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HONDURAS
Violaciones de derechos humanos bajo gobierno de facto
Gilda Silvestrucci
19/07/2009
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Violencia, persecución, censura de medios de comunicación y restricción de garantías constitucionales agudizan crisis.

Desde el 28 de junio, día en que los militares y el Congreso Nacional derrocaron y sacaron del país al presidente José Manuel Zelaya Rosales, Honduras no ha dejado de ser sacudida por marchas, movilizaciones masivas, confrontaciones de grupos a favor y en contra de Zelaya y de quien el Congreso Nacional puso en su lugar, Roberto Micheletti Baín, cabeza del Legislativo.

La incertidumbre se agudizó en el país centroamericano, que ahora tiene en estadísticas oficiales, una víctima mortal y más de 30 heridos y lesionados, como resultado de los enfrentamientos entre civiles y militares.

A ello se suman denuncias por violaciones a los derechos humanos, suspensión de cinco garantías constitucionales y censura a medios de comunicación que se perfilaban a favor de la consulta popular no vinculante —para convocar a una Asamblea Constituyente que redactase una nueva constitución— que pretendía realizar Zelaya para el mismo 28 de junio.

“Hemos venido a Honduras para constatar las denuncias de violación a los derechos humanos, estamos escuchando a personas que han sido perseguidas por grupos militares, a periodistas y dueños de comunicación que fueron censurados después del golpe y además estamos siendo testigos de la suspensión de las garantías constitucionales que dictó el gobierno de Roberto Micheletti”, dijo en Tegucigalpa la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.

Menchú visitó Honduras como parte de una delegación denominada Misión por la Democracia y los Derechos Humanos, a la que se sumaron el Arzobispado de Guatemala y organizaciones de derechos humanos hondureñas.

Los derechos constitucionales suspendidos por la Cámara Legislativa son los relacionados a la no detención e incomunicación durante 72 horas sin previa orden de la autoridad competente, restricción a la libertad de asociación, reunión pacífica, circulación y la inviolabilidad del domicilio por causas ajenas a la comisión de delitos o sin previo consentimiento de la persona que habita la vivienda.

Abusos militares
Además de la suspensión de las garantías, Menchú recibió denuncias de abusos militares cometidos contra grupos organizados que defienden el retorno al orden constitucional.

“Hemos sido perseguidos por militares; mientras estábamos en una protesta pacífica en la comunidad de Limones, departamento de Olancho, llegaron y empezaron a golpear a nuestra gente, a mí me sacaron del lugar y he tenido que estar oculto por temor a represalias y amenazas que nos han llegado”, dijo el líder ambientalista padre Andrés Tamayo.

El sacerdote denunció, el 30 de junio, dos días después del golpe de Estado, la captura de jóvenes de comunidades rurales de Olancho, en el centro del país, que fueron llevados forzosamente para realizar el servicio militar, una acción prohibida en el país, desde el mandato del ex presidente Carlos Roberto Reina (1994-98), cuando quedó abolido el servicio militar obligatorio.

Además, Tamayo manifestó su postura en contra del golpe de Estado y pidió a Micheletti que deponga sus intenciones de mantenerse en el poder y restituya a Zelaya, a quien los militares no dejaron retornar al país el 5 de julio impidiendo que la aeronave que lo traía aterrizara en el aeropuerto de Tegucigalpa.

Entre tanto, la Red de Comercialización Comunitaria Alternativa (COMAL), que agrupa a asociaciones de pequeños productores agrícolas, denunció que a integrantes de esta organización se les restringió la libertad de circulación cuando se trasladaban desde la comunidad de Siguatepeque hasta la capital para participar en las protestas, en los primeros tres días después del golpe.

“Tuvimos que defender a un grupo de campesinos que se conducían de Siguatepeque a la capital”, denunció Trinidad Sánchez, miembro de COMAL. “Por más de tres horas [los militares] los tuvieron rodeados y apuntándoles con sus rifles, después los llevaron a una posta, pero al final los dejaron en libertad”.

Hasta el momento se han producido más de 200 detenciones de personas que protestan en las calles o que son capturadas en el periodo del toque de queda (de 10 p.m. a 5 a.m.); sin embargo, éstas han sido dejadas en libertad, según versiones policiales y del Comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio.

