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HONDURAS
¿Fin de la crisis o acuerdo entre caudillos?
Alejandro F. Ludeña
02/06/2011
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Zelaya es recibido con júbilo por una mayoría de la población, mientras Honduras reingresa a la OEA.

El sábado 28 de mayo, en el aeropuerto de Toncontín, Tegucigalpa, miles de personas recibieron al ex presidente Manuel Zelaya (2006-2009) que regresaba de su exilio de casi dos años tras de ser derrocado el 28 de junio del 2009 por un golpe de Estado que contó con el apoyo de la mayor parte de la clase política y el estamento judicial.

La multitud fue convocada tanto por una facción del tradicional Partido Liberal, que llevó a Zelaya al poder en el 2005, como por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), organización que surgió para aglutinar a quienes rechazaron la asonada desde posiciones ideológicas diversas, pero que pronto quedó sujeta a los intereses de Zelaya y su grupo de poder. El entusiasmo contagioso que despertó el retorno del ex mandatario, largamente esperado por una mayoría de la población que se opuso a la ruptura institucional encabezada por el entonces presidente del Congreso Roberto Micheletti, contrasta con la gris realidad de un país cercado por el crimen organizado, el desempleo y la pobreza.

En su primera alocución en tierra hondureña, Zelaya agradeció los esfuerzos que han hecho posible su regreso, anunciando que buscará impulsar una nueva Constitución, en alusión directa al proyecto político que provocó su caída. Se cierra así un ciclo, el del exilio del presidente derrocado, pero quedan abiertas aún muchas heridas, multiplicándose los interrogantes sobre el futuro político de Honduras, sumido desde hace dos años en el más absoluto desconcierto.

Finalmente, ha sido el Acuerdo de Cartagena, firmado entre Zelaya y el presidente Porfirio Lobo el 21 de mayo en esa ciudad colombiana e impulsado por dos mandatarios latinoamericanos, el colombiano Juan Manuel Santos y el venezolano Hugo Chávez, el que ha permitido el regreso de Zelaya, propiciando además la vuelta de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que fue expulsada tras el golpe, lo que suponía una prioridad para este gobierno, aun cuando los sectores más duros de la derecha no la consideraran necesaria.

“Honduras no tiene por qué ser condicionada para regresar a un organismo del cual nunca debió haber salido porque se nos pretendió castigar por defender nuestra Constitución”, manifestó recientemente al diario capitalino El Heraldo Fernando Anduray, de la Unión Cívica Democrática, organización de la sociedad civil que defendió en las calles el golpe de Estado.

Intereses foráneos
¿Cómo es posible que dos líderes tan ideológicamente opuestos como Santos y Chávez allanaran el camino del diálogo?
El analista hondureño José Filadelfo Martínez dijo a Noticias Aliadas que mientras Santos, que tiene menos de un año en la presidencia de Colombia, busca aumentar su peso político en la región, Chávez estaba necesitado de recuperar un cierto protagonismo en una crisis que le ha sido desfavorable —Chávez inicialmente trató de aislar a Lobo pero finalmente se fue quedando solo— y moderar su discurso, ante la disminución de su popularidad.

Tampoco se puede desconocer, según Martínez, que Chávez está interesado en reactivar con Honduras los préstamos de Petrocaribe, el acuerdo de cooperación energética impulsado por Venezuela desde el 2008 y en el que participan además Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Surinam. Por medio de Petrocaribe estos países acceden a crédito, con intereses muy bajos, a cambio de la compra de petróleo a Venezuela.

Martínez advierte sobre un eventual y peligroso aumento del endeudamiento exterior: “No hay que olvidar que los préstamos de organismos internacionales tienen que pasar por el Congreso, lo que limita en parte su posible mal uso, pero el Petrocaribe es un cheque en blanco que supone dinero fresco y sin condiciones para el gobierno de Lobo”.

La negociación de Cartagena ha contado con el beneplácito de los principales actores en el panorama político nacional, aunque también siembra dudas entre los que, alejados de las estructuras de poder, desconfían de las agendas ocultas de los caudillos hondureños, tan versados en las componendas bajo la mesa.

Arturo Corrales, actual secretario de Planificación, manifestó la satisfacción del Ejecutivo por haber conseguido un pacto definitivo.

“Hoy con respecto a la crisis no queda pendiente nada, queda el futuro de Honduras y esa es responsabilidad de todos nosotros”, dijo Corrales a La Prensa.

También la Comisión Política del FNRP ha saludado con satisfacción este acuerdo, que le abre las puertas para participar en la próxima contienda electoral, que tendrá lugar en el 2013, al permitirle su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral si así lo quisiera.

En un comunicado emitido el 22 de mayo, la dirigencia del FNRP afirma que “este acuerdo de mediación internacional nos permite derrotar el exilio y fortalecer nuestro proceso para la refundación de Honduras”.

Incluso algunos de los que ven con cautela al ex mandatario auguran que esta crisis abre oportunidades hasta ahora desconocidas para Honduras. En este sentido, el diario liberal Tiempo, el único de los grandes rotativos que no apoyó el golpe, interpreta el multitudinario recibimiento a Zelaya como una “sorprendente demostración de despertar democrático del pueblo hondureño”.

Impunidad asegurada
En cambio, para algunos defensores de derechos humanos, el Acuerdo de Cartagena resulta insuficiente pues deja impunes los crímenes cometidos contra los que se opusieron al golpe de Estado.

Joaquín Mejía, coordinador de derechos humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, es categórico al afirmar, en declaraciones a Noticias Aliadas, que “una vez más se ha sacrificado la dignidad de las personas, en aras de beneficios personales y de sectores políticos”.

Desde otra perspectiva, también se cuestiona que se hayan anulado los cargos de corrupción y órdenes de captura que pesaban sobre Zelaya y algunos de sus colaboradores, supuestamente  involucrados en millonarias malversaciones de fondos.

Como ha manifestado a Noticias Aliadas la periodista Thelma Mejía: “El acuerdo ratifica que no todos somos iguales ante la ley. Se confirma que esta fue una crisis de las elites políticas, que finalmente terminan arreglándose y aquí no ha pasado nada”.

Por su parte, sectores progresistas críticos con Zelaya y el FNRP ven en este acuerdo un nuevo arreglo entre cúpulas que consagra al tradicionalismo político como el auténtico ganador con el golpe de Estado. Y es que el FNRP, fuerza política emergente de la crisis, no parece haber conseguido superar los lastres de una cultura política viciada por la intolerancia y la ausencia de debate.

“El FNRP ha demostrado en estos dos años no ser una alternativa política diferente de los partidos tradicionales”, apuntala Martínez. “Se podría dar el caso de que a partir de ahora hubiera tres partidos mayoritarios en vez de dos: el Liberal, el Nacional y el FNRP; pero eso no supondría un cambio sustancial con respecto a la forma tradicional de hacer política”.

Sea cual sea el futuro político de Zelaya, el país precisa de una reforma profunda de su institucionalidad, que no ha hecho más que resquebrajarse desde el 28 de junio de 2009. ¿Bastará para ello con la redacción de una nueva Constitución? Hay quienes piensan que las raíces de la crisis son más hondas y que esta no se superará sin que emerja una nueva cultura política, alejada del autoritarismo, caudillismo y clientelismo que ha impregnado tanto la vida política partidista que ha terminado por contaminar a buena parte del movimiento popular.
—Noticias Aliadas.


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Multitud de seguidores recibieron a Zelaya en Tegucigalpa. (Foto: COMUNICA)
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