Esclavos del etanol Noticias Aliadas 07/08/2008 Industria de agrocombustibles contrata trabajadores en situación de esclavitud y degrada medio ambiente.

Como “degradantes” calificó el gubernamental Grupo Móvil de Fiscalización del Trabajo Esclavo las condiciones laborales de los trabajadores en plantaciones de caña de azúcar para etanol.

A fines de junio los fiscales denunciaron que “las peores condiciones de trabajo registradas en el 2008 en los cultivos de caña fueron constatadas en la zona de Piracicaba [municipio del estado de São Paulo], donde domina el grupo COSAN”.

La empresa —de capitales brasileños, en sociedad con varias empresas europeas y asiáticas— es una de las principales productoras de etanol de caña de azúcar del mundo. Posee 16 ingenios, dos refinerías de azúcar y dos terminales portuarias en Brasil.

Los fiscales encontraron que se utiliza transporte sin seguridad para trasladar a los trabajadores y que en la labor de corte “no hay sanitarios, mesas, sillas ni equipos adecuados”, a la vez que los capataces humillan y asedian a los trabajadores mal remunerados.

Igualmente, señalaron que la contratación de cortadores de caña se realiza a través de empresas intermediarias para “jornadas exhaustivas”.

“La remuneración de estos trabajadores es de entre 500 y 600 reales [US$ 312 y $375] mensuales, a los que se les descuenta el pago del alquiler y otros gastos”, dijeron.

COSAN no es la única. Recientemente han sido encontrados más de un centenar de trabajadores en situación de esclavitud en empresas productoras de etanol en los estados de Alagoas, en el centro oriente, y Mato Grosso, en el centro occidente.

A la contratación de trabajo esclavo se suma la destrucción del medio ambiente por parte de empresas productoras de etanol. El 1 de julio, las autoridades brasileñas anunciaron que se aplicarán duras sanciones a 24 empresas por operar sin licencia y destruir la Mata Atlántica, una de las selvas tropicales más amenazadas del mundo.

Esas empresas están obligadas a pagar multas por un total de 120 millones de reales ($75 millones) por delitos ambientales y a recuperar 85,000 Ha de bosque degradado por la plantación de caña de azúcar en zonas protegidas. Las leyes brasileñas obligan a preservar 20% del bosque nativo. —Noticias Aliadas.