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NICARAGUA
Derecho a la tierra, logro a medias
Carmen Herrera
19/11/2010
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Campesinas cuentan con ley para compra de tierras con equidad de género, pero aún no está reglamentada.

La Ley Creadora del Fondo para la Adquisición de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales de Nicaragua fue ratificada y publicada el 14 de junio en el diario oficial La Gaceta sin que a la fecha haya sido reglamentada.

 “La presente ley tiene vigencia, pero su plenitud la alcanzará cuando se reglamente”, expresó a Noticias Aliadas, Alberto Valdez, asesor parlamentario.

Ante el atraso, la Coordinadora de Mujeres Rurales, que aglutina a 20,000 integrantes de 12 organizaciones e impulsó la iniciativa, está preparando la reglamentación para presentarla a la Asamblea Nacional a fin de que apruebe su propuesta y asigne el 0.5% del Presupuesto General de la República del 2011 para la compra de dominios, ya que el 82% de las mujeres rurales no tienen tierra para producir ni son sujetas de crédito.

“Las mujeres de la Coordinadora estamos consensuando propuestas que sean incluidas en la reglamentación para que los y las diputadas las aprueben como corresponde ante el vencimiento del plazo que se da al Ejecutivo para que sancione la ley; pero sin la reglamentación, el monto al que aspiramos del 0.5% del presupuesto para la compra de tierras no será posible adquirirlo”, afirmó Guadalupe Marcia, dirigenta de la organización.

El artículo 3 de la Ley Creadora del Fondo para la Adquisición de Tierras con Equidad de Género establece la creación de un “Fondo para Compra de Tierra con Equidad de Género a Favor de las Mujeres Rurales, cuyo capital inicial será establecido en la Ley Anual de Presupuesto General de la República. El monto destinado para crear esta partida dependerá de las disponibilidades de recursos presupuestarios existentes en los correspondientes ejercicios anuales”.

Sin embargo, la última línea de este articulado deja al gobierno las manos libres para que esta asignación no tenga carácter vinculante. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya cumplió con enviar el presupuesto para el 2011 al Parlamento y éste no contempla la partida que solicitan las mujeres, que totalizaría 178.9 millones de córdobas, (US$8.2 millones), según se desprende del total planificado por el gobierno, que asciende a 35.7 millardos de córdobas (US$1.6 millardos).


Llenando vacíos
La Ley establece que los recursos del Fondo estarán destinados única y exclusivamente a la adquisición de grandes y medianas propiedades rurales las que serán desmembradas en parcelas y adjudicadas en carácter de compra venta con garantía hipotecaria a favor de las mujeres rurales de escasos recursos económicos, priorizando a las jefas de hogar.

Si bien la ley es una conquista de las mujeres del campo, para Ivania Paniagua, lideresa de la Coordinadora, tiene muchos vacíos que intentarán llenar con la propuesta de reglamentación que están preparando.

“Luego de la aprobación de los 17 artículos que contempla la Ley, hay temas que no nos satisfacen. Por ejemplo, necesitamos que la tierra a adquirir sea en la localidad donde la mujer vive, pues hay zonas donde la tierra es más barata que en otras. En la regulación también se tiene que hacer referencia a que [las tierras] sean fértiles, de nada nos serviría que sean tierras desgastadas a un bajo costo”, comentó Paniagua a Noticias Aliadas. “Nosotras sentimos incertidumbre, dudas, también en cuanto al crédito. Tenemos temor de que no se nos garantice el crédito de parte del banco; esta es una lucha que estamos iniciando”.

El recién fundado estatal Banco de Fomento a la Producción, llamado también Banco Produzcamos, será el que administre los fondos en fideicomiso. Y aunque el banco todavía no ha recibido notificación sobre la ley, “estos fondos se operarían en una cuenta aparte de otros programas”, comentó a Noticias Aliadas Gustavo Largaespada, gerente de crédito del Banco Produzcamos.

En declaraciones a los medios de comunicación cuando en mayo se aprobó la norma con 65 votos de un total de 92 diputaciones, el presidente de la Comisión Económica del parlamento, Wálmaro Gutiérrez, dijo que la ley beneficiaría a 1.2 millones de mujeres en áreas rurales para que accedan a tierras con préstamos a bajas tasas de interés.

