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PERÚ
Minería, fuente de conflictos sociales
Cecilia Remón
21/08/2008
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Observatorio de Conflictos Mineros alerta sobre criminalización de protestas.

Aunque según la Defensoría del Pueblo el 81% de los 75 conflictos socioambientales que se produjeron en julio del 2008 en el Perú están relacionados con la actividad minera, el gobierno no los toma en cuenta.

Para José de Echave, responsable del Programa Minería y Comunidades de la organización no gubernamental CooperAcción, es preocupante que las autoridades no digan una sola palabra sobre la principal fuente de conflictos.

“El gobierno está reaccionando como ‘bombero’, es decir, tiene una actitud reactiva ante la aparición de los conflictos”, dijo De Echave en la presentación del Segundo Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en el Perú.

El informe, presentado el 13 de agosto y preparado por CooperAcción, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), señala que “los conflictos vinculados a la minería se siguen reproduciendo en varias regiones del país, en un contexto en el que las actividades mineras, sobre todo las de exploración, están en aumento”.

Peligrosa expansión minera
De Echave precisó que en cuanto a expansión minera, en junio se llegó “a niveles nunca alcanzados en los últimos 17, 18 años. Estamos en 16.3 millones de hectáreas [en concesiones mineras] a nivel nacional. En términos de porcentaje del territorio nacional, vemos también una subida bastante importante, de 5% del territorio nacional [en la década del 90] hemos llegado a casi 13%”.

El documento presenta la evolución de los conflictos vinculados a la actividad minera en los departamentos de Apurímac, Cajamarca, Cusco y Junín en la sierra, y Piura en la costa norte entre enero y junio del 2008, que han aumentado al igual que las explotaciones mineras. Por ejemplo, el 40% del territorio de Apurímac, en la sierra sur, se encuentra concesionado, y 37.6% de Cajamarca, en el norte.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en su Reporte sobre Conflictos Sociales correspondiente a julio, señala que de los 75 conflictos socioambientales existentes en el país, 61 corresponden a minería.

El sacerdote Marco Arana, director de GRUFIDES, con sede en Cajamarca, precisó que “tanto el reporte de la Defensoría, que es un informe general sobre el tema de conflictos ambientales y sociales, como el informe que presentamos, muestran que hay un incremento de los conflictos sociales como producto de la expansión minera. Hay una correlación entre expansión de procesos mineros y conflictos sociales”.

Actualmente lo que más preocupa al OCM es que “de los problemas ambientales (contaminación de las agua, el aire y la tierra) se ha pasado a los conflictos por tema de propiedad, debido a los decretos legislativos emitidos en el marco de implementación del Tratado de Libre Comercio con EEUU”. Este tratado deberá entrar en vigencia el 1 de enero del 2009.

Los decretos legislativos —leyes emitidas por el Poder Ejecutivo con autorización del Congreso— más controvertidos son el 1015 y el 1073, que reducen los niveles mínimos de votación para que las comunidades campesinas y nativas decidan sobre sus tierras, y el 1064, que elimina la figura del acuerdo previo con las empresas para la etapa de exploración, con lo cual las comunidades ya no podrán negociar sobre el valor que ellas puedan otorgarle a su propiedad, sino que deberán acatar el valor de la propiedad que el Estado les imponga como servidumbre minera.

Huelgas y persecuciones
El tema laboral y la criminalización de las protestas también son aspectos tomados en cuenta por el informe del OCM. En el 2006 se produjeron siete huelgas que involucraron a 2,596 trabajadores, lo que significó 78,720 horas-hombre perdidas; en el 2007 fueron 29 huelgas con 41,676 trabajadores y 2 millones de horas-hombre perdidas.

Arana indicó que la mayoría de conflictos se concentran en el norte del país. Citó los casos Majaz, Miski Mayo y Choropampa entre los más emblemáticos.

En el caso de la mina Majaz, a pesar de que la actividad minera fue rechazada en una consulta vecinal en los distritos de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Paicapampa, en Piura, realizada el 17 de setiembre del año pasado, la empresa china Río Blanco Copper ha continuado con sus intenciones de explotar esta mina de cobre a tajo abierto, considerada por la población como una amenaza para el desarrollo de la agricultura y la producción de agua.

La empresa Miski Mayo, subsidiaria de la brasileña Vale do Rio Doce —la principal productora de acero del mundo y una de las mayores productoras de manganeso y níquel a nivel mundial— y a cargo de una concesión minera en el sur de Cajamarca, “ha contratado a ex terroristas y ex delincuentes con antecedentes penales, y con un convenio con el Ejército y la Policía ha rearmado grupos de seguridad para intimidar y amenazar a los comuneros”, denunció Arana.

El OCM considera como un caso sin solución el de Choropampa. A ocho años de ocurrido un derrame de mercurio en esta localidad cajamarquina, el Ministerio de Salud encontró que “39% de las viviendas que fueron medidas presentan límites elevados de mercurio vaporizado, la forma más peligrosa de contaminación de ese metal”, dijo Arana.

“Para Yanacocha [responsable del derrame] este es un tema cerrado, porque ha sido básicamente un tema de pagar indemnizaciones y no está viéndose el tema de salud como un problema público y el Estado tampoco está respondiendo”, añadió. Yanacocha, propiedad de la estadunidense Newmont y la peruana Buenaventura, es la principal productora de oro de América Latina.

El informe resalta el caso Majaz como evidencia de la criminalización de quienes no están de acuerdo con las decisiones o apuestas del actual gobierno: “En la actualidad 35 personas vienen siendo procesadas por una denuncia por terrorismo, por impulsar la consulta vecinal de Majaz, entre ellos dirigentes, autoridades locales y representantes de organismos no gubernamentales. Esta situación constituye un retroceso en los logros alcanzados en materia de derechos humanos y de democracia en el país”.
—Noticias Aliadas.


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Los pobladores de Choropampa siguen enfrentando problemas de salud por el derrame de mercurio de la minera Yanacocha en el 2000. (Foto: Observatorio de Conflictos Mineros)
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