los monitores socioambientales que desde hace más de tres años el pueblo guaraní utiliza para el relevamiento, registro, información y control permanente del estado de los recursos naturales y de las actividades extractivas en todo el territorio guaraní del Chaco boliviano. Los informes de los monitores locales de Charagua Norte fueron decisivos para la toma de decisiones. “Ellos aportan la parte técnica y con la experiencia que tienen se evita que con el cambio de autoridades en las comunidades se tomen otras decisiones”, explica Gómez.
—Noticias Aliadas.


Compartir

Indígenas guaraníes de la comunidad Charagua Norte lograron que el Estado realice consulta de acuerdo a sus usos y costumbres. (Foto: CEJIS)
Noticias Aliadas / Latinamerica Press
Información y análisis independientes de libre reproducción mencionando la fuente.
Contáctenos a: (511) 7213345
Dirección: Jr. Daniel Alcides Carrión 866, 2do. piso, Magdalena del Mar, Lima 17, Perú
Correo: webcoal@comunicacionesaliadas.org