Sumado a ello, el gobierno de Micheletti implementó algunas medidas de censura para medios informativos, especialmente de radio y televisión. Las cadenas de radio Globo, Canal 66 (Maya TV) y canal 36 (Cholusat Sur), fueron censuradas y sacadas del aire por una semana. También fue militarizada Radio Progreso, que es dirigida por la orden religiosa de los Jesuitas, quienes por muchos años denunciaron actos de corrupción cometidos por Micheletti, quien ha sido diputado de la Cámara Legislativa por 27 años.

Radio Progreso siguió transmitiendo, dijo el periodista Félix Molina, quien trabaja en esta organización. Sin embargo, afirmó que esto se hizo desde la clandestinidad, en una casa de habitación y con equipo que les facilitó una cadena internacional, al menos los cuatro siguientes días al golpe de Estado.

País polarizado
Para quienes apoyan a Micheletti, Zelaya debía salir de Honduras, para evitar que mediante la modificación de la Constitución le fuese permitido ser reelegido como presidente y “lograr así perpetuarse en el poder”.

La idea entre los opositores del mandatario es que ahora se ha alejado el ambiente de inseguridad y que hay garantías para que se realicen las elecciones generales el 29 de noviembre de este año.

“Indudablemente hay un conflicto político en el país. Sin embargo, se ha recuperado la esperanza de practicar elecciones libres y democráticas en noviembre de este año, y consecuentemente hacer un cambio de mandatario en enero del 2010”, dijo Osvaldo Munguía, director de Mosquitia Pawisa Apiska (MOPAWI), organización cristiana dedicada al desarrollo humano integral y la conservación de la naturaleza en la región de la Mosquitia hondureña.

“Este proceso estaba fuertemente amenazado bajo el mandato de Zelaya y la ruta que pretendía imponerle al pueblo con la derogación de la Constitución y la disolución de los poderes Legislativo y Judicial”, añadió Munguía.
Con la consulta popular, Zelaya buscaba que los hondureños decidieran si en las elecciones generales de noviembre se colocaba o no un ánfora adicional que les permitiera decidir sobre la elección de una Asamblea Constituyente que redactase una nueva constitución.

El artículo 373 de la Constitución hondureña cita que la reforma de sus artículos sólo podrá realizarse por el Congreso Nacional en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros.

Zelaya justificó entonces la consulta en que no existía en Honduras una Ley de Plebiscito y que la población hondureña, a través de una encuesta, había solicitado la reforma de la Carta Magna, en especial en lo referido a la reelección presidencial.

El Congreso Nacional aprobó sorpresivamente el 25 de junio la Ley del Plebiscito y declaró inconstitucional la consulta. Dictaminó que había ilegalidad en intentar reformar los denominados artículos pétreos de la Constitución como el número 4 que contempla que la forma de gobierno de Honduras es republicana, democrática y representativa, ejercida por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Congreso también señaló que la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia es obligatoria, y que la infracción a esta norma constituye delito de traición a la Patria.

“La democracia hondureña es excluyente, sólo participa un 20% de la población, que acude a las urnas en cada elección, y es hora de que la población decida sobre su futuro", dijo Zelaya el 27 de junio en una cadena nacional de radio y televisión, convocada para dar los detalles de la jornada de consulta.

Además comentó que los constituyentes de hace 27 años cerraron muchas posibilidades para los hondureños, al dejar los artículos pétreos, pues negaron la opción de que se pudiera reelegir un presidente cuando hacía buen trabajo o simplemente poder consultarle al pueblo por cambios en las leyes.

El principal error de Zelaya, asegura Munguía, fue su intención de imponer, mediante una cuarta urna, la reestructuración total de la Constitución de la República bajo un procedimiento que no le corresponde al presidente.

Para Munguía, el Congreso Nacional y la Corte Suprema cometieron el error de ordenar la captura y expulsión de Zelaya fuera del país, sin un juicio o procedimiento que determinara el abuso de poder, por el cual destituirlo legalmente de la presidencia.

Sin embargo, para Andrés Pavón, del Comité de Defensa de Derechos Humanos, el golpe de Estado contra Zelaya fue ideado con bastante anticipación. El 11 de mayo de este año, Pavón denunció a través de varios medios de comunicación que se gestaba un golpe de Estado y que éste era patrocinado por la empresa privada y el Congreso Nacional.

“Yo lo advertí, a mí me lo dijeron y también recabé pruebas que comprobaban las ideas que se venían planificando desde hace algún tiempo”, aseguró.
—Noticias Aliadas.


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Enfrentamientos entre civiles y militares ya han causado una muerte y más de 30 heridos. (Foto: Gilda Silvestrucci)
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