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COLOMBIA
Mingas: protesta y reflexión
Susan Abad
04/12/2008
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Indígenas reclaman por creciente despojo de sus derechos.

Las mingas, o marchas, que en octubre y noviembre realizaron miles de indígenas en Colombia y que los llevó a recorrer unos 504 km desde el suroeste del país hasta Bogotá volvieron a poner de relieve “el ancestral irrespeto hacia los derechos de las etnias y el genocidio que no ha cesado y por el contrario se ha recrudecido durante el gobierno de [el presidente] Álvaro Uribe”.

Así afirma el senador Jesús Piñacué, congresista por el departamento del Cauca y miembro de la etnia paez.

“Desde que Uribe llegó al poder han sido asesinados 1,253 indígenas y tenemos 18 grupos en condición de desaparición, entre ellos los juhup, los yari, los yamaleros y los nukaks”, asegura Piñacué, tomando como base cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Las marchas indígenas también volvieron a resaltar el problema territorial que viven las etnias colombianas y que fue “maliciosamente tratado por Uribe”, dice Piñacué.

Territorio: derecho no reconocido
El 18 de octubre Uribe aseguró, en un Consejo Comunal de Gobierno —reuniones que el presidente realiza con las autoridades y comunidades— en Quetame, Cundinamarca, que la población indígena, que corresponde al 2.2% de una población de 44 millones de colombianos, tiene el 27% de la extensión del territorio colombiano.

“El gobierno señala que los indígenas poseen 31.6 millones de hectáreas y esto es cierto en términos formales y presenta esto como una concesión del Estado a estos pueblos, pero en realidad no es así, se trata de lo que, en estricto sentido, el Estado no les ha podido quitar en los procesos de colonización y expropiación forzada que se han dado sobre los pueblos indígenas”, manifiesta Juan Houghton, investigador del Centro de Cooperación Indígena.

Añade que “el 90% de esas tierras están en áreas de protección, es decir, son selvas amazónicas, selvas del Pacífico, sabanas de la Orinoquia y áreas semidesérticas de la Guajira, donde, como señala el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, no puede haber procesos de agricultura intensiva, sino que requieren dinámicas productivas supremamente elaboradas consistentes por ejemplo en dejar descansar el territorio por la calidad y acidez del suelo”.

Además, continúa explicando el investigador, “los territorios indígenas que se encuentran dentro de la frontera agrícola son mucho más pequeños y tienen una alta concentración de personas por hectárea”, y resalta “el caso de Córdoba, donde los resguardos de los zenúes —que según el Censo de Población del 2005 son 146,916 y tienen tituladas 14,314 Ha— conviven al lado de fincas de propiedad de una sola persona, como la del presidente Uribe que tiene 2,000 Ha”.

Por su parte, el senador Piñacué dice que “el problema de carácter territorial tiene que ver por un lado con la restitución de las tierras en términos de propiedades pero también con el reconocimiento del derecho a gobernar sobre el conjunto de territorios y el derecho que tiene el pueblo indígena de utilizar, usufructuar y decidir la manera de plantearse la relación con los recursos naturales”.

Añade que “el Estado no reconoce esta situación territorial y plantea que los indígenas son comunidades minoritarias que están interponiéndose con la explotación minera, petrolera o de otros tipos de recursos naturales”.

El artículo 329 de la Constitución Política de Colombia establece que los territorios indígenas son entidades territoriales, con autonomía administrativa, política, cultural y jurídica, pero requieren una reglamentación para replantear un ordenamiento territorial del país. Esto implica una distribución de las competencias de los entes territoriales en materia de legislación, recursos e impuestos.

Legislación del despojo
“Se llega entonces a lo que llamamos la Legislación del Despojo”, explica Houghton.

“Los territorios indígenas no pueden ser afectados en su integridad económica, cultural ni territorial y son imprescriptibles, inembargables e inajenables; entonces el Estado se ha inventado un conjunto de normas para evadir esta condición constitucional. Es así que el territorio indígena no se puede comprar ni vender, pero la biodiversidad es del Estado colombiano, lo que le permite transar en los mercados lo que a su juicio son sus recursos”, agrega.

Siendo la biodiversidad y el subsuelo del Estado, los territorios indígenas son regularmente irrespetados. Por ejemplo, la Ley Forestal, que será próximamente presentada al Congreso, plantea que el suelo es diferente de la plantación, que son bienes que sí se pueden comercializar aunque estén en el suelo y aunque no hayan sido cortados. Está también la Ley de Aguas que establece que las aguas pueden ser operadas por entidades privadas.

“Tenemos que el territorio indígena termina siendo la pura superficie, porque el subsuelo es del Estado, el vuelo forestal [que consiste en que todo lo que se encuentre por encima del suelo puede ser comercializado y se puede entregar como garantía para obtener préstamos ante entidades financieras] lo puede privatizar, el agua queda por fuera y las áreas de protección pueden ser entregadas a empresas privadas”, dice Houghton.

Los indígenas también son víctimas de la guerra interna que vive el país desde hace 40 años, “pero en mayor proporción” que los demás colombianos, asegura Feliciano Valencia, coordinador de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

“Nueve de los 11 sitios que el Estado ha definido como prioritarios en la Defensa y ha colocado los Centros de Coordinación de Acción Integral (CECAIS), están en territorios indígenas. En los CECAIS el poder civil queda subordinado al poder militar. El Estado interviene militarmente para realizar funciones de carácter civil y todo el poder civil, incluida la autoridad indígena, termina copado por la presencia militar”, afirma Valencia.

Una dimensión continental
Pero las mingas no sólo buscaban la reivindicación de los derechos ancestrales de los indígenas y detener el genocidio que sufren a nivel interno, “sino crear un debate profundo acerca del enfrentamiento entre el modelo de desarrollo occidental extractivo y depredador de la naturaleza, frente a un modelo de vida que no acabe con la naturaleza. No sólo para mejorar la vida indígena sino de la región”, afirma Houghton.

“Estas grandes manifestaciones indígenas que a veces se entienden sólo como marchas de protesta, son más que eso, son el estar juntos, un ejercicio deliberativo, de discusión, de poder democrático vivo. Cuando los indígenas plantean frente a los grandes proyectos extractivos, industria petrolera, formas de gobernar, la refundación de los Estados para hacerlos multinacionales, se trata de identidades que trascienden lo local y que están pensando en una dimensión más continental”, añade.

Valencia coincide con Houghton y dice que los indígenas colombianos, al oponerse al Tratado de Libre Comercio de EEUU con su país, están rechazando también “que se abran caminos en la región que permitan que transnacionales se instalen en nuestros territorios y arrinconen a nuestras comunidades para desarrollar megaproyectos”. 
—Noticias Aliadas.


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Indígenas reclaman sus territorios ancestrales y el derecho a gobernar sobre ellos. (Foto: J. C. González)
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