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ARGENTINA
Frente Nacional Campesino
24/07/2008
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Pequeños agricultores se unen para luchar por seguridad alimentaria.

Comunidades aborígenes, pequeñas cooperativas agropecuarias y organizaciones de familias campesinas de toda la Argentina se unieron para conformar un frente de lucha que se propone incorporar al debate político nacional temas de especial relevancia —como el de la reforma agraria y la defensa de la soberanía alimentaria— que hoy, sin embargo, no figuran en la agenda de trabajo del gobierno, el Congreso y los partidos.

Los integrantes de las organizaciones sociales que el 17 de abril dieron origen al Frente Nacional Campesino (FNC) tienen dos grandes puntos de contacto: no tienen tierras propias registradas con toda la documentación legal o se encuentran en zonas donde las multinacionales ligadas al cultivo de la soja buscan extender la frontera agrícola, devastando el bosque nativo y presionando a los pequeños propietarios para que vendan sus tierras.

“La situación a la que nos ha llevado el nuevo modelo agrícola de monocultivo de la soja sólo se revertirá a través de un profundo proceso de regularización del régimen de tenencia de la tierra que apunte a una reforma agraria integral, para lo que se necesita un Estado que desarrolle políticas públicas inclusivas y regule los mercados, enfrentando la voracidad del capital”, dice el documento constitutivo del FNC.

Para el FNC, la soberanía alimentaria será un eje de sus acciones “porque nosotros fuimos, somos y seremos productores de alimentos, porque somos conscientes de que la soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos y porque como ciudadanos sabemos que la soberanía alimentaria cuestiona el modelo concentrador de la tierra y de la renta que nos ha llevado a padecer pobreza, inequidad y exclusión”, dijo el campesino Edgardo Crossa.

Paquete de propuestas
Junto a su demanda central por una tenencia segura de la tierra, el FNC tiene un paquete de propuestas que apuntan a la creación de un banco de semillas, la defensa de los recursos naturales —agua, suelo y bosques—, la diversificación de la producción y el desarrollo de canales de comercialización alternativos que permitan sortear el accionar de la cadena de intermediación, causante del encarecimiento abusivo de los alimentos.

Si bien las pequeñas comunidades aborígenes y campesinas nunca fueron favorecidas por las políticas públicas, su supervivencia se volvió crítica a partir de mediados de la última década del siglo XX, cuando se autorizó el cultivo de las semillas de soja genéticamente modificadas, producción no destinada al consumo humano sino a la alimentación animal en algunos países europeos, China e India, principales compradores de la oleaginosa argentina.

Empresas multinacionales y consorcios de plantadores de soja rompieron con la tradición de la Argentina como productor de alimentos y avanzaron con este nuevo modelo de agricultura sin agricultores —con sólo cuatro personas se maneja una plantación de 1,000 Ha—, hasta dejar al país como segundo productor mundial de soja transgénica, detrás de EEUU. De 6 millones de hectáreas plantadas en 1997 se pasó a 16.6 millones de hectáreas en el 2007.

En los últimos cuatro años, dijo el FNC, el avance de las plantaciones de soja destruyó 1.1 millones de hectáreas de bosques nativos, un pavoroso promedio de 760 Ha arrasadas cada día.

De acuerdo con el último censo oficial del 2001, en la Argentina vivían poco menos de 280,000 familias pertenecientes a 22 pueblos indígenas y 220,000 familias campesinas. En total, unos 2.5 millones de personas que, entonces, se mantenían con lo producido por sus tierras. Se estima que desde el 2001 unas 250,000 de esas familias fueron desalojadas de sus tierras y debieron emigrar hacia los barrios marginados de las grandes ciudades.

La irrupción del FNC en el escenario político se da en momentos en que los dueños de la tierra se enfrentan al gobierno —provocando la pérdida de alimentos y el desabastecimiento de los centros urbanos— en protesta por una política de retenciones tributarias a la exportación de soja que los productores consideran confiscatoria y que el gobierno dice que destinará a la construcción de hospitales y caminos.

“En este momento en el que los dueños de la tierra se han plantado como peligrosamente desestabilizadores, el gobierno y los medios de prensa no se dan por enterados de que los campesinos no sólo somos una realidad en algún lugar de América Latina sino que también estamos en este territorio, que alguna vez fue habitado por los pueblos originarios y hoy por sus descendientes y por campesinos que cuidamos la tierra y la semilla para protegernos”, dijo Crossa.

Extranjerización
Según el FNC, lo primero a discutir es el régimen de tenencia de la tierra, porque eso permitirá radiografiar la situación del país, “ya que hay un proceso de extranjerización que no sólo se relaciona con el dominio de la producción sojera sino con la intención, tal como lo han denunciado algunas entidades ambientalistas, de apropiarse de un recurso natural escaso en el mundo pero abundante en la Argentina: el agua de nuestros acuíferos”.

“Tendríamos muchos motivos para quejarnos y nada más, como tantas veces lo hicieron los antepasados, pero hoy hemos optado por discutir políticas y denunciar a los victimarios —las multinacionales Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont y otras—, productores de herbicidas y agroquímicos como el glifosato y el paraquat, causantes de malformaciones fetales, abortos espontáneos y cáncer”, dijo Luis Santucho, uno de los impulsores del FNC.

“Aunque tomamos el ejemplo del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil y los zapatistas de México, sabemos que en la Argentina no existen condiciones para impulsar acciones como las que se desarrollan en esos dos países, pero no por ello nos quedaremos sólo en la exposición de la problemática. Esta vez los campesinos también estamos dispuestos a ser protagonistas de los nuevos tiempos que se vienen en la Argentina”, señaló Santucho.


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Revisar el régimen de tenencia de la tierra es demanda central de campesinos. (Foto: www.argentina.indymedia.org)
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