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HONDURAS
Régimen criminaliza oposición
10/12/2010
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Cuestionada ley antiterrorista en medio de clima de impunidad.

La aprobación por parte del Congreso hondureño de la polémica Ley contra el Financiamiento del Terrorismo el 18 de noviembre está dirigida a criminalizar a la oposición política más que a evitar que recursos económicos sean destinados a actos u organizaciones terroristas, señalaron grupos de derechos humanos y de oposición.

La ley, que consta de 83 artículos, obliga a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a informar al Estado sobre las donaciones económicas con valores superiores a US$ 2,000 que recibe, sus vehículos y equipos. Según el titular de la Secretaría de Seguridad, Óscar Álvarez Guerrero, las entidades “deberán demostrar que utilizan los recursos para el avance social y no para marchas que desestabilizan el país”.

Las declaraciones de Álvarez confirman lo que dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) han denunciado, que la intención del gobierno del presidente Porfirio Lobo es disolver el movimiento de resistencia. El FNRP, una amplia coalición de organizaciones políticas y de la sociedad civil, se formó para oponerse al golpe de Estado que el 28 de junio del 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya (2006-2009)

Wilfredo Méndez, coordinador general del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), manifestó que “en el fondo no se trata de controlar si los recursos son efectivamente invertidos o si vienen de buenas fuentes” sino de “intervenir en la agenda y evitar el apoyo a las organizaciones que impulsan al FNRP o que impulsan procesos de cambio social”.

La nueva norma fue dada supuestamente en aplicación de la resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales relativos al terrorismo ratificados por Honduras.

La aprobación de la ley se produjo luego que el gobierno hondureño compareciera a principios de noviembre ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, cuyo informe destacó la situación de impunidad que se vive en Honduras desde el golpe de Estado  en relación a violaciones a los derechos humanos.

A estos cuestionamientos se sumó el secretario adjunto del Departamento de Estado de EEUU para asuntos hemisféricos, Arturo Valenzuela, quien en visita a Tegucigalpa la primera semana de diciembre declaró que su país comparte con la comunidad internacional la preocupación por la situación de los derechos humanos y la impunidad.

El diplomático estadunidense de origen chileno resaltó la insatisfacción de su país por la impunidad existente en los asesinatos contra activistas y periodistas. Desde el 28 de junio a diciembre del 2009, 53 personas fueron asesinadas por motivos políticos, en su mayoría dirigentes sindicales, estudiantes y políticos de izquierda, crímenes que no han sido investigados ni los responsables llevados a juicio. Igualmente, en los seis primeros meses del 2010, nueve periodistas fueron asesinados, convirtiendo a Honduras en uno de los lugares más peligrosos del hemisferio para el ejercicio de la profesión.

Valenzuela afirmó, asimismo, que el reingreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA) dependerá del retorno al país de Zelaya, quien se encuentra asilado en República Dominicana. Honduras fue separada de la OEA tras el golpe de Estado que expulsó a Zelaya del poder.

Lobo —quien fue elegido en elecciones generales el 29 de noviembre del 2009— ha expresado que su gobierno está buscando un mecanismo legal para eliminar dos procesos judiciales pendientes contra el depuesto presidente por supuesta corrupción, de tal forma que le permita regresar al país. Sin embargo, Zelaya descartó, en una carta enviada el 7 de diciembre desde su exilio, que exista algún acercamiento o negociación con las actuales autoridades hondureñas para su retorno.
—Noticias Aliadas.


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