Camino al diálogo 18/09/2008 Gobierno y autonomistas se sientan a negociar.

Con la firma de un preacuerdo el 16 de setiembre entre el gobierno del presidente Evo Morales y sectores autonomistas representados por el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Cossío, para iniciar una negociación, se pondría fin, por lo menos temporalmente, a la crisis que ha dividido a Bolivia.

Tras el referendo revocatorio realizado el 10 de agosto, en el que Morales fue ratificado en el cargo con 68% de respaldo, al igual que los prefectos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija —que conforman la llamada media luna oriental—, se inició un diálogo con los opositores regionales que se centraría en tres aspectos: Un pacto constitucional autonómico, que permitiría legalizar los procesos de autogobierno, pero sin que ello signifique independencia ni separación, un pacto fiscal sobre la renta petrolera, y un pacto institucional para que el Congreso nombre a los magistrados del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, dos vocales del Consejo Nacional Electoral y el Fiscal General de la República.

Una de las principales demandas de los prefectos opositores era que se les restituya la administración del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que el gobierno les retiró a fines de noviembre del 2007 para pagar una pensión solidaria a personas mayores de 60 años.

Tal como se esperaba, el diálogo no fue fructífero y la oposición decidió “radicalizar” sus protestas convocando a un “paro cívico” para el 19 de agosto. Ese día se decretó el bloqueo de carreteras que unen el oriente del país con el occidente y se produjeron choques entre gobiernistas y opositores.

La convocatoria de Morales el 28 de agosto, por decreto, a un referendo nacional para el 7 de diciembre para aprobar la nueva Constitución, provocó un nuevo terremoto político. Los prefectos de Chuquisaca, Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija llamaron a una “resistencia civil” contra lo que consideraban un “acto dictatorial” por parte de Morales.

A partir de entonces se produjeron enfrentamientos entre policías y grupos opositores, quienes tomaron y destruyeron locales públicos en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, y bloquearon carreteras y pasos fronterizos con Argentina, Brasil y Paraguay.

La situación se complicó el 10 de setiembre, con la decisión de Morales de expulsar al embajador de EEUU Philip Goldberg “por alentar el separatismo y la división en Bolivia”, a lo cual se sumó un atentado contra un gaseoducto en el sur del país que provocó una disminución del envío de gas a Brasil.

Masacre en Pando
La sangre llegó al río en Pando cuando una movilización campesina de respaldo a Morales fue emboscada en Cobija, capital departamental, al parecer por órdenes del prefecto Leopoldo Fernández, con un saldo de unos 30 muertos, incluyendo varios niños.

En declaraciones recogidas por la agencia informativa Púlsar, Rodrigo Medina Alipaz, uno de los sobrevivientes, detalló que “a una señora con su hijito de cinco años la tomaron del cabello, y cuando ella pedía que no la maten le plantaron con un revólver en la cabeza. El niño lloraba y lo cogieron, y le plantaron un tiro y lo mataron”.

La situación obligó a que la mandataria chilena Michelle Bachelet, presidenta pro-témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), convocara para el 15 de setiembre a una reunión extraordinaria de ese organismo, al que asistieron nueve jefes de gobierno de los 12 países miembros.

La UNASUR respaldó la legitimidad de Morales y rechazó cualquier intento de golpe de Estado de los grupos opositores en la media luna oriental.

“Los países de la UNASUR advierten que sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil de ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de la República de Bolivia”, dice la declaración de 11 puntos.

Entre los acuerdos se incluye la creación de una comisión para colaborar en el diálogo entre el gobierno y la oposición, encabezado por el ex canciller chileno Juan Gabriel Valdés, y otra para investigar los asesinatos en Pando. —Noticias Aliadas.