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COLOMBIA
Violencia contra líderes indígenas
08/09/2010
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Defensores de derechos humanos demandan investigación sobre asesinatos.

Grupos indígenas y de derechos humanos están demandando al gobierno colombiano que investigue los asesinatos de tres líderes indígenas y la esposa de uno de ellos, cometidos entre el 13 y el 26 de agosto.

Carmen Elisa Mora Uncacia, del pueblo u’wa, madre de dos hijos y quien estaba embarazada, fue atacada en su casa el 13 de agosto. Ella se desempeñaba como coordinadora de la Oficina de Asuntos Indígenas de la alcaldía de Saravena, en el departamento oriental de Arauca.

Un día después, fue asesinado Jaime Reyes, líder del pueblo sikuani que se encontraba en el pueblo de Tame y que vivía en el resguardo indígena de Parreros, en el mismo departamento. Reyes se encontraba en situación de desplazamiento forzado.

Luego, el 26 de agosto, Ramiro Inampues y su esposa, del grupo indígena pasto, fueron secuestrados, lo cual suscitó la protesta de la Defensoría del Pueblo de Colombia y de diversos grupos de derechos humanos e indígenas. Los cuerpos de Inampues, que había sido gobernador del resguardo indígena de Guachucal, en el departamento occidental de Nariño, y su esposa, fueron encontrados dos días después en ese lugar, acribillados a balazos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó en un comunicado que “los ataques contra los líderes y autoridades indígenas rompen la cohesión de sus pueblos”.

“Al constituir atentados contra la estructura sociocultural en su conjunto, los ataques contra líderes y autoridades son crímenes graves que vulneran la integridad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas en tanto grupos especialmente protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en el contexto de conflictos armados internos como el colombiano, por el Derecho Internacional Humanitario”, señaló.

Dentro del conflicto armado que vive Colombia desde hace cuatro décadas, los grupos indígenas están entre los más vulnerables, pues con frecuencia resultan atrapados en el fuego cruzado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo guerrillero más grande del país, los paramilitares y las Fuerzas Armadas.

A inicios de agosto, organismos de las Naciones Unidas que operan en Colombia lanzaron una campaña para instar al gobierno del nuevo presidente Juan Manual Santos a proteger mejor a los pueblos indígenas, haciendo ver que los asesinatos de ciudadanos indígenas en el país aumentaron 63% entre el 2008 y el 2009.

El conflicto armado ha causado un desplazamiento forzoso a gran escala de la población indígena. A fines de agosto, la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunciaron el envío de una comisión conjunta a la comunidad indígena de Guayabero, en el centro-sur de Colombia, para evaluar el inminente desplazamiento forzoso de 150 miembros de la comunidad, entre ellos 75 menores, después de denuncias de que se encontraban bajo amenaza de grupos armados ilegales.
—Noticias Aliadas.


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