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COLOMBIA
Buscando las llaves de la paz
Jenny Manrique
25/03/2011
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Colectivos de colombianos por la paz insisten en salida política negociada al conflicto.

Pasar a la historia como el “presidente de la paz” ha sido el anhelo de muchos mandatarios de Colombia, aunque con resultados poco alentadores. El presidente Juan Manuel Santos no es la excepción a la regla y al asumir el mandato, el 7 de agosto del 2010, dijo: “Las llaves de un proceso de negociación no están perdidas”.

“Después de la aparición de las llamadas economías emergentes compuestas por el BRIC [Brasil, Rusia, India y China], Santos quiere que Colombia figure en el concierto internacional como una potencia emergente. Para que eso ocurra debe dejar de ser un país en guerra”, asegura el congresista Iván Cepeda, hijo del asesinado líder de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda, por cuya muerte en 1994 el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo del año pasado.

Cepeda participó en el encuentro internacional “Haciendo la paz en Colombia”, realizado en Buenos Aires a fines de febrero, que reunió a colectivos nacionales e internacionales que buscan poner fin a cerca de cinco décadas de conflicto armado en Colombia.

¿En qué han cambiado las condiciones para que los ánimos de una salida política negociada al conflicto de 50 años finalmente prosperen? Si bien Santos le coquetea a la idea de la paz, también ha sido claro en que ésta “no será a cualquier precio” y que no conversará “con quienes se niegan al diálogo desarmado”. Y es precisamente el desarme antes de diálogo el elemento más complejo para construir confianza entre las partes.

“No hay un proceso de paz en el que no hayan sido eliminados los interlocutores, y el caso más ejemplar es el genocidio de la UP”, dice Cepeda en referencia a la fuerza política compuesta por desmovilizados de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que en 1984 pretendían reintegrarse a la vida civil y fueron asesinados sistemáticamente.

“En Colombia no puede haber un proceso de doble agenda donde se quiere la paz pero se profundiza el conflicto; las partes deben manifestar una voluntad política transparente”, añade Cepeda, quien además es miembro del Colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), movimiento liderado por la ex senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba.

Propuestas de la guerrilla
En setiembre del año pasado la Procuraduría destituyó e inhabilitó de la función pública por 18 años a Córdoba “por colaboración con las FARC” —con base en supuesta información encontrada en la computadora del líder guerrillero Raúl Reyes, muerto en la incursión militar colombiana a Ecuador en marzo del 2008—  decisión sobre la que la ex parlamentaria pidió en octubre una acción de nulidad ante el Consejo de Estado.

La reconocida mediadora en la liberación unilateral de más de 15 secuestrados que estaban en poder de esa guerrilla también estuvo en el foro internacional realizado en Buenos Aires, mostrando dos vídeos en que las guerrillas de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) manifestaron su voluntad de diálogo.

En uno de ellos, el actual comandante de las FARC, Alfonso Cano, sostuvo que son cinco puntos a discutir en una agenda de negociación: Modelo económico neoliberal, distribución de la tierra, Derecho Internacional Humanitario (DIH), prisioneros de guerra y la creación de lo que llamó “un sistema de convivencia democrático”.

Respecto a esto último añadió a modo de explicación: “Un sistema en el que todos podamos participar y cerrar los espacios a esa práctica histórica de la oligarquía colombiana de acometer el crimen como un arma política para silenciar los adversarios”

En el otro vídeo, el vocero del ELN, alias Gabino, habló de “ocho premisas de sentido común”, entre las que se destaca el “compromiso por el respeto al DIH” —es decir, el no involucramiento de civiles en el conflicto y el abandono de prácticas condenadas a nivel internacional como el secuestro, la toma de rehenes y el reclutamiento forzado de menores—, la no inculpación de las víctimas y la necesidad de reconocer el conflicto como primer paso para resolverlo. El gobierno no admite la existencia de un “conflicto armado” sino “amenaza terrorista”.

“Seguir deformándolo y presentándolo [el conflicto] como un estallido terrorista es cerrar la puerta de la paz”, aseveró Gabino.

“Es la primera vez que las guerrillas se dirigen a un espacio de la sociedad civil como lo es Colombianos y Colombianas por la Paz”, aseveró optimista Córdoba, cuya labor al frente del colectivo ha sido realizar un trabajo persuasivo y pedagógico para convencer a la opinión pública de que la salida militar no debe avanzar. “Si los medios de comunicación antidemocráticos siguen siendo la caja de resonancia de todos los enemigos de la paz en Colombia, y persiguiendo y satanizando a quienes consideran terroristas porque hablamos de paz, nuestro camino será más largo”, apuntó Córdoba en diálogo con Noticias Aliadas.

