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PERÚ
Minera se salva otra vez
Marisol Acuña
16/04/2009
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Crédito privado permitirá a Doe Run continuar operando y contaminando.

“Que la empresa dé un paso al costado y que venga otra empresa que respete los derechos de los trabajadores y administre con transparencia los sacrificios de los trabajadores con respeto digno”, fue el acuerdo multitudinario de los trabajadores de la empresa Doe Run Perú en la asamblea realizada el 31 de marzo.

Los trabajadores, integrantes del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya, están preocupados por su situación laboral desde que la Doe Run Perú anunció su insolvencia. Activistas medioambientalistas califican a la empresa de irresponsable y la acusan de no cumplir con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en los plazos establecidos.

Doe Run Perú opera el complejo metalúrgico de La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del mundo, en los Andes centrales peruanos. La falta de flujo de caja luego que los bancos cortaron sus líneas de crédito para comprar concentrados provocó que la empresa suspendiera temporalmente las operaciones de la fundición que refina y procesa oro, zinc, plomo y otros metales.

El 24 de febrero, un sindicato de bancos de Francia, Perú y Sudáfrica (BNP Paribas, Banco de Crédito y Standard Bank) le negó un crédito revolvente de $75 millones. Poco tiempo después la empresa dijo que no estaba en condiciones de comprar concentrados para operar.

La empresa anunció su insolvencia económica en febrero y según se informa habría pedido un préstamo de $150 millones al Estado peruano para cumplir con su PAMA.

“¿Por qué la empresa Doe Run está pidiendo la colaboración del Estado peruano aduciendo que la crisis económica mundial le está afectando, si ellos han tenido una ganancia enorme desde el año 2006, 2007 y 2008? Si no están en condiciones de seguir trabajando que venga otra empresa más responsable que se preocupe por nuestra salud y el cumplimiento del PAMA”, dijo Rosa Amaro, presidenta del Movimiento por la Salud de La Oroya, Rosa Amaro.

La detención temporal de sus operaciones ha puesto en riesgo los puestos de aproximadamente 3,500 trabajadores. Tras la fuerte protesta de los trabajadores, el 15 de abril la empresa dejó sin efecto la decisión tomada días antes de suspender temporalmente por 30 días con goce de haber al 75% de sus trabajadores. 

Incumplimientos
Doe Run Perú, al adquirir el complejo metalúrgico de La Oroya en 1997, asumió el compromiso de implementar el PAMA en un plazo máximo de 10 años, periodo en el que se ejecutarían nueve proyectos, siendo el principal la construcción de las plantas de ácido sulfúrico que contribuiría a la disminución de emisiones.

Sin embargo, dichos compromisos no fueron cumplidos. Desde un inicio la empresa minera realizó cuatro modificatorias a su PAMA y una ampliación en el 2006. Esta última generó rechazo y críticas al Estado peruano por parte de la comunidad nacional e internacional porque iba en deterioro de la salud de las personas.

“Mi esposo estaba con 89 mcg/dl [microgramos por decilitro de sangre] de plomo; ahora le han dado un trabajo adecuado. Por la salida del personal ya le están metiendo en otra planta; mi esposo sufre de la rodilla y así con diclofenaco no más está trabajando enfermo o no enfermo. Mucha explotación hay. Yo tengo 90 ug/dl de plomo. Me han dicho ‘ándate, te daremos campamento en Marcavalle [localidad vecina a La Oroya], pero no hay campamento, así que compartirás con dos’, qué cosa voy a compartir le he dicho, no he aceptado”, dice un ama de casa del sector de La Oroya Antigua, ubicado frente al complejo metalúrgico, quien prefirió mantener en reserva su nombre por temor a represalias de la empresa. Según la Organización Mundial de Salud (OMS) el nivel máximo permisible de plomo en el organismo humano es de 10 mcg/dl.

“El plomo no es por la contaminación, es por la tierra, así argumentan los de Doe Run, por la falta de higiene, porque no te lavas las manos antes de comer”, dijo otra vecina cuya hija de cuatro años tiene 44 mcg/dl de plomo en la sangre. Cuando la niña tenía un año de edad se le detectó 63 mcg/dl de plomo entonces fue seleccionada para integrar un grupo de niños con altos niveles de plomo que fueron trasladados a Casaracra, poblado a media hora de La Oroya donde lo gases llegan en menor cantidad. Al estar fuera de la fuente de contaminación, el nivel de plomo en la niña bajó hasta 25 mcg/dl, por lo tanto, ya no tiene la atención en Casaracra, que es parte de las acciones que viene realizando el convenio entre el Ministerio de Salud y Doe Run Perú en relación a los niños con altos niveles de plomo.

Niños contaminados con plomo
Según diversas fuentes, La Oroya es una de las 10 ciaudades más contaminadas del mundo. Existen estudios de salud realizados en La Oroya desde el año 1999 por organizaciones no gubernamentales, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el Seguro Social (ESSALUD) y la Universidad Saint Louis de Missouri, EEUU, que evidencian los altos niveles de plomo en la sangre en más del 99% de los niños menores de seis años que superan los límites establecidos por la OMS. También se ha comprobado que los recién nacidos tienen niveles altos de plomo transmitido a través de la placenta de sus madres.

Los mencionados resultados no han sido tomados en cuenta por las autoridades de salud a nivel local, regional y nacional. En el 2002 un grupo de pobladores de La Oroya iniciaron una demanda ante el Tribunal Constitucional de Acción de Cumplimiento contra el Ministerio de Salud (MINSA) y en junio del 2006 este tribunal dictaminó una sentencia en la que demandaba al Ministerio de Salud, entre otros puntos, el diseño e implementación de una “estrategia de salud pública de emergencia” para la ciudad de La Oroya en el término de 30 días. Hasta la fecha no se pone en práctica.

De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar el 31 de agosto del 2007 a favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya, exigiendo al Estado peruano proteger a la población del impacto de la contaminación.

A pesar de todo lo anterior, el pasado 2 de abril un grupo de 15 productores mineros del centro del país otorgaron un salvataje a Doe Run al aprobar dos líneas de crédito a favor de la empresa por un total de $175 millones. Aunque no se comprometieron recursos del Estado, como inicialmente se preveía, el gobierno sí anunció una nueva ampliación del PAMA hasta octubre del 2010.

En un comunicado publicado el 7 de abril, organizaciones que trabajan en La Oroya demandaron al gobierno no sólo garantizar el cumplimiento del PAMA, sino que “se logre la disminución drástica de las emisiones a estándares internacionales para que no dañen la salud de la población oroína, así como realizar el saneamiento ambiental, y la atención médica de todos los afectados”.
—Noticias Aliadas.


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