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BRASIL
Procuraduría contra hidroeléctrica
14/04/2010
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Instancia solicita cancelación de proyecto por graves daños sociales y ambientales.

El Ministerio Público Federal (Procuraduría) del norteño estado de Pará presentó el 8 de abril un pedido a la justicia para que se anule la licencia ambiental al proyecto de hidroeléctrica Belo Monte, otorgada dos meses atrás por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (IBAMA), y se cancele el proceso de licitación para su construcción por los graves daños que causará a los bosques amazónicos y a las poblaciones indígenas.

Tras revisar los documentos empleados por el IBAMA para aprobar la licencia, la Procuraduría llegó a la conclusión de que “falta información científica que garantice la seguridad ambiental”.

La Procuraduría señaló en un comunicado que la represa “podría poner en peligro el agua y la provisión de alimentos para la población local”, ya que el proyecto incluye la desviación de un tramo de 100 km del río Xingú, afluente del Amazonas, lo cual afectaría a 11 territorios indígenas y 66 municipios de Pará.

“Entre las principales dudas [sobre el proyecto] está el respeto a la biodiversidad y la supervivencia de la población”, dice el comunicado.

Sin embargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantizó que se llevará a cabo la licitación para la construcción de Belo Monte, que costará US$10.6 millardos y tendrá una capacidad instalada de más de 11,000 megavatios. Se espera que se convierta en la tercera represa más grande del mundo, después de Tres Gargantas, en China, e Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay.

“Es importante que quede claro”, dijo el mandatario. “Vamos a hacer Belo Monte”.

Según el no gubernamental Instituto Socioambiental, que junto con un centenar de organizaciones entregaron un documento a los relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas denunciando las irregularidades de la hidroeléctrica, existe violación de los derechos de los pueblos indígenas porque “van a tener que mudarse y no se ha previsto ninguna compensación”.

Mons. Edwin Kräutler, obispo de Xingú y presidente del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), precisó que “no se realizaron audiencias públicas suficientes. Propusimos 27 y sólo se realizaron cuatro. Los pueblos damnificados y los indígenas no fueron escuchados suficientemente”.
—Noticias Aliadas.


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