No obstante, la ex senadora mostró su preocupación por lo que llamó “un conjunto de degradación humanitaria de cosas de las que nos avergonzamos, no porque las hayamos hecho, sino porque no hemos sido capaces de impedirlas y por eso levantamos nuestra voz contra la guerra”.

Se refirió así a la existencia en el país de fosas comunes, hornos crematorios, 5 millones de refugiados internos y “7,000 presos políticos en condiciones infrahumanas, algunos enfermos terminales que por ser ex combatientes se les violan sus derechos humanos en las cárceles”, comentó.

El gobierno ha insistido en que las cifras son “infladas” por la oposición —en el tema de desplazados reconoce oficialmente a 3.7 millones de víctimas— y sostiene que no dará el calificativo de prisioneros políticos a “terroristas que se han ensañado contra la población civil”.

El consenso nacional
“Si bien hay un consenso internacional indiscutible y entusiasmo con el nuevo gobierno, creo que la línea fundamental es la misma: Silenciar los gestos humanitarios (liberaciones unilaterales) y ordenar matar a todos los comandantes (de las FARC). El gobierno debe tener gestos”, observó por su parte Carlos Lozano, vocero del Partido Comunista y director del periódico Voz, en referencia al operativo ordenado a mediados de febrero por el ministro de Defensa Rodrigo Rivera, para cercar a Cano, en momentos en que  las FARC estaban en el proceso de liberar unilateralmente a dos secuestrados, el mayor de la Policía Guillermo Solórzano y el cabo del Ejército Salín Sanmiguel.

“Las FARC y el ELN han reestructurado los cuadros dirigentes que perdieron, así que el conflicto va a seguir y el único camino es el diálogo. Hay que lograr que ese supuesto 80% que apoyaba a [el ex mandatario Álvaro] Uribe [2002-2010] tenga una nueva tónica a favor de la paz”, agregó Lozano.

La Política de Seguridad Democrática de Uribe, al tiempo que permitió la extinción de la plana mayor de las FARC, promovió la desmovilización de paramilitares hoy reciclados en nuevas estructuras conocidas en el país como las “bacrim” o bandas criminales.

El Informe Anual 2010 sobre Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentado el 24 de febrero, asegura que el año pasado las masacres aumentaron en 40% por la acción de estos grupos, con un saldo de 179 muertos. Las víctimas de esas bandas son en su mayoría líderes sociales, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Según la Defensoría del Pueblo, también han aumentado las amenazas contra desplazados, sindicalistas y maestros. Aunque las autoridades aseguran que son bandas delincuenciales y dispersas, estudios de la no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris, dedicada a impulsar los procesos de paz, encontraron que algunas como el Comando al Sur (CAS), resultado de la unión de los grupos denominados los Rastrojos y los Paisas, conformados por paramilitares desmovilizados, ya cuentan con varios frentes que siguen un manual de operaciones explícito.

“Lo que hubo fue franquicias de narcotraficantes que posaron como paramilitares. Se extraditaron a los líderes, pero no se atacaron las estructuras y el proceso se hizo de espaldas a las víctimas”, apunta Gloria Ramírez, senadora del opositor Polo Democrático Alternativo.

Por revelaciones del sitio web WikiLeaks y confesiones de ex combatientes, se conoció que la desmovilización de bloques paramilitares enteros en el 2003 y el 2006  fueron montajes realizados por el gobierno de Uribe para aumentar sus resultados operacionales. Es decir, que quienes estaban entregando las armas no eran reales miembros de grupos armados, sino pandilleros, desempleados e indigentes reclutados a última hora con la promesa de obtener los beneficios de la reinserción.

“La presión sobre las fuerzas militares no ha sido poca”, asevera un ex oficial de la Armada Nacional, quien pidió mantener su nombre en reserva.

“No somos los peores enemigos de la paz, porque somos quienes damos la batalla y ponemos los muertos. Hay un poder económico, mafioso y empresarial que claramente se beneficia con la guerra”, agrega, mientras pide que las Fuerzas Armadas no sean simples espectadores sino que se les incluya en las negociaciones.

“Si las llaves de la paz no están perdidas, ojalá el gobierno de Santos las encuentre pronto y abra la puerta del diálogo”, puntualiza.
—Noticias Aliadas.


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