Viernes, 18 de Octubre, 2019
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COLOMBIA
Esperanza en recuperación de tierras
Susan Abad
14/10/2010
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Proyecto de ley permitiría devolución de tierras a campesinos desplazados.

Dos millones de campesinos que fueron despojados de sus tierras en los últimos 20 años podrían recuperarlas gracias al proyecto de ley de restitución de tierras que presentó el gobierno de Colombia al Congreso a principios de setiembre.

“Se trata de reparar el enorme daño sufrido y saldar una deuda insoluta que la sociedad y el Estado tienen con las víctimas del despojo, con políticas que permitan romper con la cadena del testaferrato que se apoderó de los predios de los campesinos”, dijo a Noticias Aliadas el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo.

El proyecto de ley, por el cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras, reconoce que “cerca de 750,000 hogares campesinos fueron desplazados de sus territorios por la fuerza en las últimas dos décadas, de los cuales 460,000 abandonaron un poco más de tres millones de hectáreas”.

Las cifras oficiales difieren de las que registran las víctimas. El congresista Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, asegura que “5.5 millones de hectáreas fueron abandonadas, invadidas o transferidas en negocios espurios, de las cuales fueron expulsadas 385,000 familias que hoy sufren en busca de recuperar lo perdido. De estas, 1.2 millones de hectáreas estaban cultivadas antes de ser despojadas”. Añade que la concentración de tierras en Colombia es tan marcada, que tan sólo el 4% de los propietarios controla el 61% de las tierras de mejor calidad, derivada, en muchos casos, por el despojo de tierras que ocasionó la ofensiva paramilitar en los últimos 20 años.

Ana María Ibáñez, directora del Centro de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, determina en una reciente investigación que desde el 2005 la propiedad se ha concentrado de tal manera que ha elevado el coeficiente rural de Gini —sistema que mide la desigualdad, donde 0 es la perfecta igualdad y 1 la perfecta desigualdad— de 0.46 a 0.85.


2 millones de hectáreas por devolver
El ministro dice que se aspira a “devolver mínimo 2 millones de hectáreas en los próximos cuatro años”.

Para ello se montará —cruzando bases de datos de diversos organismos públicos y privados— un sistema nacional de información que permita determinar, dentro de lo posible, quién era el dueño de cada predio hasta 1991. Una vez que se verifique que la persona sí fue despojada, el gobierno le dará un documento que así lo acredite.

Asimismo, se creará una jurisdicción especial nacional de tierras, inicialmente con 75 juzgados, ante los cuales —en la llamada “inversión de la carga de prueba”— el actual poseedor de la tierra deberá demostrar la legalidad de su tenencia, eliminando así el anterior sistema donde era la víctima la que debía probar que le pertenecía.

“Además, para conseguir otras tierras, el gobierno buscará hacer más expedita la extinción de dominio —incautación de bienes a narcotraficantes— y adjudicará a los campesinos unas 500,000 Ha que actualmente maneja la Dirección Nacional de Estupefacientes”, anunció Restrepo.

Un trato especial recibirán los indígenas que sufrieron el arrebato. “El procedimiento de restitución de tierra [para los indígenas] no podrá ser inmediato porque debe ser consultado con esas comunidades en cumplimiento a las disposiciones constitucionales y de derecho internacional que les garantizan el derecho de consulta de las decisiones que los afecten en materia de tierras”, explica Alejandro Reyes, asesor del Ministerio de Agricultura.
Y aunque reconocen en la ley una buena iniciativa, varias organizaciones que acompañan a las víctimas aseguran que la tarea no será fácil y tienen algunos reparos.

En una intervención ante el Congreso, Cepeda denunció que detrás de la legalización de tierras despojadas y de muchos congresistas, hay grandes empresarios que, incluso, “contaron con la ayuda del Estado para adquirir esos predios y que muchos de los predios que habían arrebatado los paramilitares que se desmovilizaron, no han sido devueltos, pues, según sus investigaciones, la propiedad de dichos predios ha sido legalizada a través de mecanismos ‘sutiles’”, haciendo referencia a mecanismos ilegales.


Proyecto restringido
Según la gubernamental Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) —creada en el 2005 para garantizar a las víctimas de los grupos armados el acceso a la justicia, la reparación integral y no repetición—  los paramilitares desmovilizados han entregado al Fondo de Reparación sólo 21,000 Ha del millón de hectáreas que se estima se apropiaron. Estas, sumadas a las 66,295 Ha que entregó el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), son insignificantes para la magnitud del problema.

“El proyecto tiene avances en materia de que plantea una institucionalidad y las posibilidades de un proceso judicial rápido, pero tiene algunas fallas como que el proceso lo inicia el gobierno —no las víctimas— y no tiene una segunda instancia. Además, hay una dificultad muy grande en este proyecto y es que establece que todo lo que no puedan restituir lo van a entregar en dinero, y pensamos que la restitución debe ser en el mismo predio o en uno similar, mas no en dinero”, afirma a Noticias Aliadas  Patricia Buriticá, comisionada de la CNRR.

Agrega que “el proyecto es restringido. Restablece [las tierras] exclusivamente para los hechos reconocidos en el marco de [la ley de] Justicia y Paz [promovida por Uribe para facilitar la desmovilización de los paramilitares] y resulta que en el tema de despojo, el tema de abandono, no solamente están las víctimas de paramilitares, sino de la guerrilla, de narcotraficantes y las nuevas bandas emergentes. Estas víctimas quedarían por fuera de la reclamación de restitución”.

La comisionada añade que “restituir sin disminuir las brechas y desigualdades y volver a la situación de pobreza que se vivía en el campo no tiene sentido. Una restitución debe pasar por la inserción y reactivación de la economía agrícola, privilegiar la producción de alimentos y disminuir la ganadería extensiva. No es sólo devolver un trozo de tierra a una familia; es crear las condiciones sociales, culturales, económicas, políticas y de infraestructura para el regreso al campo”.

Y aunque el gobierno garantiza que la Fuerza Pública los protegerá en el retorno, la seguridad es un tema que preocupa a los despojados. Al recuerdo de su expulsión a sangre y fuego se suma que 45 de sus líderes campesinos han sido asesinados en los últimos años cuando reclamaban sus tierras.

“Debe haber también garantía de no repetición e indemnizar a los campesinos por los cultivos que tenían al ser despojados”, finaliza Buriticá.
—Noticias Aliadas.


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Grandes extensiones de tierras apropiadas por paramilitares se devolverían a sus legítimos dueños. (Foto: Susan Abad).
Noticias Aliadas / Latinamerica Press
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