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CHILE
Conflicto mapuche se cuece a fuego lento
Benjamin Witte-Lebhar
11/09/2009
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Represión gubernamental y promesas incumplidas avivan tensiones con grupo indígena.

El reciente asesinato de un activista indígena por un carabinero (policía militar) ha conmocionado a todo Chile, intensificando las antiguas tensiones raciales y políticas, y reiniciando un debate sobre la mejor manera de resolver el llamado “conflicto mapuche”.

La víctima, Jaime Facundo Mendoza Collío, de 24 años, murió el 12 de agosto durante una operación policial para expulsar a activistas mapuche de una finca tomada en la sureña IX Región. También conocida como Araucania, la IX Región alberga a más del 30% de los aproximadamente 800,000 mapuche chilenos, el grupo indígena más grande del país. También ha sido el centro de los esfuerzos de las empobrecidas comunidades mapuche para recuperar sus tierras ancestrales que desde hace tiempo están en manos privadas.

El carabinero José Patricio Jara Muñoz alegó defensa propia, diciendo que disparó su arma contra Mendoza Collío tras ser emboscado y atacado con perdigones. Los testigos cuentan una historia diferente, insistiendo en que la víctima estaba desarmada. También afirman que Jara Muñoz disparó contra Mendoza Collío por la espalda y posteriormente pateó el cuerpo tendido en el suelo. Informes de la autopsia corroboran la versión de los testigos.

El asesinato, el tercero perpetrado por carabineros desde el 2002, provocó protestas en importantes ciudades de Chile. Mientras tanto, los líderes políticos chilenos —con los ojos puestos en las elecciones del 13 de diciembre— se lanzaron acusaciones mutuas. En el Congreso, el ministro del Interior Edmundo Pérez-Yoma y el diputado conservador Gonzalo Arenas, cuya vivienda fue atacada recientemente por un grupo de mapuche, tuvieron que ser contenidos luego de proferirse insultos y lanzarse papeles.

El obispo de la sureña ciudad de Temuco, Manuel Camilo Vial Risopatrón, tuvo una reacción más moderada cuando al hablar en el servicio funerario dijo que la muerte de Mendoza Collío fue simplemente resultado del “fracaso de nuestra sociedad que no ha podido solucionar estos problemas por medio del diálogo y el entendimiento”.

Aunque parecería que hay cierto consenso general sobre las declaraciones del obispo, continúan las preguntas sobre el por qué de esta incapacidad y si es que algo puede hacerse para resolver los antiguos antagonismos entre el Estado chileno y la marginada minoría mapuche.

¿Declaraciones vacías?
La presidenta Michelle Bachelet, ahora en los últimos meses de su mandato, describió la muerte de Mendoza Collío como “algo muy doloroso y lamentable”. También hizo una invocación al diálogo, calificándolo como “el único camino de solución a las legítimas demandas del pueblo mapuche”.

No era la primera vez que hacía declaraciones de ese tipo. En abril del 2008, Bachelet lanzó el programa Re-Conocer, dirigido a redistribuir tierras a 115 comunidades mapuche consideradas como “prioritarias” por la estatal Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Posteriormente la presidenta ratificó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de los pueblos indígenas “a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.

El Convenio 169 también reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la “propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Sin embargo, los críticos señalan que la posición de Bachelet sobre los derechos de los indígenas es más simbólica que real. Según el Observatorio Ciudadano, organización de derechos humanos con sede en Temuco, sólo 36 de las 115 comunidades mapuche incluidas en el programa Re-Conocer ya han recibido tierras.

“Son declaraciones que quedan en el papel, en la buena intención, porque en la práctica esto no tiene mucha injerencia. La misma ley indígena, que era un gran avance que el gobierno de [el ex presidente] Patricio Aylwin [1990-94] implementó, una institucionalidad como es la CONADI, a esta altura esta instancia está bastante desprestigiada para el movimiento mapuche, y en Chile en general”, dijo Elías Paillan, integrante del Observatorio Ciudadano.

Mensajes contradictorios
Algunos observadores critican la política del “garrote y zanahoria” —entrega de tierras y promesas políticas por un lado y represión policial por la otra— del gobierno al enviar mensajes contradictorios y en último término contraproducentes.

Los habitantes de algunas zonas movilizadas de la Araucania señalan que son constantemente asediados por los carabineros, que técnicamente dependen del Ministerio de Defensa. Los grupos mapuche y sus simpatizantes también critican que el gobierno siga aplicando una ley antiterrorista promulgada por la dictadura militar (1973-90) para perseguir a los activistas indígenas.

Los carabineros, en contraste, disfrutan de un alto nivel de protección legal por el hecho de que los asuntos disciplinarios son manejados internamente, a través de tribunales militares en vez de civiles. Los fiscales militares finalmente desestimaron los cargos contra el carabinero que disparó y mató en el 2002 al activista mapuche Alex Lemun, de 17 años. El caso contra el policía acusado de dar muerte al activista mapuche Matías Catrileo en enero del 2008 todavía está pendiente. Sin embargo, el agente regresó al servicio activo.

“Nunca nosotros nos consideramos como terroristas. No existe ningún muerto chileno, no existe ningún muerto de carabineros, no existe ningún atentado contra la vida de alguien. Eso para nosotros es terrorismo. En cambio, hacia nosotros, hacia el movimiento social mapuche, ¿cuántos muertos existen? Y con los autores reconocidos, que son los carabineros. Y el Estado de Chile no se ha hecho cargo tampoco de esos asesinatos”, dijo Carolina Nahuelhual, integrante de la organización mapuche Mili Mixan Mapu, con sede en Santiago.

La mano dura usada por el gobierno para abordar el conflicto mapuche no parece que vaya a cambiar pronto, particularmente si el adinerado empresario Sebastián Piñera, que encabeza las encuestas electorales, gana la presidencia. Haciendo eco a líderes empresariales que dicen que el conflicto mapuche ahuyenta las inversiones y limita el desarrollo del sur de Chile, Piñera insiste en que Bachelet y sus predecesores han sido “suaves” al tratar a los manifestantes mapuche.

La muerte de Mendoza Collío, mientras tanto, parece haber fortalecido la determinación de las numerosas aunque tradicionalmente dispares organizaciones mapuche en Chile. Al funeral del joven el 16 de agosto asistieron unas 3,000 personas, incluyendo líderes y activistas mapuche de todo el país.

“Permite unirse en torno al dolor”, dijo Paillan. “Fue impresionante la gran participación masiva el día del funeral, por ejemplo. Pude ver muchos dirigentes que hace años no los veía. O las mismas personas que a veces han cuestionado las acciones de las comunidades que demandan tierra. Estaban allí presentes también. Sin duda, más que debilitar el movimiento mapuche, lo fortalece y lo unifica”.
—Noticias Aliadas.


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Insensibilidad del gobierno ante demandas de pueblo mapuche deja otra víctima. (Foto: Kendal Montgomery).
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