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PERÚ
Derrame de petróleo en Amazonia
23/06/2010
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Barcaza vierte 400 galones de petróleo en importante río amazónico.

Una barcaza contratada por la empresa petrolera argentina Pluspetrol derramó alrededor de 400 galones de petróleo en el río Marañón, en el nororiente del Perú. Según Pluspetrol, el derrame se encuentra bajo control y está siendo investigado.

El fiscal provincial de Loreto y un fiscal especializado en temas indígenas han iniciado sus propias investigaciones sobre el derrame.

La alcaldesa del distrito loretano de Parinari, Carmen Cárdenas Mozombite, dijo que demandará a la empresa si no limpia la contaminación causada por el petróleo.

Decenas de derrames petroleros en la Amazonia en las últimas décadas han provocado tensiones entre las comunidades indígenas locales, las empresas petroleras y el gobierno. Los grupos indígenas en esta región se han opuesto por largo tiempo al desarrollo petrolero cerca de sus tierras nativas. Algunos han hecho esfuerzos para documentar el daño y otros se han quejado por los problemas a la salud a consecuencia del petróleo.

Un estudio gubernamental de hace cuatro años encontró elevados niveles de plomo en la sangre de las comunidades que viven a lo largo del río Corrientes, en el extremo nororiental del país, cerca de varios pozos petroleros y de muchas comunidades nativas achuar.

El gobierno peruano está decidido a concesionar nuevos bloques petroleros y gasíferos, y la mayoría de los lotes disponibles ya están contratados, principalmente por empresas extranjeras.

En junio del año pasado, la oposición de las comunidades indígenas a una serie de decretos que relajaban las restricciones a la inversión en la región amazónica, incluyendo gas, petróleo y minería, desencadenó choques entre policías y manifestantes que dejó 33 muertos, 23 de ellos policías.

El Congreso peruano revocó algunos de los decretos, pero se mantienen las tensiones entre las comunidades indígenas y el gobierno, acentuadas con la reciente decisión del presidente Alan Garcia de observar una ley que establecía la obligatoriedad del estado de consultar a los pueblos indígenas sobre temas que les conciernen, y que ya había sido aprobada por el Congreso en mayo.
—Noticias Aliadas.


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