“Cuando se hagan los acuerdos con el banco para acceder al crédito, nosotras nos preguntamos qué pasaría si el interés bancario de una manzana [0.70 Ha] que tenga un valor de US$4,000 con una tasa de interés anual del 5% a pagarse en cinco o 10 años, ¿cuánto va a incrementar esa propiedad? Es posible que alguna mujer no esté decidida a tomar la tierra por la política crediticia que se establezca. Tenemos que hacer conciencia en las mujeres para que superen el miedo”, analiza Paniagua.

El otro tema que tensiona las posibilidades de hacer efectiva la ley lo representan los ingentes problemas de la posesión de la tierra en Nicaragua en general, sumados a que las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de la tenencia a favor de las mujeres son frágiles. Éstas indican que para el 2005, casi nueve de cada 10 fincas reportadas correspondían a hogares con jefatura masculina. Alrededor de un 24% de las fincas no contaban con ningún documento. Entre las propiedades con documentos, más de 90% son individuales y el porcentaje de propietarios varones supera en más de cinco veces el de propietarias mujeres.


Sin ordenamiento de la propiedad rural
Esta ley se aprueba en momentos en que el tema del ordenamiento de  la propiedad rural en Nicaragua continúa sin  resolverse desde hace más de tres décadas, producto de desmedidos procesos de concentración-desconcentración-concentración de la tierra.

Durante la década de 1980, la Revolución Popular Sandinista confiscó propiedades de la extinta familia Somoza, que gobernó Nicaragua durante 45 años hasta su derrocamiento en 1979 y expropió centenares de propiedades a adversarios de su sistema político. Esas propiedades fueron la base de la reforma agraria impulsada por el sandinismo, proceso que fracasó al no permitirse la legalización mediante la inscripción en el registro de la propiedad del sector reformado. Los beneficiarios de la reforma agraria únicamente recibían un título de propiedad que no tuvo la validez necesaria cuando en 1990 ascendió al poder la presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-96).

Durante el gobierno de Chamorro se devolvieron e indemnizaron las propiedades confiscadas y reformadas mediante decretos y leyes que luego facilitaron una política de liberalización del mercado de tierras como mercancía desde 1997 hasta la fecha.

El estudio gubernamental “Marco de Políticas de Tierras”, publicado en el 2006, identifica entre los grandes problemas sobre la tierra por resolver en Nicaragua:  Un marco legal e institucional débil y disperso; poca articulación entre instituciones del sector productivo y la propiedad antes o después de la regularización de áreas específicas; trámites legales tardados y costosos; invasiones de tierras; distorsión del mercado de tierras; irregularidad en registros y un desactualizado catastro rural; legalizaciones inconclusas; uso inadecuado del suelo y duplicidad de beneficiarios, entre otros.

Ante esta situación, las líderes de la Coordinadora plantean que en la regulación participen sus representantes de cada municipio en el comité que se creará para la adquisición de tierras, a fin de garantizar que éstas estén debidamente legalizadas y no en litigio.

“Nosotras debemos ver el historial de la tierra que queremos comprar. Garantizar que no han sido vendidas una y otra vez. No queremos que la mujer beneficiaria se enfrente a ese tipo de conflicto”, precisa Paniagua. “Proponemos que las mujeres de la Coordinadora participen en la comisión de compra de tierras”.

De todas formas, para María Teresa Fernández, presidenta de la Coordinadora de Mujeres, “la aprobación de la ley es un logro a medias porque mientras no esté reglamentada no se puede aplicar. Las mujeres están claras que la lucha sigue hasta lograr el 1% del presupuesto para la compra de tierra. Por el momento, nosotras aspiramos a que se beneficie al menos a 1,000 mujeres para el 2011”, expresó a Noticias Aliadas.
—Noticias Aliadas.


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María Teresa Fernández, presidenta de la Coordinadora de Mujeres. (Foto: Carmen Herrera)
Noticias Aliadas / Latinamerica Press
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