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BRASIL
CIDH exige paralizar represa de Belo Monte
07/04/2011
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Instancia regional demandó que primero pueblos indígenas sean consultados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó a las autoridades brasileñas suspender de inmediato la construcción de la represa de Belo Monte, un proyecto hidroeléctrico de US$11 millardos sobre el río Xingú en el norteño estado de Pará que inundaría una extensa área de bosques amazónicos donde habitan varios miles de indígenas.

En un comunicado publicado el 1 de abril, la CIDH, con sede en Washington, EEUU, manifestó que el gobierno debe cumplir con las normativas internacionales, entre ellas el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece la realización de consultas “de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” entre los pueblos indígenas potencialmente afectados por el proyecto.

Aunque el pedido no es vinculante, el gobierno brasileño debe dar una respuesta. El proyecto fue aprobado por el Congreso brasileño con la salvedad de que las comunidades indígenas que viven en el lugar, algunas en aislamiento voluntario o no contactadas, sean consultadas.

El comunicado se produjo en respuesta a una queja presentada en noviembre pasado por organizaciones de derechos humanos, ambientales y religiosas, como el Consejo Indígena Misionero, perteneciente a la Iglesia Católica, la Sociedad Paranense de Derechos Humanos y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.

La organización ambientalista Amazon Watch, en una declaración conjunta con otras organizaciones brasileñas e internacionales, manifestó que la represa “causaría daños sociales y ambientales irreversibles, incluyendo el desplazamiento forzado de las comunidades, a la vez que amenaza una de las zonas más valiosas de la Amazonia para la conservación de la biodiversidad”.

“La decisión de la OEA es una advertencia al gobierno federal y un llamado a la sociedad brasileña para discutir abiertamente el modelo de desarrollo altamente autoritario y depredador que está siendo implementado en el país”, dijo Andressa Caldas, directora de la organización de derechos humanos Justicia Global.

Caldas agregó que, así como éste, otros proyectos de infraestructura desarrollados por el gobierno federal también violan los derechos humanos. “Hay numerosos casos que involucran el desplazamiento forzado de familias sin compensación, así como graves impactos ambientales, separación social de las comunidades, incremento de la violencia en las zonas alrededor de los lugares de construcción y pésimas condiciones de trabajo”, dijo.
—Noticias Aliadas.


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