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HONDURAS
Golpe militar en el siglo XXI
03/07/2009
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Régimen de facto no atiende llamado internacional de reponer a Zelaya en la presidencia.

El gobierno golpista de Honduras ha desconocido la creciente presión internacional —uno de los mayores despliegues de unidad diplomática en los últimos años— para reponer en el poder al derrocado presidente Manuel Zelaya.

Desde la noche del 28 de junio, cuando soldados sacaron de su casa a Zelaya, un acaudalado ganadero que asumió la presidencia en enero del 2006 con una plataforma centroderechista, y lo deportaron en un avión a Costa Rica, líderes que van desde el presidente venezolano Hugo Chávez hasta el mandatario estadunidense Barack Obama han demandado su reincorporación incondicional al cargo.

La oposición al gobierno de Zelaya había crecido desde que alejó a Honduras —un país de siete millones de habitantes— de su rol tradicional de firme aliado de EEUU, para alinearse más con Venezuela. Honduras forma parte de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), creada en el 2004 como una iniciativa para contrarrestar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), promovida por EEUU y que nunca llegó a plasmarse.

La destitución de Zelaya se debió a la convocatoria para el mismo 28 de junio a una consulta popular, no vinculante, para que los hondureños se pronunciasen sobre la colocación de un ánfora adicional en las elecciones generales de noviembre que permitiera decidir a la población sobre la elección de una Asamblea Constituyente.

La consulta había sido declarada ilegal por la Corte Suprema y enfrentó la oposición de legisladores y hasta miembros del gobiernista Partido Liberal, que veían en ella un intento de Zelaya por conseguir la reelección, prohibida por la actual constitución.

El mismo día de la deportación de Zelaya, el Congreso nombró a Roberto Micheletti, presidente del cuerpo legislativo, para encabezar un gobierno interino hasta la realización de las elecciones de noviembre.

La Organización de Estados Americanos (OEA) demandó la reincorporación de Zelaya a la presidencia, o de lo contrario Honduras sería suspendida del grupo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se negó a reconocer a Micheletti como presidente, y el Banco Interamericano de Desarrollo anunció que cortaba el acceso al crédito a Honduras.

Apoyo limitado
Defensores de la acción militar —que impactó a la región, que no ha visto en América Central el derrocamiento de un presidente por un golpe militar desde hace más de 25 años— dijeron que Zelaya violó la Constitución al intentar buscar la reelección.

“El continuismo —la tendencia de jefes de Estado a extender su mandato indefinidamente— ha sido la savia vital de la tradición autoritaria latinoamericana”, escribió Octavio Sánchez, ex ministro y ex asesor presidencial hondureño, en el diario estadunidense Christian Science Monitor. “La cláusula constitucional de la sanción inmediata puede sonar draconiana, pero cada demócrata latinoamericano sabe la amenaza que representa el continuismo para nuestras frágiles democracia. En América Latina, los jefes de Estado han estado con frecuencia por encima de la ley. La sanción inmediata de la ley suprema ha evitado con éxito la posibilidad de un nuevo continuismo hondureño”.

Algunos criticaron al gobierno de Zelaya, pero dijeron que el golpe de Estado era inaceptable.

Un día antes del derrocamiento, Zelaya había destituido al jefe de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, por insubordinación, al negarse a prestar apoyo militar a la consulta popular.

El mandatario convocó a sus seguidores y decidió continuar con la votación, tras lo cual se ordenó su arresto.

“Zelaya es el presidente constitucional de Honduras, pero su conducta no siempre ha sido prudente y había hecho daño a su posición en un ambiente político muy hostil”, escribió Larry Birns, director de la institución estadunidense Council on Hemispheric Affairs (COHA).

“Se puede suponer que algunos de los que actuaron contra Zelaya son personas decentes que actuaron creyendo sinceramente que los principios democráticos de Honduras estaban en peligro”, señaló. “Pero no importa cuán bien intencionados pudieran haber estado, los militares debieron darse cuenta que debido a la experiencia de la región con golpes militares y los regímenes que les siguieron, en los que miles de civiles inocentes fueron víctimas de atrocidades a los derechos humanos, así como de asesinatos, por las Fuerzas Armadas, el hemisferio debe permanecer unido en torno al principio de no aceptar cambios de poder fuera de la Constitución”.

Golpes atípicos
Pero esos “cambios de poder fuera de la Constitución” han ocurrido recientemente en América Latina, fuera del golpe militar en Guatemala que derrocó en 1983 al general Efraín Ríos Montt (1982-83).

En abril de 1992, el presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), quien actualmente purga prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción, protagonizó un “autogolpe” en el que disolvió el Congreso y restringió las libertades civiles.

En el 2004, el presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide (1991, 1995-96 y 2001-2004) fue depuesto tras una rebelión, y reemplazado por el presidente de la Corte Suprema.

Presidentes latinoamericanos como Chávez y el ecuatoriano Rafael Correa han recibido extensiones de sus mandatos bajo nuevas constituciones. El mandatario colombiano Álvaro Uribe, que ya promovió con éxito su reelección inmediata, se encuentra actualmente presionando al Congreso para que se elimine el límite de reelecciones. En todos los casos, referendos, leyes o modificaciones constitucionales fueron o son usados para cambiar las reglas.

Mientras la oposición a Zelaya en el Congreso y la Corte Suprema afirman que su detención y deportación se basaron simplemente en una estricta interpretación de la ley y su supuesto abuso del poder, desde el golpe han surgido informes sobre violación de las libertades civiles.

Los militares hondureños detuvieron brevemente a cinco periodistas y han cerrado varios medios de comunicación.

“Estamos alarmados por los informes de detenciones, el bloqueo de señales de radiodifusión y el cierre de medios noticiosos”, dijo Robert Mahoney, subdirector del Comité para la Protección de los Periodistas. “El pueblo hondureño y las audiencias internacionales tienen todo el derecho a estar totalmente informados sobre los sucesos que han seguido al golpe”.

El Congreso estableció el toque de queda y aprobó restringir el derecho de asamblea.

Zelaya, quien ha recibido el respaldo internacional luego de su derrocamiento y desde entonces ha abandonado su plan de llevar a cabo la consulta popular, está considerando retornar a Honduras donde podría ser detenido por cargos de abuso de poder. El Congreso, Micheletti o la Corte Suprema no han mostrado ninguna señal de reponerlo en el poder.
—Noticias Aliadas.


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