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PANAMÁ
Prosigue construcción de hidroeléctrica
22/10/2009
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Empresa desconoce medidas cautelares a favor de indígenas.

Tres comunidades ngöbe bugle de la provincia Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, firmaron un acuerdo el 8 de octubre con la multinacional energética AES para que continúe con la construcción de una hidroeléctrica en territorio indígena.

En una declaración conjunta, representantes de las comunidades Charco La Pava, Valle del Rey y Changuinola Arriba, del gobierno y de AES anunciaron haber llegado a un acuerdo para la construcción de la hidroeléctrica Chan 75, en Bocas del Toro, para lo cual se suscribirán “convenios de compromiso en materia de uso de tierras, asistencia y reubicación”.

Sin embargo, las tres comunidades que han suscrito el acuerdo son vecinas pero no forman parte de la Comarca Ngöbe Bugle, que será la más afectada por la hidroeléctrica.

La Comarca Ngöbe Bugle fue creada en 1997 y está ubicada entre las provincias occidentales de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. La Comarca Ngöbe Bugle, cuya instancia máxima de gobierno, el Congreso Ngöbe Bugle, ha rechazado las concesiones mineras e hidroléctricas en su territorio, está conformada por siete distritos y 58 corregimientos y tiene una población de alrededor de 130,000 personas.

El acuerdo pasó por encima de la invocación hecha en mayo por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya, tras una visita en el terreno realizada en enero, así como de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida en junio para que se suspenda la construcción de la hidroeléctrica en territorio indígena a fin de crear las condiciones para la realización de una consulta con las comunidades ngöbe bugle que habitan esa zona.

La respuesta del gobierno del entonces presidente Martín Torrijos (2004-2009) —que concluyó su mandato el 1 de julio— al informe de Anaya fue que dicha consulta ya se había realizado y que la solicitud de suspensión resultaba “improcedente”. Señalaba también que la empresa había llegado a acuerdos “voluntarios y bilaterales” con algunas comunidades para su reubicación.

Por su parte, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los indígenas y ordenó la suspensión de las obras para evitar “daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena ngöbe bugle asentado en la provincia de Bocas del Toro”. Sin embargo, el gobierno saliente manifestó que no acataría el fallo.

Según Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, las comunidades afectadas por las obras de la AES no han sido consultadas.

En el 2007 el gobierno panameño ya había concedido a AES un área de más de 6,000 Ha dentro de una zona protegida, “la del Bosque Protector de Palo Seco, en la Reserva de la Biosfera La Amistad, para la construcción de represas hidroeléctricas a lo largo del cauce del río Teribe-Changuinola. Ahí viven comunidades indígenas, detalle que la concesión olímpicamente ignora”, indicó Clavero en su página web.

“Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que obliga a tal consulta específica, pero es parte del sistema interamericano de derechos humanos cuya jurisprudencia ha sentado que la obligación existe en todo caso, pues se deriva del derecho indígena a la tierra, y es también miembro de Naciones Unidas cuya Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas requiere el consentimiento libre, previo e informado de la parte indígena”, precisó Clavero.

Cecilio Guerra, fiscal del Congreso Ngöbe-Buglé, denunció que actualmente existe en su territorio una veintena de concesiones hidroeléctricas y 9 proyectos de minería a cielo abierto.
—Noticias Aliadas.


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