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COLOMBIA
Morir por la tierra prometida
Susan Abad
02/05/2011
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Aumentan ataques contra líderes campesinos que demandan devolución de tierras arrebatadas.

Con el asesinato de otros tres dirigentes campesinos en abril, se elevó a 50 el número de líderes que desde el 2002 han caído en Colombia luchando por recuperar las tierras de las que fueron desplazados. La tenebrosa frase de un jefe paramilitar para explicar la dinámica de la violencia que envuelve el problema de las tierras en este país, quien decía que “mientras unos iban matando, otros iban comprando y los terceros iban legalizando”, al parecer se ha ampliado a “otros más siguen matando a quienes van recuperando”.

El 29 de marzo pasado, 23 organizaciones sociales de Colombia mostraron en Washington, EEUU, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), documentos que evidencian que entre los años 2002 y 2009, más de 1,000 defensores de derechos humanos fueron víctimas de agresiones, entre ellas asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas. Entre ellos se encontraban los líderes campesinos que han muerto en el reclamo de tierras.

El anuncio en agosto del 2010 del presidente Juan Manuel Santos de devolver en el transcurso de sus cuatro años de gobierno, que concluyen el 2014, al menos 2 millones de los 5 millones de hectáreas de tierras arrebatadas a los campesinos por grupos paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y políticos corruptos, sumado a la urgencia que tienen los usurpadores de legalizar la tierras mediante procesos de  testaferrato o corrupción administrativa en las re0giones, han incrementado los ataques a las víctimas y por ende los asesinatos.

El deseo del gobierno se plasmó un mes después del anuncio al presentar ante el Congreso la llamada “Ley de Víctimas” que tendría una vigencia de 10 años y cobijaría a quienes fueron afectados a partir del  1 de enero de 1985. A principios de abril de este año y luego de tres debates, la ley fue aprobada por la Comisión Primera del Senado y está a la espera de la aprobación de la Plenaria a realizarse en mayo.

“La tierra está entrecruzada con el conflicto armado colombiano. Durante muchos años se ha despojado a las personas con varios fines: la explotación de la tierra, de hidrocarburos, de minería, el control territorial para la guerra y el enriquecimiento. Esto está totalmente asociado al conflicto al punto que las cifras están entre 3 millones y 6 millones de hectáreas que fueron despojadas y entre 3 millones y 4 millones las personas desplazadas por la violencia”, señala a Noticias Aliadas Ana Teresa Bernal, representante de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), creada en el 2005 para garantizar a las víctimas de los grupos armados el acceso a la justicia, la reparación integral y no repetición.


Proceso fraudulento
Por su parte, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo y vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, dijo a Noticias Aliadas que “estamos en un momento en el cual líderes de comunidades campesinas o de víctimas se convierten en el obstáculo para que, de una parte, se termine la legalización de tierras, y de otra parte se dé un impulso real a la promesa de restitución del gobierno de Santos”.

 “Que se intente silenciar a quienes denuncien el carácter fraudulento de ese proceso [de legalización de tierras] pero además que se mate a quienes están recibiendo los títulos que este gobierno está ofreciendo, hace que la violencia se incentive, es decir, sencillamente tratan de parar a quienes van a denunciarlos en las instituciones, ante la comunidad internacional, los jueces, las organizaciones de derechos humanos”, agrega.

Carmen Palencia, directora de la Asociación de Víctimas por la Restitución y el Acceso a las Tierras, que ha logrado la devolución de casi 4,000 hectáreas en Urabá, en el norte del país, dice que en Bogotá se desconoce la real magnitud del problema que afrontan los campesinos desplazados.

“En las regiones, las amenazas, presiones, la victimización y la re-victimización son el pan de cada día”, asegura.
Ante estos hechos, el gobierno anunció a mediados de marzo la creación del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras, conformado por los ministerios de Defensa y del Interior y la Fiscalía, con el objetivo de brindar seguridad, diseñar planes de protección y detectar los sitios de mayor riesgo a los beneficiarios de la devolución.

“Se acordó revisar los esquemas de seguridad individual de los líderes de asociaciones de víctimas del despojo, además del aumento de la presencia de efectivos militares y de policía en las zonas de mayor riesgo para esas personas”, aseguró el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.


Medidas insuficientes
Pero los sectores afectados y sus defensores creen que estas medidas gubernamentales no son suficientes y desconfían de la voluntad política del gobierno.

“Es que no basta con hacer un anuncio. Aquí hay que entrar a afectar los intereses de gente muy poderosa. Esa gente son, por una parte, grandes consorcios nacionales que están muy interesados en impulsar lo que se llama agricultura a escala, los proyectos palmicultores (cultivos de palma aceitera) para los llamados agrocombustibles”, explica Cepeda. “Por otra parte están las empresas mineras y las transnacionales que tienen intereses en Colombia, pero también están los ganaderos, también están los que se llaman miembros de la ‘para-economía’, es decir, de toda esta economía que surgió de toda esta violencia paramilitar”.

“Entonces estos grupos poderosos no son grupos que van a ver pasar con las manos cruzadas la restitución. Tienen grupos violentos, grupos paramilitares, gente en el Estado, en la fuerza pública, en la Policía, en el Ejército, que hacen el trabajo sucio, coercitivo, y por lo tanto ahí hay un problema de política, no es un problema simplemente de buenas intenciones”, añade.

Otras propuestas de protección también han sido recomendadas. Rafael Pardo, dirigente del Partido Liberal, planteó crear una guardia nacional para proteger a los campesinos amenazados, aunque aclaró que esa guardia “no implica armar civiles, sino crear una fuerza especial para las zonas rurales”.

La posibilidad de constituir una comisión anticriminal, en la que participen gremios y grandes empresarios del campo conjuntamente con el gobierno, fue propuesta por Francisco Gutiérrez, profesor de la Universidad Nacional.

Mientras tanto, el miedo permanece y muchos prefieren no arriesgar sus vidas y no volver. Citando el último Informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado de octubre de 2008, Edwin Tapia, analista de terreno de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), reveló a Noticias Aliadas que “el 78.7% de población desplazada prefiere quedarse en el lugar a donde llegaron que retornar a menos que se alteren las condiciones de seguridad y se pueda garantizar la posibilidad de su restablecimiento en sus lugares de origen”.

Palencia se resiste a dejarse vencer por el miedo. “Nuestro lema ha sido siempre insistir, persistir, resistir y nunca desistir y aunque para muchos, [los asesinatos] son una razón suficiente para hacerse a un lado; para nosotros es un deber continuar. Tenemos claro que el que murió, murió, pero los que quedamos vivos tenemos la obligación de seguir con esto. Las muertes no hacen que retrocedamos, al contrario, nos empujan a seguir adelante hasta que devuelvan la última hectárea”.
—Noticias Aliadas.


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Miles de campesinos desplazados viven en condiciones precarias en las ciudades. (Foto: CODHES).
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